Las rebajas de penas a violadores y pederastas ascienden hasta las 721 y a 74 las excarcelaciones

El contador de las rebajas de las penas y excarcelaciones a violadores y pederastas no ha dejado de subir desde la entrada en vigor, hace ya cinco meses, de la polémica ley del 'solo sí es sí', impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sin que, por el momento, los datos oficiales sean definitivos ya que la huelga de los Letrados de Justicia está impidiendo conocer el número real de sentencias en proceso de revisión, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha actualizado hasta los 721 los agresores sexuales que se han visto beneficiados por la aplicación retroactiva de la norma más favorable que rige nuestra política criminal.

El recuento del CGPJ, realizado a través de la información recopilada de los distintos tribunales, este miércoles 1 de marzo, arroja un saldo demoledor en el que, lejos de alcanzarse un techo para las revisiones, la cifra previsiblemente seguirá en aumento hasta que se materialice la reforma legal promovida por el PSOE para paliar, a futuro, los «efectos no deseados» de una de las leyes 'estrella' de sus socios de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición. Sin embargo, los expertos insisten en que las cifras continuarán engordando el despropósito, incluso, cuando la esta modificación esté operativa porque todos los delitos cometidos durante el tiempo en el que la primera ley estuvo vigente serán juzgados en base a la misma aunque en el momento de la vista ya hubiese sido cancelada.

El órgano de gobierno de los jueces ha vuelto a precisar que el Supremo efectuó un total de 10 rebajas de condenas sin que ninguna de ellas haya supuesto excarcelación, mientras que los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) han reducido penas en 37 casos dando lugar a una salida de prisión. En las audiencias provinciales se concentra el grueso, con 674 rebajas y 73 excarcelaciones. En el caso del Alto Tribunal, además, desde el máximo órgano de gobierno de los jueces han alertado sobre el hecho de que siete de las revisiones han favorecido a pederastas, con el consabido daño adicional que supone que los delincuentes, en este caso, lo hayan sido con los más vulnerables.

El reporte del Consejo también ha especificado, en este último aspecto, que los datos incluyen, además de rebajas y excarcelaciones, «las absoluciones comunicadas» como consecuencia «de la destipificación del delito de abuso sexual cometido mediante engaño con menores de entre 16 y 18, castigado en el artículo 182.2 del Código Penal anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022».

No obstante, advierte de que «no todos los órganos judiciales han aportado esta información». Aclara que «no se dispone del dato global de asuntos ya revisados, en trámite o pendientes de revisar por los órganos judiciales», indicando que «algunos de estos han manifestado la dificultad que la huelga que mantienen los Letrados de la Administración de Justicia supone» en ese sentido.

No hay datos de las revisiones de los juzgados de lo penal

En la misma línea, subraya que «los datos ofrecidos tampoco incluyen las revisiones de pena que puedan haber tramitado los juzgados de lo penal, competentes para enjuiciar delitos contra la libertad sexual penados con hasta cinco años de prisión, ante la dificultad de recabar esta información de los órganos unipersonales».

En cualquier caso, el CGPJ ha informado de que su Comisión Permanente ha acordado en su cónclave de este jueves que «esta información será actualizada periódicamente y hecha pública».

224 recursos pendientes

No obstante, destaca que «los órganos judiciales de Madrid sí han comunicado que hasta la fecha de remisión de datos –16 de febrero– habían tramitado el 84 % de las resoluciones susceptibles de revisión de las que tenían constancia, mientras que el TS ha informado de que existen 224 recursos de casación pendientes en los

que se ha dado traslado a las partes para que efectúen alegaciones (...) en el asunto concreto, habiéndose resuelto 26 hasta la fecha de entrega de datos».

Además, advierte de que «contra las resoluciones dictadas por las audiencias provinciales en el trámite de revisión caben los mismos recursos que contra las sentencias de instancia».

«Así, en aquellos supuestos en los que el Tribunal Superior de Justicia ha revocado, por vía de recurso, alguna sentencia de la audiencia provincial que hubiera acordado una reducción de pena, dicha reducción se ha descontado del cómputo global que ofrecen los datos», explica.

Y añade que, «del mismo modo, los datos correspondientes a los TSJ pueden reflejar resoluciones que hayan estimado el recurso presentado contra una resolución de la audiencia provincial en la que se hubiera denegado la reducción de pena».