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La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán Huertas, asiste al primer Pleno jurisdiccional de la institución

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán Huertas, asiste al primer Pleno jurisdiccional de la instituciónEFE

Tribunales

El Constitucional prepara una sentencia amplia del aborto para salvar por adelantado la nueva reforma de Montero

La Corte de Garantías ha retrasado hasta el único Pleno de abril el debate y votación del texto, en manos de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán

La sentencia del aborto que prepara el Constitucional para declarar conforme el sistema de plazos aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha quedado, definitivamente, desvinculada del 8-M. Si bien en un principio se barajó la posibilidad de que la presentación de la ponencia en manos de la vicepresidenta de la Corte, Inmaculada Montalbán, se aproximase al día de la mujer, el profundo malestar de un sector del Pleno con la idea de un «uso» político del tema forzaba un cambio de fecha.

Será en la única convocatoria de abril donde quede aprobado el fallo que lejos de declarar la pérdida del objeto de algunas cuestiones –como la información suficiente a la mujer o la posibilidad de que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno, tras la reciente entrada en vigor de la modificación de Irene Montero que afecta a estos aspectos– parece que podría inclinarse por un pronunciamiento amplio para salvar, por adelantado, la nueva norma que, previsiblemente, será recurrida de nuevo ante la Corte con mayoría de izquierdas.

Así las cosas, el trabajo de la magistrada Montalbán, la número dos de Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal, no sólo pasaría por superar el enfoque inicial del anterior ponente, Enrique Arnaldo, quien aunque avalaba el sistema de plazos sí veía tachas de inconstitucionalidad en la regulación de la objeción de conciencia y en el derecho de la mujer a recibir información ampliada antes de tomar la decisión. Además, y según apuntan a El Debate algunas fuentes próximas a la causa, el texto en marcha podría dar respuesta a las materias más controvertidas, ya superadas por la última modificación del Gobierno, sentando una base ante futuros y eventuales recursos de inconstitucionalidad contra la regulación actual.

Y es que, tras rechazar el pasado mes de febrero el recurso planteado por el Partido Popular contra la ley del aborto de Zapatero –vigente durante más de 13 años– el Constitucional, por siete votos frente a los cuatro conservadores, no sólo avaló la normativa socialista en su totalidad, sino que despejó el camino al nuevo proyecto ya vigente, impulsado por el Ministerio de Igualdad.

La aprobación definitiva de la sentencia que resolverá el recurso del PP sobre el sistema de plazos implantado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en unas pocas semanas, no implicará, en todo caso, la publicación del contenido íntegro de la misma. Y es que, en el mismo Pleno de abril en el que quede salvada la norma socialista y, preventivamente, los aspectos más polémicos de la reforma de Podemos que la actualiza, también se anunciarán los votos particulares de los cuatro magistrados conservadores que votarán en contra. Un escenario en el que será necesario esperar algunos días más, después de Semana Santa, hasta que se dé a conocer, formal, conjunta y oficialmente, tanto el contenido de la resolución de Montalbán como los argumentos jurídicos opuestos a la resolución contenidos en los votos particulares discrepantes.

En cualquier caso, antes de que se produzca cualquier movimiento en uno u otro sentido con esta polémica decisión que ha dividido al Constitucional, el Pleno tendrá que resolver el recurso de súplica interpuesto por varios de los diputados populares que, en su día, presentaron la tacha de inconstitucionalidad contra la «ley Aído» del aborto para que el Tribunal anule su propia decisión, admita la abstención planteada por la magistrada Concepción Espejel y recuse a los otros tres magistrados, el propio presidente Conde-Pumpido entre ellos, alejados de la imparcialidad exigible a los jueces por su previa participación, de uno u otro modo, en la tramitación de la norma.

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