La verdad del 8-M de la pandemia: mentiras, leyes chapuceras y contagios masivos

La ley del 'solo sí es sí' auxilia hoy a delincuentes sexuales, por un insólito error en su redacción advertido por el Consejo General del Poder Judicial, varios órganos consultivos y una parte de la oposición, pero, pese a ello, ignorado por el Gobierno, ahora sumido en una polémica devastadora que le hará llegar partido en dos al 8M.

Pero la norma generó otro estrago formidable en las vísperas de la pandemia, allá por 2020, según demuestra hoy El Debate con una sorprendente revelación: la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica fue una monumental fake, sin ningún valor legal cuando fue presentada como un hito y alentó las celebraciones masivas del 8-M, sin la adopción de medidas sanitarias que hubieran evitado, probablemente, una de las mortandades más elevadas del mundo en la primera oleada. Y carecía de «impacto significativo», según los documentos oficiales en propiedad de este periódico elaborados por el propio Ministerio.

El Gobierno presentó una ley que no era tal para mantener el 8M con el virus ya en funcionamiento, a sabiendas de que la norma tenía poco «impacto»

De tales urgencias de Irene Montero para ponerse la medalla con una ley que hoy beneficia a violadores y pederastas, el Gobierno de Sánchez, con el presidente a la cabeza, fue no solo conocedor, sino cooperador necesario.

El Debate publica hoy el documento que así lo prueba: el Gobierno mantuvo aquel 8-M y todos los eventos de masas en España, a pesar de disponer de incontables avisos de la emergencia sanitaria ya en marcha, para «celebrar» una ley que era entonces papel mojado. Esta es la historia.

La manifestación, a toda costa

El 31 de enero de 2020, la OMS emitió una alerta internacional por coronavirus. Fue uno de los cuarenta avisos de todo tipo que el Gobierno de España, como el resto de los países, recibió con el tétrico ejemplo de China como espejo al que mirarse. Pero no hizo nada.

Tampoco con la última sugerencia recibida, el 3 de marzo, de la propia Unión Europea, desaconsejando de manera tajante cualquier evento de masas que pudiera generar un contagio masivo.

También se ignoró. Pero la gran pregunta es por qué. El propio Gobierno «confesó» a su manera, tiempo después, que el virus que ha provocado en España una de las mayores mortandades del mundo ya pululaba por aquí desde febrero.

Lo desveló casi sin querer el célebre Fernando Simón, el 23 de abril de aquel año, con unas palabras que contradecían lo que él mismo sostuvo en público antes del 8-M: «Hacia mediados de febrero han detectado una divergencia de algunos de los virus que entraron en España respecto a los virus originales».

Lo dijo de forma textual el mismo portavoz del Gobierno que semana antes sostuvo lo contrario: «En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente».

El Gobierno alimentó o consintió que cientos de miles de personas, quizá millones, corrieran hacia la ola vírica que nos venía encima: mientras Grecia o Portugal tomaban nota, España permitió partidos de fútbol en grandes estadios, carreras populares, conciertos e incluso vuelos al norte de Italia, la zona cero del COVID-19, hasta el 10 de marzo: se calcula que hasta dos millones de viajeros fueron y vinieron a la zona de Milán en aquellos días fatídicos.

¿Cuál fue una de las razones de ese empecinamiento? ¿Por qué, pese a todas las señales emitidas, el Gobierno decidió retrasar la adopción de medidas, facilitando con ello la transmisión de un virus que en su primera oleada provocó más muertos en España que en la práctica totalidad del mundo?

Montero presumió de ley y quiso celebrarla el 8-M escondiendo que ni siquiera era un anteproyecto formal y contó con Calvo luego para que lo «afinara»

La gran pregunta tiene una respuesta que el Gobierno no ha sido capaz de rebatir y es sorprendente: la misma ley del «solo sí es sí», que ahora ha generado una inmensa tormenta por ayudar a cientos de agresores sexuales a reducir sus condenas o incluso a salir de la cárcel.

La reconstrucción de los hechos elaborada por El Debate, con informes oficiales siempre, permite alcanzar esa conclusión: el empeño de Irene Montero en presentar la ley en marzo y su obsesión por presumir de ella el 8-M, con una gran manifestación en Madrid, permitió a Pedro Sánchez posponer medidas restrictivas, fue decisiva para ampliar el impacto del virus y le llevó a decretar el confinamiento en toda España con un Estado de Alarma impuesto el 14 de marzo, apenas seis días después de las manifestaciones.

Montero no quería suspender, bajo ningún concepto, el primer 8-M con Podemos en el Gobierno y la Primera Dama de la formación al frente del Ministerio de Igualdad. Y si no se podía anular ese evento, ¿cómo prohibir el resto? Así que se permitieron todos, desde mítines a pruebas deportivas con estadios llenos, pese a tener información sobrada de lo que podía pasar. Y de hecho pasó.

Del empecinamiento en salir a las calles a toda costa da cuenta un hecho que ha podido confirmar El Debate tras una laboriosa investigación y reconstrucción documental de las horas decisivas que pudieron contener el coronavirus o, por el contrario, hacerlo detonar como una bomba vírica expansiva que concluyó con la tasa de mortalidad más desproporcionada del mundo en el primer tramo de la pandemia.

En España, que duplica en gasto sanitario per cápita a Grecia, murieron en la primera oleada de Covid 584 personas por millón de habitantes, a 15 de mayo de 2020: cuarenta veces más que en el país de Platón, pero también nueve veces más que en Alemania, seis que en Portugal, casi cuatro que en Estados Unidos o cien veces más que en Corea del Sur.

Lo de este país es significativo: con una población similar a la de España y un presupuesto sanitario 5.000 millones inferior; el antagonismo en la respuesta retrata como pocas cosas al Gobierno: allí murió un coreano por cada cien españoles en aquellas fechas y el país no paró su actividad económica ni laboral.

Pero el Gobierno no quiso suspender nada. Y una certera explicación está en la Ley de Libertad Sexual que presentó la propia Montero mientras el virus ya avisaba y Moncloa se tiraba a la papelera un aviso del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, adscrito a la Unión Europea y radicado en Estocolmo con una plantilla de 290 personas.

En esa nota se instaba a mantener ya la famosa «distancia social» y, según explicó El País en su edición del 13 de marzo, a «evitar actos multitudinarios innecesarios».

Pero Montero, como Carmen Calvo y el propio Sánchez, encontraban en el 8-M una ocasión para lucir feminismo y esa ley era la plataforma ideal, presentada a bombo y platillo por la ministra como un antes y después revolucionario.

«Hemos llegado hasta aquí, hemos conseguido presentar este histórico proyecto de ley que es pionero. Con esta ley España va a ser un país más seguro», decía eufórica Montero solo una semana antes de dar positivo ella misma, al presentar en realidad lo que tan solo era el inicio del anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros tras una discusión entre Podemos y el PSOE que concluyó con ese acuerdo.

El 8-M de 2020 se mantuvo para festejar una supuesta ley aprobada por todo el Consejo de Ministros que no era más que un trámite inicial sin respeto a los procedimientos

Pero la ley ahora en vigor era entonces papel mojado, según la documentación acumulada por El Debate: se trataba de una campaña de marketing, sin efectos prácticos, que motivó con seguridad que se antepusiera la gran fiesta del 8-M y se permitieran decenas de actos masivos contrarios a los consejos internacionales.

Lo que aprobó el Consejo de Ministros no fue otra cosa que un mero inicio de la tramitación del Anteproyecto de ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, de ahí que no hubiera publicado ni uno solo de los trámites previos que la ley exige para la aprobación de una nueva ley, donde deben emitirse toda una serie de informes preceptivos para asegurar, entre otras cuestiones, la participación de colectivos que deben ser escuchados con anterioridad.

El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, magistrado de profesión, fue tildado incluso de «machista» por parte del vicepresidente Pablo Iglesias y del portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ya que desde su departamento se propusieron algunas enmiendas a una norma que ya salía del Ministerio de Igualdad plagada de incorrecciones legales e incluso faltas ortográficas, dando lugar a una norma que para algunos ministros socialistas no era más que una chapuza, hoy confirmada dolorosamente.

Aun así, desde ambos sectores del Ejecutivo intentaron cerrar filas, asegurando que todos remaban en la misma dirección, la del feminismo, la de la pancarta morada tras la que refugiarse para aguantar un chaparrón que había mostrado la fragilidad de un Gobierno en el que las peleas por arrogarse la bandera de la defensa de los derechos de las mujeres habían supuesto un cataclismo de dimensiones incalculables.

Sin embargo, al margen de las luchas intestinas en el seno del Ejecutivo, lo cierto es que las prisas por hacer público el anuncio de una norma exigida por los grupos feministas y por las que todos querían colgarse su correspondiente medalla, escondían tras de sí la auténtica realidad: que solo se llevaba al Consejo de Ministros para su aprobación el inicio de la tramitación de un anteproyecto que debía pasar aún por muchas manos y contar con los informes jurídicos pertinentes que después se ignoraron y de los que hasta ahora carece.

La ministra Montero recurrió a una mera treta publicitaria previa a la manifestación del 8-M, que por otra parte y dadas las circunstancias jamás debió celebrarse, con el fin de vender en la rueda de prensa del Consejo de Ministros una ley que ni siquiera estaba en su fase más embrionaria.

Podía haber esperado, el Gobierno podía haber atendido a la OMS, pero el 8-M estaba a la vuelta de la esquina y ni la ley fake podía esperar ni la manifestación desconvocarse.

El borrador no siguió los trámites oportunos ni contó, en esas fechas, con una serie de documentos e informes que obligatoriamente deben ser realizados, lo que provocó los recelos de los juristas que forman parte del Ejecutivo, conscientes de su prematura presentación.

Las trampas de Montero

Así, y según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el «anteproyecto» careció de las consultas y estudios previos entre los diferentes departamentos para garantizar el acierto y la legalidad del texto, de ahí que surgieran tantas dudas sobre la legalidad de las propuestas, la invasión de competencias autonómicas, conflictos con otras normativas y un sinfín de problemas que fueron detectados y que generaron tantísimo revuelo mediático como una grave crisis en el Gobierno de coalición, que hoy rebrota por la reforma de esa misma norma.

De hecho, el Ministerio que dirige Irene Montero, ante las preguntas presentadas por este periódico, en lugar de reconocer que el texto no es más que un borrador de un anteproyecto, intentó esconder este hecho, alegando que algunos informes y consultas «no son preceptivos».

Sin embargo, y según las fuentes jurídicas consultadas, dichos informes sí eran preceptivos, ya que la ley estipula que la redacción de una norma «estará precedida» de «cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad», por lo que al menos sí que debe contar con uno de ellos.

Junto a ello, el Ministerio de Igualdad, en un documento fechado el 11 de marzo de 2020 aseguró no disponer de «ningún informe de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios», un trámite que, en el caso de que se hubiera tramitado el anteproyecto como se anunció a bombo y platillo, es un paso previo necesario a su paso por el Consejo de Ministros.

Sin embargo, posteriormente y solo tras la intermediación del Consejo de Transparencia, que obligó a Igualdad a facilitar toda la documentación relativa a la tramitación de la norma, el gabinete ministerial remitió una diligencia rubricada por la propia Carmen Calvo en su calidad de Ministra Secretaria en la que hacía constar, a 3 de marzo de 2020, «que el Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Igualdad, de Justicia, de Interior, de Política Territorial y Función Pública y de Derechos Sociales y Agenda 2030, (...) ha tomado conocimiento del Anteproyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual».

Un documento que evidencia que todo el Consejo de Ministros en pleno era consciente del texto legal propuesto por Montero y que ahora está teniendo unas consecuencias devastadoras, al reducirse las condenas de los agresores.

Y demuestra algo más: Carmen Calvo, cabeza visible luego de la oposición a Montero en este asunto y otros como la «Ley Trans», en realidad ayudó a la ministra de Podemos a dar apariencia formal al «papel mojado» del «sí es sí», validando el procedimiento seguido por ella.

Aun así, y para tapar sus argucias políticas como legisladora, desde Igualdad, en un primer momento, se argumentó que dicho informe de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios no era un trámite que se contemple en la ley, para después rectificar y asegurar que «este trámite consiste básicamente en la toma de conocimiento del texto del anteproyecto y de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo por parte del Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes».

Por su parte, Montero también aseguró que su proyecto carecía de una Memoria de Análisis de Impacto normativo, que según Igualdad, sería «publicada en el Portal de Transparencia una vez finalizada», pero que realmente se facilitó posteriormente y de nuevo a instancias del CTBG, aunque aclarando que se trataba de «un documento provisional que seguirá completándose a medida que se perfeccionen los trámites aún pendientes en este procedimiento normativo».

Cambio de versiones

Y es que, además, el propio Ministerio se negaron en esa época a facilitar el informe elaborado por la Secretaría General Técnica de Igualdad, que también debería estar redactado alegando que es un documento auxiliar que no tiene razón para ser público, aunque las fuentes jurídicas consultadas aseguran que muy al contrario es un documento preceptivo que no tiene carácter auxiliar.

Sin embargo, Igualdad cambió de nuevo posteriormente su versión a la hora de justificar sus reticencias a remitir dicho informe, alegando, esta vez, que se tendría que elaborarse «en un momento posterior de la tramitación; de hecho, es el último documento en elaborarse antes de remitir el proyecto normativo al Consejo de Estado, pues en él ha de reflejarse toda la tramitación que ha seguido la norma y los cambios que, en su caso, se hayan ido introduciendo en el texto durante dicho procedimiento».

Por último, y uno de los aspectos más criticados de la tramitación de la norma, que hasta incluso ha sido puesto de relieve por los propios colectivos feministas, es la falta de un trámite de consulta pública previo necesario para su aprobación.

De hecho, Igualdad se escuda para ello en que «el artículo 26.2 párrafo tercero de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, prevé que podrá prescindirse del trámite de consulta pública cuando, entre otras razones, la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia», rebajando de esta manera la importancia de una norma que siempre ha parecido vital para Montero.

Sin consulta pública

Debe recordarse que esta tramitación legislativa tuvo lugar finalmente mediante Ley Orgánica, la categoría legal reforzada que la Constitución reserva para aquellas normas que afectan de manera especial a los derechos fundamentales de las personas, algo que ocurre de manera muy concreta al regular el polémico delito de la agresión y abuso sexual.

Sin embargo, lo cierto es que en la misma norma pero en el artículo 26.6 se asegura que «cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades».

De hecho, fue algo que no se produjo hasta semanas después de que se llevara este borrador al Consejo de Ministros, en lugar de hacerlo de forma previa. En concreto, según detallaban en la propia Memoria, el trámite de audiencia e información pública se sustanció a través del portal web del departamento, según lo dispuesto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, durante los días 9 a 13 de marzo de 2020 y del 1 al 15 de junio de 2020.

Y es que las prisas han sido las peores consejeras de Montero. Quería tener lista a toda costa una norma con un marcado carácter propagandístico de cara a la manifestación del 8M, con la que presumir frente a los colectivos feministas, a los que tampoco contentó, ofreciendo a cambio una chapuza que sus compañeros del PSOE rubricaron igualmente y que ahora intentan enmendar conscientes del desastre.

Sin embargo Podemos, desde aquel entonces, optó por ponerse del lado de la ministra y generar una crisis de gobierno, que ahora se ha acrecentado aún más, sin aceptar las críticas posibles y sin tener en cuenta que en la tramitación de la norma no se habían seguido ni los plazos, ni los protocolos marcados de forma muy clara en la legislación vigente.

Todo ello por ganar una batalla mediática que colocase a Podemos en el primer puesto en la defensa de los postulados feministas. Que además les incitara a salir a la calle el 8M con la medalla del «solo sí es si» colgada en la solapa, mientras la sombra de la pandemia ya estaba Madrid y la misma Montero o Calvo resultaban infectadas por un virus que hizo perder la vida a 22.000 personas en su primer tramo, 20 veces más de la media mundial.

Y todo por una ley que, en palabras de Montero y de su equipo en un documento oficial en propiedad de El Debate, no es tan importante porque esta Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, «no tiene un impacto significativo en la actividad económica, no impone obligaciones a los destinatarios (sino que concede derechos) y regula un aspecto parcial –la libertad sexual– de una materia más amplia como es la igualdad de género».

Una ley que entonces no era tal pero alentó una manifestación irresponsable y hoy, ya en vigor, auxilia a delincuentes sexuales en un número que se acerca peligrosamente ya al millar.