La infamia no cabe en nuestra democracia

La conducta de la señora Angela Rodríguez, secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad, es infame. Es de una vileza tal que a cualquier persona de bien le provoca malestar. Ha amparado y hecho suyo un grito odioso y cruel. Tiene mucho de macabro desear la muerte de una persona con el retruécano del aborto de su madre. Todo en esa frase rezuma perversión.

Cualquier Secretaria de Estado, en un sentido amplio, forma parte del Gobierno. La ley establece que los Secretarios de Estado pueden asistir a los Consejos de Ministros, cuando sean convocados. Tienen un rango político superior a los altos cargos de la Administración del Estado. Podemos decir, cabalmente, que los gobiernos se componen del Presidente, de los Ministros y de los Secretarios de Estado.

Es ésta la razón de la suma gravedad que la conducta de la señora Angela Rodríguez tiene para nuestra democracia. Los españoles, cuando acordamos nuestro gran «pacto constitucional», quisimos que la vida pública transcurriese por los cauces del respeto mutuo, en el marco del «espíritu de concordia» con el que queríamos basar nuestra convivencia. Nos dimos reglas no escritas para que este principio se observase en las instituciones del Estado. Entre esas reglas está la contención, el destierro de las ofensas odiosas, que quiebran la convivencia. Cuando quienes ejercen sus funciones en las instituciones del Estado, al tomar posesión de sus cargos, juran o prometen la Constitución, están asumiendo su compromiso de abstenerse de conductas infames y viles.

La señora Angela Rodríguez debe ser expulsada de nuestra vida pública. Ha transgredido las normas básicas que los españoles nos dimos. No podemos pagarle su sueldo y permitirle, como miembro del Gobierno, que utilice los aparatos del Estado. Sería consentir que estas conductas imperaran como pilares de nuestra vida social. Ese consentimiento es incompatible con nuestra democracia. Por salud pública, la Secretaria de Estado tiene que irse a su casa y, si los tribunales consideraran que ha vulnerado nuestras normas penales, someterse al veredicto de los órganos a los que hemos dado el poder de impartir justicia.

Pero esta grave responsabilidad alcanza al Presidente del Gobierno Sánchez, si no cesa inmediatamente a su Secretaria de Estado, que ya ha manifestado su voluntad de no dimitir. Si la mantiene en el cargo, se convierte en cómplice directo de la conducta infame de la sra. Rodríguez. Se hace corresponsable solidario. O la reprueba o la ampara. Tertium non datur. Y en estos casos no hay atenuantes; no hay posibilidad de alegar «razones de oportunidad» y menos «razones de Estado». En estos casos sólo rigen los principios morales de la política.

La señora Secretaria de Estado se ha convertido en un elemento tóxico para nuestra democracia. Si permanece en el Gobierno, contamina a todos sus miembros. El señor Presidente del Gobierno debe meditar y pensar en las consecuencias de su inacción. Nuestra democracia nunca se lo podría perdonar.

• Eugenio Nasarre es exdiputado a Cortes Generales