La Fiscalía Europea archiva el 'caso mascarillas' del hermano de Ayuso

El escándalo saltó entre las filas del propio Partido Popular cuando hace ya casi un año el entonces presidente de la formación, Pablo Casado, y su secretario general, Teodoro García-Egea, acusaron públicamente, y sin más pruebas que un papel anónimo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de favorecer a su hermano pequeño, Tomás, en una operación pública de compraventa de mascarillas FFP2-3 por valor de 1.512.500 euros. La oposición socialista no tardó en hacerse cargo de lo que entendieron era una oportunidad para acabar con el liderazgo indiscutible de la madrileña y pusieron en marcha toda una maquinaria judicial y mediática para desacreditarla.

Ahora, la Fiscalía Europea contra el Fraude ha notificado el archivo del caso por una clara falta de indicios sólidos sobre los que sostener la presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de los 250.000 tapabocas bajo sospecha. Con ello, se cierra el último fleco abierto en el mismo sentido de la Fiscalía Anticorrupción que decretó el archivo de las pesquisas iniciadas por el mismo motivo pero asociadas, supuestamente, a un trato de favor de la presidenta Ayuso que nunca se produjo. Una decisión que, sin embargo, acabó con la carrera de sus dos excompañeros Casado y Egea y llevó a Alberto Núñez Feijoo al frente de la formación.

«Se ha archivado el procedimiento por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito», ha informado este martes la Fiscalía Europea contra el Fraude en un comunicado en el que señala que la decisión se tomó con el acuerdo de la representante española en la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, que también fue la exfiscal Anticorrupción encargada del caso Gürtel.

«En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid», señala la delegada de la UE en el Ministerio Publico. Es decir, el organimso comunitario concluye que, en dicha operación de compra, que ascendió a un total de 1,5 millones de euros, en la que Tomás Ayuso obtuvo 283.000 euros de comisión, no hubo sobreprecios.

Si bien la empresa adjudicataria, Priviet Sportive, es propiedad de Daniel Alcázar, un amigo de la infancia de los Díaz Ayuso, «no ha quedado acreditado» ni que la Administración madrileña se saltase ninguno de los cauces fijados para la contratación, ni que «el precio abonado por las mascarillas fuese desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado, ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención» de terceros «ajenos a la empresa», ha zanajado la Fiscalía Europea contra el Fraude.