Tito Berni estuvo imputado en 2009 por usar facturas falsas para cobrar subvenciones en Fuerteventura

El cabecilla del caso Mediador, el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, estuvo imputado en 2009 por el uso de facturas falsas en 2009. Esta práctica la llevó a cabo para cobrar subvenciones públicas del Cabildo de Fuerteventura. Sin embargo, la causa judicial en la que estuvo inmersa quedó en nada porque el delito había prescrito. Por este motivo, Tito Berni se libró de la condena.

El Debate ha tenido acceso al escrito de la Fiscalía que acusó a Tito Berni de falsificación documental. Los hechos se remontan al año 2009, cuando el dirigente socialista presentó una factura falsa ante el Cabildo de Fuerteventura. En el momento en que se tuvo conocimiento del fraude, el Ministerio Público le acusó de presunta falsedad de documento público, oficial o mercantil. Un delito que está castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión.

Finalmente este delito quedó prescrito al haber pasado cinco años desde que se cometió la falsificación de facturas. En el momento de los hechos, Tito Benri regentaba una quesería ubicada en la localidad majorera de Tetir. El dirigente socialista se libró del juicio al extinguir su causa aunque sí fue formalmente acusado como hoy revela este periódico.

Este caso judicial fue destapado tras la compra de un tractor con dinero público por parte de un cargo de uno de los Ejecutivos canarios. Si bien el uso de la factura falsa por parte de Tito Benri ocurrió en 2009, esta compra sospechosa no se realizó hasta 2012. La adquisición se llevó a cabo por parte de Casto Berriel Martínez, en el momento de los hechos jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura. Este funcionario era administrador de la compañía Microtón Fuerteventura SL. A partir de 2012 la empresa cambió de nombre y pasó a estar en manos de su sobrino quedando el funcionario como dueño real en la sombra.

Como consecuencia de esta operación mercantil, el funcionario obtuvo una subvención pública de 9.000 euros para la compra de un tractor a través de su propia sociedad con la denominación social modificada. El juez que instruyó la causa pudo confirmar que él mismo, en calidad de trabajador público, ratificó la aprobación de la subvención. Casto Berriel firmó la propuesta de resolución en la que declaraba «justificada» la retribución pública para su propia empresa sin que en ese momento se hubiese producido la compra.

Una unidad de la Guardia Civil acudió a la finca para ratificar la veracidad de la compra. Sin embargo, comprobaron que no existía el tractor a pesar de que se había presentado su factura, en la que intermedió Tito Benri. El funcionario fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Las Palmas, pero presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que redujo la pena de cuatro a tres años de prisión, con una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años y dos meses por un delito de falsedad en documento mercantil y público y otro de prevaricación. Asimismo, le condenó a pagar una multa de 1.800 euros.