La huelga indefinida de los Letrados agrava el colapso de la Justicia

El colapso de la Justicia en España se ha convertido en el elefante en la habitación que nadie quiere ver, excepto quienes lo padecen a diario en juzgados y tribunales. Jueces, fiscales, Letrados, abogados, procuradores y ciudadanos padecen los rigores de un sistema que, siendo de los mejores de nuestro entorno, pide a gritos recursos económicos y humanos en condiciones para funcionar. Sin embargo, como «la Justicia no da votos» parece que, ni siquiera, una huelga indefinida como la de los Letrados (LAJ) –que se prolonga ya durante dos meses, con consecuencias incalculables para quienes tienen un pleito abierto en España– ha sido capaz de hacer reaccionar al Ministerio responsable de la situación. Pilar Llop se niega a negociar pese a que, en este momento, ya hay abogados que denuncian señalamiento de juicios para dentro de tres años, en 2026 e incluso 2027.

Más de dos millones de notificaciones paralizadas, 340.000 juicios suspendidos en toda España, 400.000 demandas pendientes de admisión y hasta 1.100 millones de euros en total, bloqueados en las cuentas de los juzgados que manejan los LAJ, son los números críticos de la vergüenza.

Desde que empezase el paro indefinido convocado por los antiguos secretarios judiciales, el pasado 24 de enero, no han hecho más que aflorar cifras que escandalizarían a cualquiera sobre el impacto en el cese de su actividad. Un conflicto colectivo que ha venido a aflorar los males endémicos de una Administración que hace tiempo que funciona con respiración asistida y apoyada, en muchas ocasiones, sobre las muletas de la buena voluntad y la vocación de quienes están llamados a impartir Justicia.

Y, mientras tanto, el Departamento que encabeza Pilar Llop ha roto las negociaciones «a pesar de lo prometido, de requerirlo expresamente el Congreso de los Diputados, y de la carta que Pedro Sánchez escribió a los convocantes de esta huelga», recordaban algunos de los Letrados hace unos días. No en vano, según el detalle de los propios funcionarios, «los LAJ en huelga no tramitan procedimientos judiciales, ni tampoco expedientes de Registro Civil, salvo los declarados como servicios mínimos». «Los retrasos acumulados van a lastrar la Administración durante varios meses, tal vez un año si, en el mejor de los casos, una vez finalizada la huelga, se aprueban planes de actuación para su recuperación (que conllevarán un importante coste)», han venido denunciando, como ya avanzó este diario.

Los fiscales no están mucho mejor

Por lo que resepecta a los fiscales, la situación no es mucho mejor y es que en la Carrera, el régimen de sustituciones –que se regula según el Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, de régimen de sustituciones y medidas de apoyo o refuerzo en el Ministerio Público– pasa por sus horas más bajas. Según ha podido saber El Debate, en lugares como Barcelona, la bolsa de fiscales sustitutos está vacía y, así las cosas, obliga a los miembros de la Fiscalía a asumir una carga adicional de trabajo sobre sus hombros, ya de por sí sobrecargados.

Y es que, si la regla general es que las sustituciones se realizan en este cuerpo por los fiscales de la carrera. Cada final de año, desde la Fiscalía General envían un email a todos los integrantes del cuerpo para apuntarse, voluntariamente, a lo que se llaman sustituciones profesionales. Esto es, cuando hay un fiscal de baja o que se va de esa plaza quienes se hayan apuntado en la bolsa lo sustituyen hasta que la misma se asigne a un titular. Lo más comçun es que la sustitución sea en la propia fiscalía de quien la solicita pero puedes pedirse para toda la provincia e, incluso, si no hubiese mínimo suficiente en dicha provincia se puede llamar a fiscales apuntados en otras distintas.

¿Qué está ocurriendo? Que ya «casi nadie se apunta voluntariamente porque no merece la pena ya que la sustitución implica el doble de trabajo», denuncian algunos fiscales consultados por El Debate. Y por esa sustitución sólo cobran el 80% del complemento de destino del fiscal al que se sustituye, unos 1500 € netos. «No está mal pero evidentemente no compensa por el doble de trabajo», lamentan los fiscales. Al no haber nadie de voluntario, por las malas condiciones, ya que el trabajo habitual «es lo suficientemente excesivo como para duplicarlo», al Ministerio de Justicia sólo le quedan dos opciones: o tirar de fiscales sustitutos o la sustitución forzosa.

La bolsa de fiscales sustitutos de Barcelona está, por primera vez, vacía

Lo normal es que se recurra a los fiscales sustitutos pero ahora la bolsa está vacía. Y es que el régimen de los sustitutos «es muy duro» ya que durante el tiempo en que los fiscales están en la bolsa no pueden trabajar en otro puesto por lo que al final los profesionales optan por borrarse de la misma. Este hecho y la gran carencia de recursos humanos estables en la Administración catalana, por ejemplo, donde hay pocos opositores locales y muchos foráneos que en cuanto pueden, por la barrera del idioma entre otras razones, piden el traslado, hace que las bolsas de sustitutos siempre estén al límite. Nunca antes, en los últimos cinco años del actual Gobierno, se había llegado al punto de no poder asignarse ningún sustituto.

Un escenario en el que, ante la falta de voluntarios, la única opción posible es la de la sustitución forzosa actual. Es decir, la fiscal jefe territorial selecciona a varios fiscales que, «durante 10 días, realizarán sustituciones de manera obligatoria. Sí pasados esos 10 días no hay todavía ningún sustituto disponible volverá a imponer la sustitución forzosa a otros compañeros por otros 10 días. Y así hasta que haya algún sustituto disponible».