Tito Berni pidió que la trama le instalara placas fotovoltaicas gratis en su casa para amañar un contrato

La Policía Nacional ha interceptado nuevos mensajes intercambiados por la trama del caso Mediador, liderado por el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, donde el dirigente socialista solicitó que se le instalaran placas fotovoltaicas gratis en su domicilio a cambio de amañar un contrato. El Debate publica hoy en exclusiva las imágenes de las placas que, en efecto, fueron colocadas en la vivienda de Tito Berni.

La empresa que fue beneficiada tras llegar a un acuerdo con la red corrupta fue Canary Islands Car SL, una compañía de alquiler de vehículos. Tras participar sus dueños en varios encuentros con los cabecillas del caso Mediador logró obtener un contrato de 90.000 euros. Dentro del acuerdo que esta empresa firmó estaba también instalar placas fotovoltaicas gratis en la vivienda particular de Tito Berni.

Este periódico ha podido comprobar sobre el terreno que, en efecto, el dirigente socialista tiene los tejados de su domicilio en Tetir (Fuerteventura) plagados de placas fotovoltaicas. Así viene reflejado en el sumario: «La celebración de este contrato tuvo como contrapartida la instalación gratuita de placas fotovoltaicas en la finca del investigado Fuentes Curbelo. La Fiscalía llega a esta conclusión tras analizar distintas transcripciones de conversaciones incorporadas a los autos».

Tito Berni reside en una finca ubicada a 20 kilómetros de Puerto del Rosario, capital de la isla. El terreno, inscrito en el Registro de la Propiedad bajo el nombre Los Chochos, está dividido en tres zonas: la vivienda del dirigente socialista, la quesería familiar y una zona destinada a las cabras con las que elaboran el queso. Las placas fotovoltaicas están mayoritariamente situadas sobre el salón de la vivienda.

Al acceder a Los Chochos hay un poste similar a una farola en cuya parte superior, en vez de haber un farolillo, hay una nueva placa solar. Expertos del sector fotovoltaico explican a El Debate que una instalación de estas características ronda los 20.000 euros. En estos momentos la juez que instruye esta causa está indagando sobre los motivos exactos por los que Tito Berni se benefició de esta instalación sin ningún coste, además de su participación en el amaño del contrato.

Las pesquisas policiales concluyen con un mensaje enviado por el empresario Antonio Bautista Prado a Antonio Navarro, alias El Mediador, el 11 de enero de 2021 que dice textualmente: «Hola, ayer no recibí nada. Te llamo más tarde. Lo de Cicar hay que cerrarlo ya, si no, le vas a tener que decir a Tito de hacerlo pagando, como el resto». La Policía Nacional concluye que ese «Tito» es Juan Bernardo Fuentes y que se refieren a esa instalación gratis de placas en la finca ganadera de su familia.

El informe que la Policía ha remitido al juez afirma: «Se ha demostrado la participación de Bautista Prado en la trama criminal, de la que se habría beneficiado al menos consiguiendo el contrato comercial para Canary Islands Car SL, para Cleanergetic Insular SL, así como la orquestación de múltiples reuniones con distintos ganaderos y queseros de las islas para la presentación de su proyecto fotovoltaico, reuniones a las que, en algunas ocasiones, acudió el propio Fuentes Gutiérrez (sobrino de Tito Berni) en persona.

Si bien no llegó a efectuar la transferencia bancaria a la Asociación Deportiva Vega de Tetir, a pesar de la insistencia de Fuentes Curbelo, queda ampliamente constatado el pago de diversas dádivas y la dación de varias prebendas a Fuentes Curbelo, a Fuentes Gutiérrez y a Espinosa Navas (el general de la Guardia Civil encarcelado)».

Imputado en 2009

El pasado miércoles El Debate reveló que Tito Berni ya había estado imputado en el año 2009 por usar facturas falsas para obtener subvenciones públicas en Fuerteventura. En cambio, se libró de ser condenado porque el delito había prescrito. En el momento en que se tuvo conocimiento del fraude, el Ministerio Público le acusó de presunta falsedad de documento público, oficial o mercantil. Un delito que está castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión.

Finalmente este delito quedó prescrito al haber pasado cinco años desde que se cometió la falsificación de facturas. En el momento de los hechos, Tito Berni regentaba la quesería de Tetir. El dirigente socialista se libró del juicio al extinguir su causa aunque sí fue formalmente acusado como ha publicado este periódico.

Este caso judicial fue destapado tras la compra de un tractor con dinero público por parte de un cargo de uno de los Ejecutivos canarios. Si bien el uso de la factura falsa por parte de Tito Berni ocurrió en 2009, esta compra sospechosa no se realizó hasta 2012. La adquisición se llevó a cabo por parte de Casto Berriel Martínez, en el momento de los hechos jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura. Este funcionario era administrador de la compañía Microtón Fuerteventura SL. A partir de 2012 la empresa cambió de nombre y pasó a estar en manos de su sobrino quedando el funcionario como dueño real en la sombra.

Como consecuencia de esta operación mercantil, el funcionario obtuvo una subvención pública de 9.000 euros para la compra de un tractor a través de su propia sociedad con la denominación social modificada. El juez que instruyó la causa pudo confirmar que él mismo, en calidad de trabajador público, ratificó la aprobación de la subvención. Casto Berriel firmó la propuesta de resolución en la que declaraba «justificada» la retribución pública para su propia empresa sin que en ese momento se hubiese producido la compra.

Una unidad de la Guardia Civil acudió a la finca para ratificar la veracidad de la compra. Sin embargo, comprobaron que no existía el tractor a pesar de que se había presentado su factura, en la que intermedió Tito Berni. El funcionario fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Las Palmas, pero presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que redujo la pena de cuatro a tres años de prisión, con una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años y dos meses por un delito de falsedad en documento mercantil y público y otro de prevaricación. Asimismo, le condenó a pagar una multa de 1.800 euros.