Dimite una vocal de la izquierda del CGPJ ante el bloqueo del órgano

No hay vuelta atrás. La prórroga del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, desde 2018, se mantiene en funciones limitadas tras el veto de Pedro Sánchez a los nombramientos, está pasando factura al máximo órgano de gobierno de los jueces. Así las cosas, y horas después de conocerse las presuntas irregularidades del presidente del Consejo, Rafael Mozo, en el cobro de sus honorarios al frente de la institución, la vocal progresista Concepción Sáez, Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), ha formalizado su dimisión ante el bloqueo orgánico. La situación es, a juicio de Sáez ,«insostenible» y de ahí que, remitiese una carta a Mozo, el pasado 13 de marzo que, hasta la polémica surgida entorno a los emolumentos de su compañero, se ha mantenido en la más absoluta «discreción».

La parálisis del CGPJ, estancado en su renovación, que compromete, a su vez, la operativa de algunos de los más altos tribunales de nuestro país, como el Supremo, ha llevado a Sáez, según ha podido saber El Debate, a tomar la drástica decisión. La jurista, nombrada a propuesta de Izquierda Unida, sostiene en su misiva al presidente del Consejo que renuncia «tras esperar durante mucho tiempo» un cambio en la situación que no se ha producido en ninguno de los intentos por alcanzar un acuerdo entre las dos formaciones principales del arco parlamentario, PSOE y Partido Popular.

«Comprenderás que la situación se hace ya insostenible. He confiado en que la renovación de este Consejo se produciría en algún momento de las sucesivas ocasiones en que parecía inminente y, por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad, he venido aguantando el trascurrir de los meses y de los años no sin inquietud ni incomodidad, como bien sabes. En este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esta larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial», argumentaba Sáez.

De acuerdo con el Reglamento del Consejo, se «está considerada la aceptación de la renuncia, tal y como establece el artículo 582.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial» que, en cualquier caso, no se hará efectiva, en sentido práctico, antes del Pleno convocado el próximo día 30 de marzo.