Sánchez purga del Consejo de Estado a los miembros «críticos» con sus leyes ideológicas

Al Gobierno de Pedro Sánchez no le han gustado los últimos informes del Consejo de Estado «críticos» con algunas de sus últimas leyes, las más ideologicas, como el reciente dictamen emitido por el órgano contra la ley de familias, obra de la ministra de Podemos Ione Belarra. Así las cosas, el líder del Ejecutivo ha decidido hacer algunos reajustes en la institución y nombrar a cuatro nuevos consejeros electivos, entre ellos, la histórica socialista Elena Valenciano, en sustitución del cesado Juan Antonio Ortega-Díaz, uno de los perfiles más incómodos para el Gobierno de coalición. La designación, que se hacía efectiva este martes en la reunión del Consejo de Ministros, responde según ha podido saber El Debate, al plan de la Moncloa para colocar a varios afines al PSOE en las instituciones más relevantes, antes del final de la legislatura.

No en vano, el nombramiento de los cuatro nuevos consejeros para el órgano consultivo del Gobierno ha recaído en la exvicesecretaria general del PSOE, y exeurodiputada Elena Valenciano; el exdelegado del Gobierno y exalcalde de la Coruña, el socialista Francisco Javier Losada pero, también, y en atención al carácter plural del mismo, sobre el exministro de Trabajo del PP, Juan Carlos Aparicio; y, el expresidente de La Rioja, el popular Pedro Sanz, de acuerdo con el anuncio de la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha sido la encargada de explicar el movimiento.

Con estas nuevas incorporaciones en las que repiten, todos ellos, ya se suman un total de 10 miembros electivos del Consejo, incluyendo a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José María Michavila, Jordi Guillot, María Emilia Casas, Elisa Pérez y Soraya Sáenz de Santamaría.

Además, el Ejecutivo ha designado a Luisa Carcedo como consejera permanente, para presidir la sección novena del Consejo, que lideraba la exministra de Trabajo Magdalena Valerio hasta reemplazar a María Teresa Fernández de la Vega en el cargo de presidenta de la institución. La exvicepresidenta primera del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero renunciaba al mismo para retornar, como avanzó El Debate en exclusiva, a su posición inicial y vitalicia como consejera, de la mano de Pedro Sánchez, en una maniobra muy cuestionada, internamente, en el propio Consejo de Estado.

«Polémica» dimisión para lograrlo

Para lograrlo era necesaria la dimisión previa e «inaudita» de la hasta entonces consejera permanente Victoria Camps –propuesta por el PSOE– el pasado 6 de octubre. Un gesto que permitía al Consejo de Ministros restaurar a su anterior titular, María Teresa Fernández de la Vega, en uno de los nueve únicos cargos vitalicios de España.

De la Vega había perdido su condición tras ser designada, discrecionalmente, como presidenta del Consejo, en julio de 2018 –tras la moción de censura que llevó a los socialistas a la Moncloa–. Pero tras su salida y con el hueco dejado por Camps la socialista recuperaba su antigua plaza y se aseguraba mantenerse indefinidamente en un muy suculento sillón, ante una futura y eventual legislatura, con un Gobierno de otro signo.

Fueron numerosas las voces que apuntaron al «fraude» que, desde un punto de vista orgánico, suponía este atajo. Un escenario sin precedentes equiparables ya que, hasta entonces, la única dimisión conocida de un consejero permanente era la de Pedro Cortina, en 1983, quien renunció a su plaza, en un acto de «coherencia y valentía por sus desacuerdos con el Gobierno» de Felipe González. Tan sólo en otros dos casos, y por razones de fuerza mayor como una enfermedad grave, en sendos miembros de avanzada edad –Jerónimo Arozamena y Miguel Vizcaíno– puede encontrarse una dimisión de este calado.

Un órgano constitucional «a medida»

En la órbita institucional son varias las voces que se muestran críticas con la «puerta giratoria» en la que se «intercambian cargos públicos», «sin pudor alguno» –y no cualquier cargo– «según interese». Una muestra más de cómo Pedro Sánchez habría materializado, en una doble entrega, su voluntad de «atemperar los puestos de mayor peso institucional del Estado» para dejarlos «a la medida de los socialistas» ante un posible escenario adverso para el PSOE en las próximas elecciones generales de finales de este año.

Con estas cuatro últimas incorporaciones, la mayoría socialista del órgano consultivo, que «durante los últimos años había sido bastante suave en sus posiciones con el Gobierno», quedaría garantizada sine die.

No en vano, la actual Comisión Permanente está compuesta por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, de la antigua UCD, al frente de la Sección 1ª. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, de la segunda, Paz Andrés Sáenz de Santamaría, al frente de la tercera, Fernando Ledesma Bartret, en la cuarta, Alberto Aza Arias, sección 5ª y la recién incorporada a la séptima, a propuesta del PSOE, la dimitida como presidenta María Teresa Fernández de la Vega.

José Luis Manzanares Samaniego, designado por el PP, en la sección 6ª; el letrado independiente Enrique Alonso García, responsable de la octava; y, la exmagistrada del Constitucional Adela Asua Batarrita, impulsada por el PNV, como cuota al socio nacionalista del Ejecutivo completarían el cupo. En el caso de Asua, el propio Sánchez, «creó una sección a propósito para ella», en un órgano que «históricamente sólo ha constado de ocho plazas permanentes», apuntan a El Debate varios expertos en la materia.