La jefa de la ONG que tutela prostitutas recibió 9,5 millones de ayudas públicas teniendo antecedentes penales

La activista Rocío Nieto, presidenta de la asociación de tutela de prostitutas APRAMP, fue condenada en 2019 por un delito de coacciones. El Debate revela hoy la sentencia judicial que supuso para Nieto la generación de antecedentes penales. Nieto, que ha recibido subvenciones públicas por valor de 9,5 millones de euros para APRAMP tras el fallo judicial, fue condenada a pagar una indemnización a los denunciantes, a los que impidió bajo amenazas usar una vivienda que tenían alquilada.

Nieto, su marido y su hija, Rocío Mora, directora de APRAMP, fueron formalmente condenados el 20 de mayo de 2019 por el Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid. Los hechos que suscitaron esta causa judicial tuvieron su origen en el año 2013, cuando Nieto llegó a un acuerdo con su exsocio para repartirse al 50 % el uso de un palacete valorado en 3,5 millones de euros en Aravaca (Madrid). El exsocio decidió hacer varios apartamentos en su mitad de la casa y alquilarlos, decisión que no fue aceptada por las jefas de APRAMP a pesar de que la práctica era totalmente legal.

El exsocio dividió su trozo del inmueble en tres pisos: uno en la planta semisótano, otro en la planta baja y un tercero en la planta primera. Los problemas llegaron cuando comenzaron a llegar los inquilinos, que denunciaron ante la Policía Nacional en varias ocasiones la pesadilla a la que Nieto les sometía de manera diaria. El relato de estos vecinos comenzó en un primer lugar con insultos por parte de Nieto cuando se cruzaba con ellos en las zonas comunes.

La presidenta de APRAMP se refería a ellos como «ocupas», «mafiosos», diciéndoles «que se tenían que marchar», «que no sabían quién eran ellos» o « que les iban a hacer la vida imposible». También quedó manifestado que una de las inquilinas denunció que cada vez que llevaba a algún familiar a su piso y Nieto se percataba de la visita se dirigía a ella en público con difamaciones que consistían en asegurar que sabía que «le hacía masajes con final feliz» a su casero.

Según la sentencia, después de los insultos, Nieto, su marido y su hija pusieron en marcha una operación para expulsar a los vecinos. Los dos primeros movimientos fueron aporrear las paredes a altas horas de la madrugada y la denuncia de un vecino que aseguró que Nieto le había encerrado en una azotea. A partir de aquí, tal y como está reflejado en los hechos probados de la sentencia, la presidenta de APRAMP comenzó a poner en práctica un sinfín de acciones contra sus vecinos que consistían en rayar sus coches, lanzarles excrementos de animales y desinflar las ruedas de sus vehículos.

Otros actos consistieron en ponerles pegamento en el telefonillo de la vivienda, cortar la luz de los pisos, verter lejía sobre la ropa que tenían tendida o colocar basura en la puerta de los apartamentos. Este periódico ha tenido acceso a las fotografías presentes en el expediente judicial que demuestran algunas de estas prácticas. Estas imágenes fueron decisivas para que el juez condenara a Nieto y su familia.

Tal y como figura en la sentencia, el objetivo de todas estas acciones era conseguir expulsar a los alquilados para que el exsocio vendiera a Nieto la mitad de la vivienda. Cuando este hecho tuvo lugar cesó el acoso a los vecinos. El exsocio falleció y la vivienda fue heredada por un familiar que vendió la propiedad a la presidenta de APRAMP. El juez consideró importante reflejar este dato en la sentencia asegurando que tras la venta, Nieto comenzó a recibir las rentas del alquiler y «cesó el comportamiento hostil». La presidenta de APRAMP pagó al familiar de su exsocio 1,2 millones de euros al contado. Desde ese momento se convirtió en propietaria de la totalidad del inmueble.

Tras ser condenadas, el juez pidió que se remitiera una nota al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia. Un abogado experto en contratación pública consultado por este periódico explica la rareza de que se le siguieran otorgando subvenciones públicas a APRAMP durante el tiempo que mantuvo los antecedentes penales. «Las administraciones públicas miran con lupa este tipo de cuestiones y es realmente incomprensible que este hecho no haya encendido las alarmas antes de conceder las partidas millonarias que han recibido durante el tiempo de la condena».

Inicialmente, la Fiscalía solicitó las penas de dos años y nueve meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En cambio, el juez falló que Nieto y su hija abonaran a los denunciantes una indemnización económica. Las jefas de APRAMP aceptaron la condena, abonaron la multa y se negaron a recurrir la decisión judicial, por lo que se convirtió en firme. De no haber abonado la indemnización se arriesgaban a una pena de un día de cárcel por cada dos cuotas impagadas.

Tras la condena, tanto Nieto como su hija Rocío Mora han continuado recibido subvenciones en calidad de presidenta y directora de APRAMP. Según la memoria económica de la entidad en 2019, año de la condena, recibió 3.692.330,02 euros, 3.278.617,91 euros en 2020 y 2.588.066,29 euros en 2021. En total, 9,5 millones de euros.