La Justicia dice basta: dos huelgas y las «medidas de presión» de los jueces acorralan al Gobierno

Han sido tantos años tratando aguantar, ante el complejo día a día «debajo del felpudo» y escondiendo la realidad de una Administración «olvidada y ninguneada» que los operadores jurídicos han terminado por decir «basta». Tras más de dos meses de huelga indefinida de los Letrados (LAJ) y con un nuevo paro declarado de más de 45.000 funcionarios, los denominados auxilios judiciales, el Ministerio que dirige Pilar LLop se enfrenta a uno de sus escenarios más complicados desde que la expresidenta del Senado asumiese la cartera. Los jueces y magistrados tampoco «descartan» la posibilidad de declararse en conflicto colectivo si, en las próximas semanas, no se cumple con el compromiso de mínimos alcanzado, este mismo viernes, para convocar la Mesa de Retribuciones paralizada desde hace más de dos años.

«Es el momento para conseguir una justa subida salarial», acorde con lo que ha pasado con los LAJ. «Fuimos declarados esenciales en pandemia y los Juzgados no funcionan sin nosotros», apuntaban los trabajadores de la Justicia que, encabezados por los sindicatos de clase y varias organizaciones sindicales independientes han decidido declararse en paro indefinido, a partir del próximo día 17 de abril, hasta recibir las mejoras económicas «dignas», «en línea» con las ya suscritas por sus compañeros.

«Nos merecemos una Justicia de calidad. Si tenemos que ir todos a la huelga, uno por uno, para que así Justicia y Hacienda de una vez escuchen nuestras reivindicaciones, pues habrá que hacerlo», apuntaban algunos jueces en redes sociales, tras conocerse la decisión de los más de 45.000 funcionarios y el anuncio de que jueces y magistrados «no descartan» ninguna de la «medidas de presión» que estén a su alcance para ser remunerados, también, de acuerdo con su carga real de trabajo y sus responsabilidades.

Soluciones definitivas, no «parches»

No en vano, el sindicato independiente de funcionarios CSIF ha manifestado estar de acuerdo con el Ministerio en que «toda la ordenación retributiva de la Administración de Justicia tiene estrechas interdependencias entre carreras, cuerpos, categorías, grupos de población, tipos de puesto… de forma que cualquier cambio que se plantee, siquiera aislado o limitado a un determinado cuerpo, tiene impacto colateral y en cascada sobre las retribuciones del resto del personal de la Administración de Justicia», tal y como ya hicieron constar en una nota emitida, hace un año, en abril de 2022.

De ahí que para CSIF «la extensa justificación que se recoge en el acuerdo firmado por Función Pública es perfectamente aplicable a la totalidad de la oficina». Es decir, tanto «la LOEO» como el resto de leyes de eficiencia en marcha «nos van a afectar a todos los que trabajamos en las oficinas judiciales y no sólo a unos pocos». En este sentido, «el acuerdo» alcanzado por el Departamento de Pilar Llop, para poner fin a la huelga indefinida de los LAJ, «está claramente incompleto si no recoge una subida salarial para los Cuerpos Generales y especiales sin cuyo concurso el trabajo en la oficina judicial no saldría adelante».

Jueces muy mal pagados

Y es que como recuerda Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI) «la dejadez en Justicia es una constante desde hace muchísimos años». El magistrado apunta, además, que por su parte, los jueces «nunca hemos hecho huelga por temas retributivos, a pesar de que desde hace lustros nuestros salarios no se adecúan a nuestra ingente responsabilidad y nuestro altísimo régimen de incompatibilidades. De hecho, aún no hemos recuperado la bajada de sueldo del año 2010, por decir la última. Si añadimos a ello la subida del coste de la vida, resulta que los jueces estamos muy lejos de sentirnos bien pagados».

«Mucho trabajo, cada vez más y en peores condiciones, además de ser responsables de todo lo que pasa en el juzgado, no se compensa económicamente para nada. En ese escenario, en febrero de 2022 las cuatro asociaciones judiciales decidimos afrontar este tema de una vez. Llegamos a una serie de acuerdos y en marzo de 2022 empezamos a trabajar con el Ministerio de Justicia. No sólo salarios, más cosas, pero sobre todo el tema retributivo. El caso es que en octubre, con todo ya hecho, se truncó la negociación: Hacienda había llegado a un acuerdo con los sindicatos para subir el 9,8 % en tres años para paliar la subida del IPC, lo que afectaba a toda la función pública. Nada, por tanto, de atender nuestras especialidades salariales», lamenta el magistrado en declaraciones a El Debate.

Un escenario que llevó a todas las asociaciones profesionales de jueces, en enero de 2023, a interponer «una demanda judicial para reanudar las negociaciones». Y, «en esa estábamos cuando los LAJ empezaron con su huelga. Hemos constatado que lo importante no es pedir las cosas con trabajos bien hechos, sino hacer huelga. Con ella, los LAJ han logrado sentarse con Hacienda y les han subido. Hace tres semanas pedimos retomar las negociaciones salariales» y Justicia, en respuesta a esta petición, «nos convocó el pasado viernes. Contábamos con que, tras subir a los LAJ, y con apoyo a los trabajos hechos, nosotros seríamos los siguientes. Pero, como hemos comunicado a la carrera, no nos han dado ni fecha para vernos con Hacienda en la mesa de retribuciones», lamenta Portillo.

Así las cosas, «ya no tenemos más paciencia. Siempre hemos sido responsables y con sentido de Estado, conscientes de que somos un Poder del Estado. Pero la carrera ya está harta de que siempre aparquemos nuestras justas reivindicaciones salariales. Y, como decía, ya sabemos el camino para obtenerlas. Confiamos que tanto Justicia como Hacienda «nos convoquen pronto pero, entre tanto, nosotros vamos a empezar a organizar nuestras protestas. Durante la reunión del viernes hablamos varias veces de huelga, ellos saben que está sobre la mesa. Y desde luego, si no queda otra, habrá que recurrir a ello». Para evitarlo, sólo es necesaria una cosa, que «antes del 30 de mayo tengamos firmados unos acuerdos acordes a los trabajos hechos y no será necesario llegar a ello. Pero si no es así, habrá que presionar del único modo que parece constatado que funciona», apunta el presidente y portavoz de FJI.