Un empleado público durante su jornada laboral, en la oficina de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Piden prisión para el hacker que trató de dejar al descubierto millones de datos de contribuyentes
Perpetró en octubre un ciberataque masivo a la red de telecomunicaciones gestionada desde el CGPJ y que conecta con otras instituciones, como la Agencia Tributaria
Pudo haber sido una catástrofe, pero los especialistas de la Agencia Tributaria evitaron que pasara a mayores. Hablamos del ciberataque masivo perpetrado en octubre contra la red de telecomunicaciones gestionada desde el CGPJ que conecta con otras instituciones, como la Agencia Tributaria.
El ciberataque, por el que se detuvo a un individuo, podría haber comprometido la seguridad de las bases donde se almacenan datos fiscales, ingresos, identidades, información de registros policiales o números de cuenta de los españoles.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido el ingreso en prisión provisional del joven investigado por su presunta responsabilidad en el ciberataque cometido sobre el Punto Neutro Judicial, la citada red de telecomunicaciones gestionada desde el Consejo General del Poder Judicial.
El joven, que fue detenido en los últimos días, ha pasado este lunes a disposición del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional.
Tras prestar declaración ante el juez, la Fiscalía ha solicitado su ingreso en prisión provisional al considerar que existe riesgo de fuga, destrucción de pruebas y de reiteración delictiva, según informan a Efe fuentes jurídicas.
Los investigadores calculan que el joven pudo haber accedido a más de 500.000 cuentas bancarias, según las fuentes, que precisan que está investigado por un delito continuado de revelación de secretos.
El CGPJ puntualizó que, tras el ciberataque, detectado en la segunda quincena del mes de octubre, no se habían «visto comprometidos datos relativos a procedimientos judiciales».
De la Policía al SEPE
El Punto Neutro Judicial es un sistema de comunicación que permite centralizar y trasladar peticiones de información entre los órganos judiciales e instituciones como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Dirección General de la Policía, el Servicio Público de Empleo o el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Los juzgados lo utilizan para consultar datos de ciudadanos en bases de entidades bancarias, registros y organismos públicos.