Qué hay detrás del robo de monedas antiguas en el yacimiento de Romangordo

El pasado jueves, agentes de la Guardia Civil intervinieron a una persona diversas monedas y otras piezas antiguas en al yacimiento del siglo X Majadat al-Balat, en Romangordo (Cáceres). Los agentes de Seguridad Ciudadana de los puestos de Almaraz y Navalmoral de la Mata le cazaron con un detector de metales y un pico para excavar en el interior de este asentamiento medieval árabe y con las manos manchadas de tierra, por lo que saltaron las alarmas de que pudiese haber sustraído algo del lugar, de gran importancia histórica.

La Asociación Madinat Albalat: yacimiento arqueológico asegura a través de un comunicado que «el yacimiento no ha sido objeto de este mencionado expolio, al menos a simple vista». «Hacemos esta afirmación, porque hemos analizado las imágenes facilitadas por la prensa y algunas informaciones que nos han llegado, y hemos podido comprobar que se trata de material de época romana y moderna/contemporánea, no medieval», añaden.

El material intervenido lo componen seis monedas pequeñas y otras dos de mayor tamaño, tres botones metálicos, una medalla y tres esferas metálicas. El precio de las mismas puede ser muy elevado en el mercado negro. Una operación de la Policía Nacional e Interpol llevada a cabo hace dos años apunta a que tres monedas del Imperio Romano que habían sido robadas en Suiza en 2012 podrían haber alcanzado un precio de venta de unos 200.000 euros.

El botín recuperado por la Guardia Civil del coche del cazatesoros en Romangordo fue puesto a buen recaudo por los agentes del Instituto Armado, que los enviaron a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura para su análisis arqueológico. Asimismo, le fue requisado el detector de metales, con el que, presuntamente, habría localizado estas piezas.

Protección para el yacimiento

Desde la asociación aprovechan el tirón mediático que está teniendo este asunto para «agilizar en la medida de lo posible los trámites y los procesos administrativos necesarios para la aprobación del proyecto» que protegería el yacimiento con barreras físicas, más allá de la labor de la Guardia Civil en la región «en la lucha contra el expolio, mediante vigilancia y controles rutinarios por la zona», la cual agradecen.

«Sabemos que es un proceso lento, y estamos muy agradecidos con la implicación por parte del Ayuntamiento en la protección del yacimiento, así que esperamos que esta medida suponga una acción más efectiva, además de ejercer como medida disuasoria contra este expolio. Este vallado se vuelve cada vez más importante, debido a la continua amenaza a la que están expuestos enclaves como el de Albalat», apuntan en este sentido.

Los robos de este tipo de monedas no son nuevos en España, ni siquiera en la provincia de Cáceres. Sin ir más lejos, en junio de 2021 fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas en la ciudad de Cáceres, después de que estos últimos depositaran en una sala de subastas 90 monedas del Imperio Romano con un contenido de oro cercano al 100 %. La Policía constató que aunque no tenían relación con la numismática ni con el coleccionismo de estos objetos, estaban presentes en grupos de detectoristas de metales en las redes sociales. El conjunto de las monedas podría haber alcanzado un precio de venta de medio millón de euros, según los investigadores.

Penas de hasta tres años de cárcel

Desde la citada asociación también recuerdan «la existencia de una ley de Patrimonio, y la prohibición del uso de detectores de metales, así como la recogida y búsqueda explícita de objetos arqueológicos y la realización de movimientos de tierra sin autorización». «La realización de esta práctica está penada por la ley y como tal debe ser castigada», añaden, en referencia a la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

Esta norma indica que «se prohíbe la utilización de aparatos que permitan la detección de objetos metálicos para la búsqueda de restos relacionados con la prehistoria, la historia, el arte, la arqueología, la paleontología y los componentes geológicos con ellos relacionados susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, sin haber obtenido previamente una autorización administrativa que motivadamente justifique su empleo».

Desde la Benemérita recuerda que lo sucedido en Romangordo puede suponer desde una simple infracción administrativa hasta delitos contra el patrimonio histórico, en los casos en los que se causan daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos. En este último caso, así como en los actos de expolio, las penas van desde los seis meses a los tres años de cárcel o, en su defecto, multas de 12 a 24 meses, como dicta el Código Penal.