La hija mayor de Amancio Ortega pierde el segundo pleito que presentó contra su administrador

«Es difícil sostener una apropiación indebida desde el momento en que no puede afirmarse que el único control del salario del querellado», el que fuera administrador de Sandra Ortega, la hija mayor de Amancio Ortega con su primera mujer, Rosalía Mera, dependiese íntegramente de la querellante. Así ha decretado el Juzgado de Instrucción número 8 de La Coruña el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias abiertas contra José Francisco Leyte Verdejo a partir de la querella presentada por Sandra Ortega contra él por un presunto doble delito continuado de administración desleal y contra el patrimonio de varias de sus empresas por un valor estimado de 3 millones de euros.

En el auto al que ha tenido acceso El Debate, la titular del tribunal, la magistrada María Francisca Justo Vicente, considera insuficiente para sostener las acusaciones planteadas la mera presentación de «las tablas salariales» de las empresas para las que trabajaba Leyte, «porque sus remuneraciones aparecen reflejadas en las nóminas y en las cuentas anuales» de las mismas.

«Las llamadas tablas salariales, en realidad, eran documentos de trabajo que se iban modificando, no documentos definitivos. Prueba de ello es que, por ejemplo, existen dos tablas del año 2015, del año 2016 y dos también del año 2017; pero, no existen del año 2018 y hay tres del año 2019» que contienen «errores o no coinciden los salarios» que, a modo de retribución fija, percibían otros de los empleados de la misma compañía, «con lo que en principio, no podía saberse cuál sería la definitiva, la aprobada por la administradora única». Esto es, los emolumentos finales validados por Sandra Ortega de quien, además, en ninguno de ellos aparece su firma.

Por otro lado, «los incentivos que figuran en las tablas, a veces, no coinciden con los que se mandan por e-mail a la gestoría y no sólo respecto al Sr. Leyte». Así las cosas, la juez encargada de la investigación ha determinado cómo, por ejemplo, el bonus de varios empleados son comunicados en importe superior «al que se refleja» en las tablas de referencia aportadas al tribunal por la defensa de Ortega. Un extremo que pone de manifiesto que dichas tablas «no eran las que reflejaban el salario real de cada uno de los trabajadores».

Así las cosas, Leyte era el único que cobraba un bonus bajo la fórmula de variable en Rosp Corunna SL y en Rosp Corunna Participaciones Empresariales SL «examinadas las tablas junto con las nóminas, resulta que en ellas sólo se reflejaban los incentivos correspondientes a su trabajo» en la primera pero «no los relativos a la segunda». «El que no existiese ningún documento en que se reflejase el acuerdo con la Sra. Ortega por el que se fijaban los incentivos por su trabajo» en Rosp Corunna Participaciones Empresariales SL «no significa que los mismos se ocultasen y que no fueran objeto de conocimiento y control societario. Tenían su reflejo en las nóminas de esa sociedad y en las cuentas anuales», ha concluido la juez para cerrar las pesquisas contra el querellado.

Las diligencias de instrucción practicadas, que incluyeron varias pruebas testificales, entre ellas la de la propia Sandra Ortega, así como informe pericial ratificado en sede judicial y varias documentales «no permiten sostener lo que se afirma en la querella: que el Sr. Leyte desde el ejercicio 2015 al 2019 se hubiese apropiado de casi tres millones de euros, comunicando a la gestoría encargada de elaborar las nóminas», de las dos empresas citadas, «unas cantidades notablemente superiores a las autorizadas/acordadas» con la propietaria única de las mismas.

Segundo revés judicial

Sandra Ortega ha recibido, tras este archivo, un segundo revés judicial en el marco de las dos demandas que presentó contra José Leyte, el responsable de su fortuna durante más de dos décadas, por apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal. No en vano, en un auto anterior, de mayo de 2022, que también desveló El Debate, la hija mayor de Amancio Ortega se cerraba también de manera negativa a sus pretensiones el primer pleito con el que fuera jefe de banca privada de Caixa Galicia antes de convertirse en su economista de confianza.

En aquella ocasión, la juez encargada del caso, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Coruña archivó la primera querella interpuesta contra José Leyte, por falsificación de firma. La instructora de la causa decretaba, también, el sobreseimiento de la investigación «por falta de indicios de criminalidad». Pese a que Ortega sostenía que el administrador de sus bienes falseó su rúbrica para beneficiar a Room Mate, la empresa hotelera de Kike Sarasola de la que un tercio es de su propiedad, la mercantil que finalmente acabó liquidada, llevaría algo más de una década de pérdidas y, según la tesis de Ortega, habría necesitado inyecciones financieras, en forma de préstamos fraudulentos de entidades bancarias, por valor de más de 130 millones de euros.

La empresaria presentó dicha reclamación contra su antiguo gestor, José Leyte, al que acusó de falsificar su rúbrica para conformar cartas de patrocinio, un documento similar a un aval, según el cual los bancos tenían la garantía de que la empresaria cubriría con su patrimonio un posible impago. Una acción judicial que desencadenó otra cascada de denuncias cruzadas, entre las que se encontraban la interpuesta por cuatro bancos –Abanca, Deutche Bank, Bankinter y Banca March– que requerían a la Justicia investigar una red de préstamos fallidos a favor de Room Mate y su propietario, Sarasola. La petición fracasó y hace algo más de un año que la Audiencia Provincial de La Coruña la rechazaba.