La ley del 'solo sí es sí' provoca 978 rebajas de pena y 104 excarcelaciones a violadores y pederastas

Ya son un total de 978 los agresores sexuales beneficiados por la polémica ley del 'solo sí es sí' impulsada desde el Ministerio de Irene Montero. Un total de 104 violadores y pederastas, además, han resultado excarcelados gracias a las rebajas contempladas en la norma que, más de seis meses después, no ha sido todavía reformada por el Gobierno responsable de su entrada en vigor. Estos son los datos actualizados, a 31 de marzo de 203, una vez sumadas las cifras que, hace un par de días, comunicaba el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras más de cinco semanas de silencio informativo. No habrá nuevos datos hasta el próximo 3 de mayo.

Según el desglose numérico al que ha tenido acceso El Debate en primicia, el Tribunal Supremo ha confirmado 15 reducciones de condena, 1 la Audiencia Nacional, 82 los Tribunales Superiores de Justicia –con 5 excarcelaciones– y un total de 880 las Audiencias Provinciales que, en su caso, acumulan 99 puestas en libertad.

En este nuevo cómputo ya han sido incorporados los resultados de las Audiencias Proviniciales de Guipúzcoa, Granada, Sevilla y Teruel; y, los de los fallos revisados por los Tribunales Superiores de Andalucía, Canarias, Castilla y León y País Vasco que pasan a engrosar los «efectos indeseados» provocados por la modificación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, sobre los tipos y tramos de condenas recogidas en el Código Penal.

El porcentaje medio de revisiones que implican reducción de condena, frente al total de procedimientos revisados, es del 32 %. O, lo que es lo mismo, de cada 100 sentencias revisadas 32 son susceptibles de acogerse a la ley más favorable. El desglose por tipología de órganos –para los que han reportado cifras del total de mejoras efectuadas al CGPJ– asciende a un 40,5 % en el Tribunal Supremo, es del 14,3 % en la Audiencia Nacional, del 39,5 % en los Tribunales Superiores y del 31,6 % en las Audiencias Provinciales.

En este sentido, la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal que encabeza el ranking celebrará, entre el 6 y 7 de junio, un cónclave para fijar no sólo un criterio uniforme sobre los más de 20 recursos de casación que ya esperan su respuesta, sino una doctrina común sobre las revisiones efectuadas por los jueces sentenciadores, como consecuencia de la polémica reforma penal del Departamento que dirige Irene Montero.

El Consejo ha conseguido, finalmente, recopilar con exactitud, los datos de todos los órganos judiciales implicados en la aplicación de las rebajas en las que, hasta ahora, carecía de una cifra «global» cerrada y validada. No en vano, la Comisión Permanente acordó en un Pleno monográfico que la información realtiva a este escándalo legislativo, que se ha traducido en una alarma social, debía ser «actualizada periódicamente y hecha pública».