Sánchez cambia el campo de batalla político por el empresarial y sufre su mayor derrota

Pedro Sánchez se tomó el anuncio del traslado de Ferrovial como una declaración de guerra de Rafael del Pino a su Gobierno y a él mismo, y este jueves acabó perdiendo. Al menos, la primera batalla, porque el Ejecutivo no ha dicho su última palabra. Ni mucho menos, puesto que queda un proceso burocrático de meses hasta que se haga efectiva la decisión.

De momento, en la Moncloa velan armas después de que la junta general de accionistas de la compañía votara por mayoría absolutísima del 93,3 % el cambio de sede social a los Países Bajos, con el fin último de cotizar en la bolsa de Nueva York. De hecho, ni uno solo de los intervinientes criticó la operación empresarial. Al contrario: varios acusaron al Gobierno de violar su «derecho de propiedad» con sus «injerencias».

En los días previos al cónclave, el Gobierno intentó dinamitar la votación. O, al menos, que su presidente se encontrara con resistencias internas, después de que el secretario de Estado de Economía enviara el lunes una carta amenazante a la constructora, que sigue en pie: si Ferrovial no consigue justificar ante la Agencia Tributaria los motivos bursátiles aducidos para marcharse se enfrentará a una factura millonaria, porque no podrá acogerse al régimen especial de fusiones del Impuesto de Sociedades.

Otras vías de contraataque que tiene el Gobierno son la ley antiopas y la ley de modificaciones estructurales. Otra cosa es que a Sánchez le interese ir a una guerra legal contra Ferrovial durante su Presidencia de turno de la UE, que comenzará en julio.

En cualquier caso, el Gobierno ha seguido negando en las últimas horas que haya tratado de intimidar a los accionistas de la firma, sino simplemente procurarles «toda la información». Y lo que consiguió fue que el fondo soberano noruego, a través de Norges Bank Investment, cambiara del 'no' al 'sí' al traslado. El entorno de Sánchez también ha desmentido cualquier contacto con aquellos que, a priori, podían tener dudas.

Sea como fuere, desde la Moncloa aseguran que Ferrovial es un «caso aislado» y descartan tajantemente que pueda producir un «efecto contagio». En ello va a emplearse a fondo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de viaje en Washington esta semana. Desde su departamento, este jueves se limitaron a expresar su «respeto» por el resultado de la votación.

Mientras, en paralelo, tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como la ministra Ione Belarra (asimismo líder de Podemos) volvían a la carga: «La inaceptable decisión de Ferrovial de cambiar su sede a Ámsterdam ha generado indignación en nuestro país. El Gobierno va a seguir defendiendo el interés general. Las empresas tienen que comprometerse con su país y la mejor forma es avanzar en democracia económica», señaló la socia de Sánchez en Twitter. «Ferrovial tiene que devolver hasta el último euro de dinero público que recibió (…). El Gobierno de España debe actuar con firmeza y contundencia», añadió Belarra.

En realidad, fue el propio presidente el que abrió la veda contra Del Pino el pasado 2 de marzo, cuando sostuvo: «En España hay muchos empresarios comprometidos con su país, no es el caso de Del Pino». A partir de ahí, todo su Gobierno se abalanzó contra el empresario.

Sánchez cree que hay motivos políticos en el traslado de Ferrovial

Sánchez ha estado convencido en todo momento de que detrás de la operación hay motivos políticos, que la compañía ha negado y sigue negando. Lo cierto es que hay un evidente distanciamiento entre el presidente y los empresarios desde hace un año. Provocado por las últimas subidas del salario mínimo interprofesional sin el visto bueno de la CEOE, que tampoco se lo dio a la reforma del sistema de pensiones que el Congreso convalidó antes de Semana Santa.

Tampoco han contribuido a limar asperezas los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, el señalamiento del presidente a empresarios con nombre y apellidos –como Ana Patricia Botín e Ignacio Sánchez Galán– y las constantes sospechas arrojadas por el Ejecutivo contra sectores como el de la distribución y la alimentación. Que se lo pregunten al dueño de Mercadona, Juan Roig.

Atrás quedaron los tiempos en que el presidente del Gobierno se hacía rodear de la crème de la crème del empresariado español en el arranque del curso político, en la madrileña Casa de América. Lo hizo en los años 2020 y 2021, y allí estaba, entre otros, el ahora demonizado Rafael del Pino. En septiembre de 2022 cambió el formato y los invitados, y pasó a inaugurar el curso en la Moncloa con un grupo de 50 ciudadanos. Previamente seleccionados. Aquello ya fue un termómetro de la etapa febril en la que había entrado la relación entre el Gobierno y el empresariado.

En todas estas semanas de ataques por aire, mar y tierra contra Ferrovial, el presidente del Gobierno no ha cogido el teléfono al presidente de la constructora, según vino a confirmar este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Son ella y la vicepresidenta Calviño quienes han mantenido la interlocución con la compañía. Claramente infructuosa.

Sánchez ha podido con empresas públicas como Renfe, Aena, Correos, Indra, Red Eléctrica, RTVE, Enagás o Navantia, en las que ha ido colocando a sus peones. También con instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado. Pero con la empresa privada ha topado. Porque el campo de batalla en el que el líder del Ejecutivo es un estratega avezado es el político, no el empresarial.