El caso de la ex directora de la Guardia Civil: de la imputación de su marido al patrimonio de 2,7 millones

La ex directora de la Guardia Civil, María Gámez, dimitió hace dos semanas tras conocerse que su marido había sido imputado en una causa judicial derivada de los ERE de Andalucía. Esta dimisión suscitó dudas sobre los verdaderos motivos de la salida. Desde ese día en adelante, El Debate ha publicado una extensa cantidad de exclusivas que justifican su salida del Gobierno. A continuación repasamos las claves del caso:

El pasado 4 de abril, Gámez dejó su cargo como jefa de la Benemérita. Un juez había imputado a su marido, Juan Carlos Martínez, en el 'caso Santana Motor', vinculado con la trama de los ERE de Andalucía. En la actualidad, Martínez se encuentra imputado por los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que Gámez había sido «la mejor directora de la Guardia Civil en sus 178 años de historia». También elogió la dimisión calificándola de «profilaxis democrática». En ese momento, los partidos políticos de la oposición se preguntaron por qué, si era tan buena directora, había tenido que dejar su cargo.

Menos de 24 horas después de la dimisión de Gámez, El Debate publicó en exclusiva que la dirigente socialista se compró un ático dúplex en Málaga valorado en un millón de euros. Una compra que resulta relevante por el momento de la adquisición: el año 2012, cuando su marido cobró ayudas públicas de manera presuntamente irregular, motivo por el que está siendo investigado.

Seguidamente, este periódico desveló que Gámez se había comprado un segundo piso en Málaga –en esta ocasión valorado en 300.000 euros– abonando su importe al contado. Es decir, sin gravar el inmueble con ningún crédito hipotecario. Gámez llevó a cabo esta adquisición en julio de 2020 siendo ya directora de la Guardia Civil.

En el mismo acto notarial en el que Gámez compró este segundo piso al contado, la ex jefa de la Benemérita puso el inmueble a nombre de su hijo de veinte años. Una maniobra que llevó a cabo para evitar que aflorara que había pagado la casa al contado. Una de las cláusulas que Gámez impuso ante el notario es que quería quedarse con el usufructo de la vivienda. De esta manera se aseguraba un piso de por vida y la seguridad de que, al ser en realidad de su hijo, si en un futuro ella contraía deudas jamás se lo podrían embargar .

A los dos inmuebles anteriores se suma la compra de dos más, por lo que Gámez y su marido son propietarios de cuatro viviendas. La tercera, también en Málaga, es un piso valorado en 800.000 euros con vistas al mar y la cuarta un apartamento valorado en medio millón de euros situado frente al parque de El Retiro de Madrid, una de las zonas más cotizadas de la capital.

Pese a contar con un patrimonio inmobiliario de 2,7 millones de euros, Gámez declaró en 2021 ante la Guardia Civil que tan sólo tenía bienes inmuebles valorados en 168.000 euros, cifra notablemente inferior a la real. La ex directora de la Guardia Civil estaba obligada a declarar todo su patrimonio como alto cargo del Estado. Actualmente, la Policía Nacional está investigando si su marido usó fondos públicos para comprar alguna de estas casas. Estos 2,7 millones coincide con la cifra de subvenciones que Martínez cobró.

Este periódico también ha desvelado que Gámez se encuentra empadronada en el ático dúplex de un millón de euros ubicado en Málaga. Precisamente, la calle en la que se encuentra es la dirección que su marido dio para cobrar las ayudas públicas de los ERE de Andalucía por las que está siendo investigado. Durante la estancia de Gámez en Madrid usó la vivienda oficial a la que tenía derecho como jefa de la Benemérita.

En estos momentos, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional se encuentra investigando los movimientos financieros más recientes del marido de Gámez. Martínez cobró 1,6 millones de euros como honorarios en la última década a través de la sociedad mercantil que usó para captar las ayudas públicas de manera presuntamente fraudulenta. La investigación sigue abierta.