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Luis Miguel Fernández Aparicio, director de Seguridad de la SEPIEl Debate

Investigación

Hacienda ocultó durante un año la contratación del amigo de Sánchez como directivo de la SEPI

El Ministerio de Hacienda ha ocultado durante un año la contratación como directivo de la SEPI de Luis Miguel Fernández Aparicio, amigo del baloncesto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde que El Debate reveló el pasado lunes esta contratación, que hasta el momento estaba bajo secreto, la SEPI no ha ofrecido ninguna explicación sobre el polémico fichaje.

Fernández Aparicio es director de Seguridad de la SEPI desde marzo de 2020. Sin embargo, el apartado de altos cargos del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, no publicó su nombramiento hasta mayo de 2021. Es decir, un año y dos meses después de que se produjera. La SEPI se ha negado a facilitar a este periódico la resolución de nombramiento del amigo del baloncesto de Sánchez.

Organigrama de la SEPI de mayo de 2021 donde no figura Luis Miguel Fernández AparicioEl Debate

Antes de que fuera contratado este organismo no contaba con ninguna jefatura del ámbito de la seguridad, por lo que la plaza fue creada ad hoc para el amigo de Sánchez. Ambos se conocieron con 16 años, a finales de los años ochenta, cuando jugaban en un equipo de baloncesto juvenil.

El amigo de Sánchez accedió a este organismo público con un contrato de «alta dirección» y recibe una remuneración que oscila entre los 84.000 y los 120.000 euros. Además, se da la circunstancia de que la SEPI es una de las empresas estatales que cuentan con mayores sueldos públicos. Su presidenta, Belén Gualda González, cobra un salario de 220.000 euros anuales.

Organigrama actual de la SEPI en el que ya sí aparece Luis Miguel Fernández AparicioEl Debate

En la actualidad, Fernández Aparicio sí figura en el organigrama de la SEPI. concretamente aparece como el número cinco de la institución. Tal y como ha podido saber El Debate, en estos momentos la SEPI está ultimando la contratación de una persona para que ejerza de subdirector de Seguridad. Es decir, mano derecha del amigo de Sánchez.

Entre los requisitos que la SEPI exige para optar a este puesto se encuentran tener titulación universitaria u homologada por el Ministerio de Educación, estar en posesión de la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) con la Habilitación de director de Seguridad homologada por el Ministerio del Interior o experiencia aportada en los últimos 15 años anteriores a la publicación de esta convocatoria, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros.

La diferencia entre la contratación de Fernández Aparicio y de la de su futuro número dos es que la primera fue discrecional, a dedo, y la segunda ha salido a concurso público. Tras la revelación de El Debate hay una enorme sorpresa entre los trabajadores de la SEPI que desconocían la procedencia del director de Seguridad.

En el encabezamiento de la oferta reza la siguiente advertencia: «Esta convocatoria de plaza de nuevo ingreso se realiza por el sistema de acceso libre. La presente se atiene a los principios de igualdad, mérito y capacidad y, asimismo, tiene en cuenta el de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo». Precisamente, será el amigo de Sánchez quien presidirá el órgano de selección para su próximo subordinado. Junto a él estarán presentes Javier Morales Abad, que ejercerá de vocal del tribunal, y María Jayo Escobedo, secretaria.

Una semana antes de que este periódico hiciera pública la contratación, El Debate se puso en contacto con el organismo para conocer los pormenores del fichaje. En cambio, desde la SEPI han evitado ofrecer ningún tipo de documentación y tampoco dar explicaciones sobre la polémica contratación. La jefa de prensa de la institución, Virginia Sánchez Peláez ha eludido dar a conocer la versión de los hechos de la empresa estatal.

La SEPI es una sociedad estatal cuya misión es la gestión de las participaciones empresariales de titularidad pública. Su presidenta, Belén Gualda González, cobra 220.000 euros anuales, una de las nóminas públicas más altas de la administración. En los últimos años, este organismo ha protagonizado varias polémicas.

Casos similares

No es la primera vez que el Gobierno ficha a algún amigo o familiar de alguno de sus altos cargos. Recientemente, Patrimonio Nacional, contrató como directivo a Ignacio Manrique de Lara, marido de Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía. Tras desvelarse el fichaje y como consecuencia de su repercusión mediática, el cónyuge de Calviño renunció al puesto.

Otro caso similar es el de Iñaqui Carnicero que, al igual que Fernández Aparicio, es amigo personal de Sánchez desde la juventud. En 2020 se aprobó el nombramiento de Iñaqui Carnicero como director general de Agenda Urbana y Arquitectura. Un cargo que depende del Ministerio de Transportes, en aquel momento dirigido por José Luis Ábalos y que fue creado ad hoc para Carnicero.

Pocos meses después de que se conociera esta polémica contratación, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), también dependiente del Ministerio de Hacienda, fichó como directiva a Lorena del Río, pareja de Carnicero. A día de hoy ambos mantienen estos puestos. Carnicero fue ascendido hace un mes y compagina el cargo que ya tenía con el de secretario general del Ministerio de Transportes, actualmente dirigido por Raquel Sánchez.