Sánchez estirará el 'francomodín' hasta las generales: lo próximo será expulsar a los benedictinos

La exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera es solo un aperitivo antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Una vez que éstas pasen y se vayan acercando las generales, vendrá la gran traca de la «memoria democrática».

Pedro Sánchez está decidido a exprimir el «francomodín» en estos últimos meses de legislatura, en los que la izquierda necesita movilizar a su electorado, espolearlo. Porque el de la derecha ya lo está.

De aquí a las elecciones de diciembre, y como ya informó El Debate en febrero, el Gobierno tiene previsto reformar una ley orgánica y aprobar tres reales decretos para desarrollar la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado 21 de octubre. Una norma que Vox tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional y que el PP ha anunciado que derogará si llega a la Moncloa.

De manera que habrá Franco para rato, como adelantó este lunes la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría. Quien, no obstante, lo desvinculó de la proximidad de la reválida de Sánchez en las urnas. «Nosotros, independientemente de que queden los meses que quedan, estamos trabajando en las leyes y decretos que afecten al desarrollo de la ley», señaló Alegría. «Por fin nuestras instituciones son fieles a la memoria de nuestro país y no a sus olvidos», se felicitó, por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, tendrá nuevamente un papel fundamental. Él fue quien lo dispuso todo –incluida la retransmisión hollywoodiense– para la exhumación de Franco en octubre de 2019, semanas antes de la repetición electoral del 10 de noviembre. Aunque entonces era secretario general de la Presidencia.

Su departamento elevará este año al Consejo de Ministros tres reales decretos para desarrollar la ley en vigor, según figura en el Plan Anual Normativo de 2023. El real decreto es una norma con rango de reglamento que aprueba el Consejo de Ministros y no necesita pasar por el Congreso, ni siquiera para su convalidación (como sí sucede con el real decreto ley).

Los benedictinos saldrán

El más esperado por los partidos de izquierdas es el que regulará la «organización, funcionamiento y régimen patrimonial» del Valle de los Caídos, que la actual ley ha renombrado como «Valle de Cuelgamuros». Ese real decreto servirá para expulsar a los 22 monjes benedictinos del lugar (la mitad de ellos son sacerdotes. El mayor de los monjes tiene 95 años y el más joven, 21). La cruz mastodóntica no será demolida; eso quedó descartado hace tiempo.

No obstante, queda por dilucidar en qué consiste la «resignificación» de la que habla el Ejecutivo. En enero, el prior de la abadía del Valle, Santiago Cantera, concedió una entrevista a este periódico en la que defendió que no hace falta resignificar nada. «Aunque es verdad que lo construyeron los vencedores, la idea del Valle de los Caídos apunta hacia la reconciliación, y, de hecho, el papel de la comunidad benedictina consiste en orar por los caídos de uno y de otro lado, del bando nacional y del bando republicano. Tanto los que están sepultados aquí como en otros cementerios de España. Y también orar por la paz de España. Otra cosa es que esto se haya sido capaz de asumir o no, y de comprender o no», afirmó.

También a través de un decreto, el Gobierno dará forma al Centro de Memoria Democrática, cuya creación está contemplada en el artículo 58 de la Ley de Memoria Democrática. Según su texto, para «la salvaguarda de la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sucedidas en el pasado en España y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos y los valores democráticos en el marco de un impulso universal a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».

El Gobierno creará el Consejo de la Memoria Democrática a través de un real decreto

A mayores, el Consejo de Ministros impulsará un tercer decreto para regular el Consejo de la Memoria Democrática, que estará formado por miembros del Gobierno, representantes de las entidades memorialistas y expertos. Y, también, el Registro de Entidades de Memoria Democrática.

Eso por lo que respecta al Ministerio de la Presidencia. El de Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, tiene el encargo de elaborar un proyecto de ley para modificar la ley orgánica que regula el derecho de asociación, del año 2002. El fin último es incluir en ésta un nuevo motivo de disolución, de entre los citados en el artículo 38: «La realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales», tal y como recoge la Ley de Memoria Democrática.

En paralelo a esta frenética actividad legislativa prevista, el Gobierno tiene pendiente satisfacer las demandas de los familiares de algo más de un centenar de republicanos allí enterrados, que quieren exhumar a los suyos.

La Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos que creó José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 pidió un peritaje técnico del estado de los osarios. En especial, de las criptas donde pudieran estar los columbarios reclamados por los familiares, así como de la vialidad técnica de las identificaciones de los restos. La conclusión fue clara: «El deterioro de las criptas y de los columbarios señalados, unidos al volumen de restos enterrados, hacen prácticamente imposibles, como norma general, las identificaciones individualizadas».