El Constitucional sentenciará la legalidad del sistema de plazos del aborto en su próximo pleno del 9 de mayo

En un ambiente preelectoral cada vez más tensionado y contra todo pronóstico, el Constitucional debatirá, para su aprobación definitiva, la sentencia del aborto que prepara la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, sobre la legalidad del sistema de plazos de interrupción voluntaria del embarazo de la era de José Luis Rodríguez Zapatero, denominada «ley Aído». De nada ha servido la oposición de los cuatro magistrados del sector conservador de la Corte a la fecha elegida, el Pleno del próximo día 9 de mayo, por su cercanía a los comicios municipales y autonómicos del 28-M.

El presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, ha optado por acelerar la resolución y fallo de una cuestión que se ha aplazado durante más de trece años pese a contravenir una norma no escrita que apuesta, en los más Altos Tribunales de nuestro país, por no interferir con decisiones políticas en campaña electoral.

No en vano, ya fue el propio Conde-Pumpido quien afectado por una causa de recusación en esta sentencia, salvó la posibilidad de ser apartado de la misma y, con ella, cerró la puerta a otras recusaciones y abstenciones que, sin remedio, pondrían en peligro el quorum mínimo, legalmente previsto para poder celebrar el cónclave con el que el TC dejará zanjado un asunto polémico por numerosas razones de fondo y forma. El jurista gallego sorteó las tachas que pesan sobre él en este recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, norma sobre la que conoció, se posicionó e informó al Consejo Fiscal, con un voto particular discrepante cuando era fiscal general del Estado.

Tampoco dejaba en muy buen lugar al presidente de la Corte su decisión de inadmitir la abstención planteada por la magistrada Concepción Espejel quien, en un ejercicio de responsabilidad personal, comunicó a sus compañeros del órgano de Garantías su voluntad de apartarse de un fallo y una deliberación sobre los que tenía una «idea preconcebida». Espejel –junto con la ponente designada para redactar la sentencia del aborto, Inmaculada Montalbán, tras la renuncia de Enrique Arnaldo– fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que informó al Gobierno socialista de Zapatero sobre la inconstitucionalidad de algunos preceptos de su ley del aborto. Y, por tanto, se considera «contaminada» para resolver sobre la norma en discusión.

Un Pleno «indebidamente» constituido

Así las cosas, según ha podido saber El Debate, y si nada lo remedia, el próximo miércoles día 9 de mayo en el Pleno que se convocará, con su correspondientes orden del día, la próxima semana, quedará avalada en su totalidad la «ley Aído» del sistema de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo. No será un cónclave amable ni unánime, no sólo por la posición discrepante de, al menos, cuatro magistrados con el texto que prepara Montalbán sobre el fondo del asunto sino, también, por la decisión «inédita» del presidente que llevó a rechazar la abstención de la magistrada Concepción Espejel en una causa de la que ella misma se había autoexcluido por su falta de imparcialidad.

«Se ha obligado a intervenir a quien ya había manifestado que tenía formado un criterio sobre el tema de fondo con la emisión del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)» del que la veterana jurista formaba parte durante la tramitación del Anteproyecto legislativo que desembocó en la norma actual, criticaron fuentes próximas al Tribunal en la primera reunión fijada para debatir sobre el borrador de Arnaldo. Y, para ello, se ha hizo «una interpretación de excepción con la que se ha impedido» el ejercicio de «un deber personal fundado en una causa justificada», apuntaron las mismas fuentes consultadas por El Debate.

Y, por ello, como entonces, el Pleno del 9 de mayo quedará, de nuevo «indebidamente constituido» por la presencia de varios magistrados que, inmersos en causas objetivas carecen de la independencia e imparcialidad necesarias para ello. En un cajon, ya, los escritos de recusación presentados –primero, por los diputados recurrentes del Partido Popular y, más recientemente, por un total de 140 asociaciones civiles, representadas por 10 organizaciones– contra ellos porque conocieron la «ley Aído» y dieron su opinión sobre ella, de uno u otro modo, en algún momento de su tramitación.