El TC aprobará la sentencia a favor de la ley del aborto de Zapatero en el Pleno de la próxima semana

Ya es oficial. Tal y como avanzó El Debate en exclusiva, el Pleno del Constitucional resolverá, el próximo día 9 de mayo, el recurso planteado por el Partido Popular hace 14 años contra varios de los preceptos contenidos en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud seual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, la Corte de Garantías validará, en firme, el sistema de plazos del aborto de la conocida como «ley Aído» aprobada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pese a las reticencias del bloque conservador del órgano, partidario de congelar la votación del nuevo texto redactado por la magistrada Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del TC, hasta después de la cita con las urnas municipales y autonómicas del 28 de mayo, el presidente Cándido Conde-Pumpido ha optado por acelerar la resolución y fallo de la cuestión. Y lo ha hecho, en contra de una norma no escrita que apuesta, en los más Altos Tribunales de nuestro país, por no interferir con decisiones políticas durante los períodos de campaña electoral.

Fuentes próximas a la institución hablan de malestar en el seno de la Corte, y lamentan la forma en la que el texto definitivo de la ponencia de Montalbán validará en su totalidad, y sin matices, la ley de plazos de interrupción voluntaria del embarazo de la era Zapatero en el marco de un nuevo cónclave «indebidamente» constituido al efecto.

Y es que, de nada han servido los escritos de recusación presentados –primero, por los propios diputados del Partido Popular que pleitean contra la norma y, más recientemente, por un total de 140 asociaciones civiles, representadas por 10 organizaciones– contra varios de los magistrados inmersos en causas objetivas que, por falta de independencia e imparcialidad, deberían estar apartados de la deliberación y el fallo de un asunto que conocieron, de uno u otro modo, en algún momento de su tramitación.

El propio Conde-Pumpido era el primero en sortear su propia recusación en el recurso de inconstitucionalidad pese a que conoció el contenido de la ley, antes de que lo fuera, y se posicionó e informó al Consejo Fiscal, con un voto particular discrepante del de la mayoría del órgano, cuando era fiscal general del Estado. Pero es que, además, sentó un importante y dudoso precedente, con el apoyo de la mayoría de izquierdas del Tribunal, al negarse a avalar, por otra parte, la abstención solicitada por la magistrada Espejel.

Tal y como adelantaba El Debate en exclusiva el presidente del TC no quiso «ni oír hablar» de la posibilidad de no intervenir en la votación de un recurso vital para la izquierda ideológica del órgano. Y, con ello, cerró la puerta a todas las abstenciones que «deberían haberse producido por iniciativa propia de varios magistrados» porque de hacerlo «daría la sensación de una avalancha de bajas» en el seno de la Corte «por razones políticas», aseguraban fuentes próximas a la causa.