La Audiencia Nacional envía al banquillo por corrupción a Raúl Morodo, exembajador de Zapatero en Venezuela

quince días de plazo para informar con detalle de todos sus bienes y una solicitud de pena de tres años y seis meses de prisión y multa de 378.000 euros, según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, por varios delitos contra la Hacienda Pública. Éste es el delicado escenario al que se enfrenta Raúl Morodo, el que fuera embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional (AN) Alejandro Abascal, a cargo del conocido como 'caso Morodo', ha abierto juicio oral tras indagar sobre los más de 4,5 millones de euros que Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido, presuntamente, de manera irregular, de la petrolera venezolana PDVSA,

En el auto de apertura de juicio oral del magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1, al que ha tenido acceso El Debate, se remiten las actuaciones para sentar en el banquillo de los acusados, además, al hijo del exdiplomático, Alejo Morodo y a la esposa de éste, Ana Catalina Varandas, por sendos delitos de fraude a la Hacienda Pública que ambos habrían cometido entre los años 2013 y 2017. Para ellos, el Ministerio Público endurece la solicitud de penas: 8 años y medio de prisión para cada uno de ellos y multas que ascienden hasta los 4 millones de euros por cabeza.

No en vano, de acuerdo con el escrito de calificación preliminar, la fiscal Ana Cuenca apunta a unas responsabilidades civiles en el caso de Morodo hijo y su esposa que, de ser condenados, tendrían que indemnizar al erario español, de manera solidaria, con 617.442€ por la defraudación del ejercicio 2013; Alejo Morodo, individualmente, con 315.273€ por el de 2014; Raúl Morodo con 126.222€ por 2014; y Ana Catarina Varandas con 435.970€ por la defraudación de 2017.

Fin a una querella de Anticorrupción

Como ya había adelantado El Debate, las pesquisas desarrolladas por el magistrado Absacal, tras la querella interpuesta por Anticorrupción, en enero de 2019, han terminado por aportar pruebas concluyentes de los presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública perpetrados por Raúl Morodo, su hijo y varios terceros, personas físicas y jurídicas, vinculados a la supuesta trama orquestada entorno al exdiplomático. Una organización en la que se señaló, desde un principio a los venezolanos Carlos Adolfo Prada Gómez y Juan Carlos Márquez Cabrera, este último ya fallecido.

Entre todos ellos, presuntamente, distrajeron un total de 4,5 millones de euros, recibidos de PDVSA, «carentes de justificación real y lógica comercial». Sin embargo, en enero de este mismo año, y a petición de la Fiscalía, la causa se dividió en dos derivadas, la trama principal o 'caso Morodo' y la conocida como 'caso Venezolanos' porque, si bien «ambos casos mantenían la conexidad inicial, estaban perfectamente diferenciados y dotados de elementos propios» para ser juxgados por separado.

Una descripción detallada de sus bienes

En el auto que ha sido notificado este viernes, el juez instructor ha dado a los acusados un plazo de un mes, hasta el 5 de junio, para presentar su escrito de defensa. Entre tanto, en los próximos 15 días, los tres deberán aportar una relación detallada de todos los bienes y derechos de los que sean titulares, con el objetivo de asegurar que podrán hacer frente, de ser condenados, a las futuras y evetuales responsabilidades civiles que determine la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el órgano competente para enjuiciarlos.

Hasta que llegue la vista, Raúl y Alejo Morodo, y la mujer de este último, quedarán en situación de libertad provisional con expresa imposición de medidas cautelares: comunicar su domicilio de residencia en España, por si fuese necesario localizarles, y la obligatoriedad de comparecer a los llamamientos judiciales que sean precisos desde ahora en adelante.

«Cuantiosas rentas» sin declarar

En su escrito de acusación, la Fiscalía ponía el foco entre los años 2007 y 2015, cuando Alejo Morodo habría centrado su «actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional». Una dedicación de la que habrían obtenido «cuantiosas rentas». Para ello, y siempre según el relato de Anticorrupción, Alejo Morodo se valió de «relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España». Con tal motivo, Morodo hijo inició «una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014».

«Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el Impuesto de Sociedades», sostenía el Ministerio Público.

En la «ejecución de esta ilícita actuación», indica Anticorrupción, «participaron Ana Varandas y Raúl Morodo». En el caso del exembajador «también ocultó a la Hacienda Pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades», ha puntualizado la Fiscalía. Por su parte, la Abogacía del Estado interesa que Alejo Morodo sea condenado a 4 años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública por el IRPF del ejercicio 2013 y a 3 años y 6 meses de prisión por un delito del mismo tipo por el IRPF del ejercicio 2014.

Los letrados públicos, además, señalan a Varandas con una pena de 4 años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública por el IRPF del ejercicio 2013 y 3 años de prisión por un delito del mismo tipo en relación al IRPF del año 2017. Y, al propio Raúl Morodo, a una sanción de 2 años y 8 meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública por IRPF del ejercicio 2014.

La Abogacía pide, también, que el matrimonio de Morodo hijo y su mujer, indemnice conjunta y solidariamente en concepto de responsabilidad civil a la Hacienda Pública un total de 617.442,62 euros por la defraudación cometida en la declaración del IRPF del ejercicio 2013. En idénticas cuantías a las consignadas por la Fiscalía, la Abogacía interesa las penas pecuniarias para cada una de las responsabilidades personales derivadas de las actuaciones irregulares.

Un delito de organización criminal

El sindicato Manos Limpias, cuyo presidente Miguel Bernad interpuso la denuncia, es la acusación que contempla penas más elevadas. Así, ha pedido que Alejo Morodo sea condenado a 18 años y 6 meses de cárcel por un delito de organización criminal, otro de blanqueo de capitales y dos contra la Hacienda Pública.

Además, en el escrito elaborado por la representación legal de Manos Limpias, ejercida por el letrado José María Bueno, se insta a que Varandas afronte una pena de 12 años y 6 meses por los mismos delitos. En cuanto a Raúl Morodo, interesa una condena de 9 años y 6 meses por un delito de organización criminal, otro de blanqueo de capitales y uno contra la Hacienda Pública.

Manos Limpias también pide que sean condenados a indemnizar a la Hacienda Pública en la misma cantidad solicitada por la Abogacía del Estado.

Por su parte, la Agencia Tributaria, personada también como acusación, interesa para el exembajador la pena de 2 años y 8 meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública por el IRPF del ejercicio 2014. Para Alejo Morodo solicita 4 años de prisión por el ejercicio de 2013, y 3 años y 6 meses por el de 2014; mientras que para su esposa interesa 4 años por el IRPF de 2013, y 3 años de cárcel por el delito contra la Hacienda Pública por IRPF del ejercicio 2017.