El PSOE normaliza el uso partidista de la Moncloa durante cinco años y le sale muy barato

Pedro Sánchez ha llevado a otro nivel la utilización partidista de la Moncloa, sin que las advertencias de la Junta Electoral Central hayan surtido efecto. El último toque de atención de la JEC es ese expediente sancionador abierto contra la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por no respetar la debida neutralidad en periodo electoral, y ya van dos.

Rodríguez no es una excepción, sino la norma: las dos anteriores portavoces que ha tenido Sánchez, Isabel Celaá y María Jesús Montero, también fueron llamadas a capítulo. En el caso de Celaá, recibió una multa de 2.200 euros.

El propio presidente del Ejecutivo fue multado con la cantidad simbólica de 500 euros por conceder una entrevista a La Sexta desde el palacio presidencial en la campaña de las generales de noviembre de 2019, para alardear de gestión. Peccata minuta teniendo en cuenta que Sánchez ostenta el título del primer presidente de la democracia que ha abierto las puertas de la Moncloa a dos productoras para hacer un documental sobre su vida y obra. Documental que lleva meses en la nevera porque Secuoya Contenidos y The Pool aún no han encontrado comprador para él.

Una prolongación de Ferraz

La sala de prensa de la Moncloa se convertido en una extensión de la del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz. El pasado febrero, la Secretaría de Estado de Comunicación borró la ya de por sí delgada línea roja que quedaba entre una y otra. Lo hizo al sentar a derecha e izquierda de la portavoz, en una comparecencia tras el Consejo de Ministros de los martes, a las ministras de Hacienda y de Educación, María Jesús Montero y Pilar Alegría. Que son, a su vez, vicesecretaria general del PSOE y portavoz del partido.

La primera cargó contra el «empobrecimiento de la clase media y el debilitamiento del Estado del Bienestar» provocado por las «recetas de la derecha». La segunda se quejó de que las comunidades del PP presuman de eliminar el impuesto de Patrimonio y luego no inviertan en Educación pública.

Durante estos meses de precampaña del 28-M, Sánchez también ha utilizado la Moncloa para promocionar las candidaturas de Reyes Maroto y de Carolina Darias a las alcaldías de Madrid y Las Palmas de Gran Canarias, respectivamente. En febrero, la exministra de Sanidad llegó a comparecer dos martes consecutivos, a pesar de los codazos que hay para tener sitio en esas ruedas de prensa, dado que es un Gobierno de 22 ministros.

Que se lo pregunten a Irene Montero e Ione Belarra, puesto que ambas ministras han denunciado públicamente haber sido vetadas en algún momento en esas ruedas de prensa. Los datos que publicó El Debate el pasado 7 de abril dan la razón a las titulares de Igualdad y de Derechos Sociales: salen la mitad que la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El 8 de noviembre, en pleno conflicto entre Isabel Díaz Ayuso y los profesionales de la Sanidad madrileña, Darias compareció desde la Moncloa con un cargamento de gráficos impresos a tamaño Dina A3 para acusar a la presidenta madrileña de desmantelar Salud Madrid. Solo 11 días después oficializó su candidatura al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

En el caso de Maroto, el 14 de marzo compareció por última vez tras el Consejo de Ministros, antes de dejar el Gobierno. La ministra portavoz alabó el «trabajo implacable» de la hasta entonces ministra de Industria, que a su vez proclamó: «Hemos podido desarrollar una política industrial de Estado».

No es solo que la Secretaría de Estado de Comunicación, bajo la dirección de Francesc Vallès, gestione las ruedas de prensa en la Moncloa basándose en criterios electorales. Sino que, además, ejerce un férreo control sobre los medios de comunicación que pueden preguntar y los que no.

En las comparecencias de los martes existe un patrón. Normalmente la portavoz del Ejecutivo deja preguntar a seis medios de comunicación de entre la treintena larga que asiste regularmente a las convocatorias. Es ella la que reparte los turnos, en comunicación constante a través del móvil con el secretario de Estado, que observa desde la primera fila.

Rodríguez da prioridad a los medios públicos, de manera que Efe, RNE y TVE tienen micrófono asegurado si así lo solicitan. Del resto de la prensa acreditada, El País y La Sexta reciben un trato preferente, puesto que pueden preguntar casi semanalmente. Así que normalmente no queda más que un turno de palabra a repartir entre el resto de los medios, dos a lo sumo.

En las escasas comparecencias de Sánchez en la Moncloa la mecánica es muy parecida, salvo en los casos en que el presidente comparece junto a algún mandatario internacional, como lo hizo la semana pasada junto al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o este jueves junto al colombiano Gustavo Petro.

Ahí, la Secretaría de Estado de Comunicación fija el número de intervinientes (normalmente dos nacionales y dos extranjeros) y deja que sean los periodistas los que elijan quiénes de sus compañeros harán las preguntas, en un sistema de turnos. Es la única ocasión en la que la prensa puede evitar la dedocracia de la Moncloa.

En esta precampaña del 28-M, el Gobierno no está haciendo nada que no hiciera el año pasado con motivo de las elecciones en Castilla y León en febrero y en Andalucía en junio. El Consejo de Ministros aprobó el PERTE agroalimentario, dotado con 1.000 millones de euros, cinco días antes de que los castellanos y leoneses acudieran a las urnas. Con dos meses de oportuno retraso. El PP lo denunció ante la Junta Electoral Central.

En los días previos a los comicios andaluces, el Gobierno aprobó un plan específico para luchar contra el desempleo en Andalucía, dotado con 50 millones de euros. Aunque no le sirvió para impedir la mayoría absoluta de Juanma Moreno.