El Gobierno más gastador veta una iniciativa de Vox para ampliar la ayuda por hijos enfermos porque costaría mucho

La precampaña electoral ha dejado al descubierto el auténtico motivo por el que Pedro Sánchez se reservó para este año un colchón de 32.300 millones de euros, que no incluyó en los Presupuestos Generales de 2023. Un dinero procedente de la recaudación récord de impuestos en 2022 por la inflación desbocada, que superó las mejores previsiones del Ministerio de Hacienda. Éste estimaba que serían en torno a 21.000 millones extra.

El departamento de María Jesús Montero justificó entonces que las arcas del Estado guardarían a buen recaudo ese remanente en previsión de que tuvieran que prorrogar algunas de las ayudas y subsidios decretados para sobrellevar la crisis energética y económica provocada por la invasión de Ucrania. Puesto que las cuentas públicas solo incluyeron la prórroga de la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia para viajeros frecuentes (600 millones de euros anuales).

Sin embargo, la realidad es que Sánchez está utilizando el colchón para cortejar a los votantes más jóvenes. La paradoja es que mientras, en paralelo, el Gobierno está vetando (o sigue vetando, más bien) iniciativas de los grupos parlamentarios con el argumento de que supondrían un coste extra para la hucha del Estado.

El caso más significativo es uno protagonizado por Vox: el Ejecutivo ha impedido debatir siquiera en el Congreso una proposición de ley presentada por los de Santiago Abascal para mejorar la prestación para el cuidado de hijos enfermos, a la vez que Sánchez continúa de gira con su «tómbola electoral», en palabras de la popular Cuca Gamarra.

El comodín del Gobierno

La Constitución confiere al Ejecutivo la potestad de evitar que se tramiten las iniciativas de los grupos parlamentarios que cuesten dinero. Lo hace en el artículo 134.6: «Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación», estipula la Carta Magna.

Cada vez que un grupo parlamentario registra una proposición de ley, la Mesa del Congreso se la envía al Gobierno para que dé el visto bueno a su toma en consideración. Es decir, a que sea admitida a trámite y se debata, lo cual no presupone su aprobación ni mucho menos. El Ejecutivo dispone de 30 días para pronunciarse y lo normal es que agote el plazo.

El pasado miércoles 3 de mayo, en plena espiral de anuncios y gasto de Sánchez, el grupo parlamentario de Abascal recibió malas noticias de la Moncloa. El Gobierno había comunicado al Congreso su disconformidad con la toma en consideración de la proposición de ley de Vox para mejorar la prestación para el cuidado de hijos enfermos. El Ejecutivo se escudó en ese artículo 134.6 de la Constitución para echar por tierra la iniciativa sin necesidad, si quiera, de esperar a su debate y votación en la Cámara Baja.

La iniciativa del grupo de Abascal perseguía, entre otras cuestiones, eliminar el requisito de que el menor al cargo esté o haya estado hospitalizado para percibir esa prestación, «de modo que baste la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del enfermo en régimen ambulatorio o domiciliario». También, ampliarla a las personas que tienen menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o de guarda legal con fines de adopción.

El Gobierno no ha dado opción a que Vox explique su iniciativa sobre la tribuna de oradores, ni siquiera. No obstante, los grupos de la oposición están acostumbrados, porque el Ejecutivo tiene cierta tendencia a utilizar el comodín del veto preventivo ante proposiciones de ley que no le gusta.

En lo que va de legislatura lo ha hecho 34 veces. Solo en estos poco más de cuatro meses transcurridos de 2023, el Ejecutivo ha vetado la tramitación de 13 proposiciones de ley escudándose en ese «aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios» que las hace, a su juicio, inviables.

Entre ellas, una del PP para ayudar a las clases medias ante la subida de las hipotecas. Los populares planteaban recuperar temporalmente la extinta deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF para rentas de hasta 60.000 euros, hasta un máximo deducible de 5.000 euros.

El último barómetro del CIS con intención de voto puso cifras al desinterés de los jóvenes por la política. En él, solo el 56,4 % de los encuestados de entre 18 y 24 años y el 65,7 % de los de entre 25 y 34 años declaraban que irían a votar con toda seguridad. Un porcentaje de participación que, por el contrario, a partir de los 35 años supera el 70 % en todas las franjas. Y que incluso alcanza el 76,4 % en el caso de los mayores de entre 65 y 74 años. Ahí están explicadas las urgencias del PSOE.