Sánchez se obceca y lleva a Ayuso al Constitucional por torpedear su ley de eutanasia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ir nuevamente al choque contra Isabel Díaz Ayuso, a dos días del arranque oficial de la campaña y solo una semana después de que el ministro Félix Bolaños protagonizara un episodio polémico durante los actos en conmemoración del 2 de mayo. Y, sobre todo: a pesar de que, hasta ahora, no le ha dado ningún resultado, sino al contrario.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley que la Asamblea de Madrid aprobó para esquivar la aplicación de la ley de eutanasia de Sánchez en algunos supuestos.

Se trata, en concreto, de la ley por la que la Comunidad aprobó en febrero la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Según la norma, la eutanasia en estos casos ha de ser autorizada por un juez. «En todo caso, cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad a la que se haya provisto de un apoyo de carácter representativo para el ejercicio de la capacidad jurídica o se determine de manera expresa en la resolución que estableció el apoyo, se tramitará un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial», según la norma madrileña.

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, esta cláusula protege el «derecho reconocido de la vida de las personas con discapacidad». Sin embargo, para el Gobierno central supone una vulneración del derecho a la eutanasia de los discapacitados, además de una invasión de competencias del Estado. Así lo ha explicado en rueda de prensa la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Ayuso siempre ha sido muy crítica con la ley de eutanasia. De hecho, este martes en un desayuno organizado por El Debate la presidenta madrileña ha incluido esta norma, en vigor desde junio de 2021, entre las que deberá derogar Alberto Núñez Feijóo. «Nosotros defendemos la vida y la dignidad humana, y creemos que cada hombre, cada mujer, es único e irrepetible», ha afirmado.

La reacción de la Puerta del Sol no se ha hecho esperar. Fuentes de la Presidencia recuerdan que cualquier intervención médica que ponga en riesgo la vida de una persona adulta con discapacidad debe requerir autorización judicial. «No es algo que digamos nosotros, lo metemos porque así lo dictamina el Código Civil. Pero en ningún caso hacemos referencia a autorizar eutanasia», añaden.

El Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde-Pumpido, avaló el pasado marzo la constitucionalidad de la ley de eutanasia por nueve votos a favor y dos en contra. Porque, según el máximo intérprete de la Carta Magna, ampara «un derecho de autodeterminación», que permite a la persona «decidir de manera libre y consciente el momento de morir en situaciones médicamente contrastadas de enfermedades terminales».

Poco antes de ese anuncio, durante el desayudo de El Debate, Ayuso había confirmado su intención de recurrir ante el TC la Ley de Vivienda por vulneración de las competencias autonómicas.