El PSOE vota en contra de endurecer las penas de la malversación como pide la Comisión Europea

«No» rotundo del PSOE a la moción presentada por el Partido Popular en el Senado para que el Gobierno adaptase la Ley 10/1995 del Código Penal a la propuesta de la Comisió Europea que, el pasado 3 de mayo de 2023, pidió a España endurecer las penas del delito de malversación y homologar las medidas anticorrupción con el resto de los países miembros de la UE.

Con un total de 253 votos emitidos, de los cuales 108 han sido positivos y los 145 restantes negativos –cosecha del PSOE, ERC, Bildu, Junts y PNV– ha quedado rechazada la posibilidad legal de modificar el escenario actual y adecuar las consecuencias derivadas de la apropiación indebida de fondos públicos a sanciones más agravadas que las actualmente previstas en nuestro ordenamiento, tras el retoque legal de Pedro Sánchez sobre el mismo para contentar a sus socios separatistas de Esquerra (ERC).

La moción del PP sí ha sido avalada por formaciones como Vox, Ciudadanos, Teruel Existe o Navarra Suma. El senador del PP Francisco Javier Márquez, quien ha defendido la propuesta en el pleno, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber acometido la reforma del delito de malversación para contentar a ERC y poder aprobar así los Presupuestos Generales del Estado.

Una pena de, al menos, cinco años

Cabe recordar que la Comisión Europea ha planteado en su propuesta una pena máxima de al menos cinco años para ese tipo de delitos en toda la UE, una propuesta que obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación, tras la modificación acometida por el Gobierno de coalición, que ha rebajado las penas para ciertos casos.

Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas –de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación– pero precisando que debe haber «ánimo de lucro» cuando la autoridad o funcionario público «se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».

Además, creó dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas», con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años.

Y un segundo tipo para «la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado», sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación.

Reforma «exprés» para contentar a ERC

Este miércoles, el PP en su intervención ha recriminado al Ejecutivo que a pesar de que defendieron que con la reforma buscaban homologar el derecho doméstico a Europa, el «motivo exprés» era poder contar con el voto de ERC.

A su juicio, tras el análisis de la Comisión Europea de la reforma, «las vergüenzas del Gobierno de Sánchez han quedado al descubierto» y esa homologación ha resultado ser un argumento «falso». «Sánchez y el PSOE anteponen sus intereses partidista a los intereses de los españoles, anteponen sus sillones a los valores democraticos (...), prefieren pactar las penas a la carta con los condenados por el procés», ha apuntado.

Frente a esto, el senador del PSOE Joan Lerma ha lamentado que el PP haya planteado un debate sobre Cataluña aprovechando una propuesta de la Comisión Europea. Y ha recordado que con la actitud de los presidentes 'populares' se llegó en esa región a «dos referéndum ilegales y a la división de la sociedad catalana».

Tanto el PP como Vox y Ciudadanos han defendido en sus turnos de palabra que el objetivo último de la reforma de la malversación, emparejada con la supresión del delito de sedición, era que Sánchez siguiera en el poder. Lerma le ha dado la vuelta al argumento matizando que «efectivamente es para que Sánchez y gente sensata siga en el Gobierno y no crispe a los ciudadanos y sea posible la convivencia en Cataluña».

Además, ha afeado al PP que tenga prisa ahora por reformar el Código Penal en base a una propuesta de directiva europea pero en cambio no escuchara al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, cuando señaló que «la prisa era fundamentalmente hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial» (CGPJ). «Ahí es donde tenían que tener prisa, para llegar a la Presidencia española de la UE con el CGPJ renovado», ha apostillado.