La dirección de ETA dio vía libre para matar al policía o guardia civil que los etarras quisieran

Las siglas TP 2/2023 y TP 3/2023 son la llave que ha inaugurado la Audiencia Nacional para abrir la puerta a que los etarras arrepentidos declaren con la tranquilidad de no ser identificados gracias a la figura del ‘testigo protegido’. Esta llave ha sido empleada por primera vez en el medio siglo de existencia de la organización terrorista para proteger la identidad de dos integrantes del Comando Donosti que han implicado a las cúpulas de ETA en la comisión de sus atentados.

«Teníamos libertad para atentar contra cualquier policía nacional o guardia civil», declararon ante el juez de la Audiencia Nacional los dos terroristas escondidos tras la llave. Sin embargo, sí que tenían que pedir permiso para asesinar al resto de objetivos terroristas, políticos, empresarios, jueces, funcionarios o periodistas, explicaron según la documentación de la causa que persigue a la cúpula etarra que permitió el asesinato del concejal del Partido Popular de San Sebastián, Gregorio Ordóñez.

Los dos ex etarras testigos protegidos que participaron en comandos de los años 80 y 90 respectivamente, desvelaron «el funcionamiento y composición de las estructuras directivas» de la organización terrorista así como el papel que cada integrante de esas cúpulas tenían en cada toma de decisiones, según ha explicado la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, que ha sido la que ha propiciado la apertura de casi una decena de causas terroristas para implicar a las cúpulas terroristas.

Primeros testigos protegidos

De esta forma, y tras el anonimato que proporciona la figura del testigo protegido, esta asociación muestra su esperanza en que esta ayuda permita esclarecer más casos o, al menos, desvelar y juzgar a las personas que, como ya ha declarado la Audiencia Nacional, «ordenaran o no impidieran» la comisión de los atentados que permanecen sin esclarecer o sin la totalidad de los implicados inculpados.

En la actualidad, además del caso de Gregorio Ordóñez, hay varios casos en los que la Audiencia Nacional se encuentra persiguiendo a los autores intelectuales de los atentados. La declaración de los testigos protegidos puede resultar fundamental para la inculpación de las distintas cúpulas etarras.

Además, desde Dignidad y Justicia han aportado la cifra de 379 asesinatos de la organización terrorista ETA sin esclarecer y para los que la colaboración de los propios terroristas, ahora que, según afirman quienes formaron parte de ETA, la banda terrorista no existe, puede resultar fundamental para aportar luz a las familias de los asesinados.