Al menos diez ministros de Sánchez viven en pisos gratis sin autorización del Estado

Medio Gobierno se salva de sufragar la factura que más ahoga a las familias españolas: viven en grandes pisos, o incluso palacios, sin pagar ningún tipo de alquiler. Tampoco soportan el gasto en luz, climatización, agua o teléfono y ninguno de ellos ha explicado si tributan por lo que, en cualquier empresa privada, sería un «pago en especie» insoslayable ante Hacienda.

Pero además, según se desprende de la documentación oficial obtenida por El Debate, ni siquiera existe autorización formal alguna del propio Estado para disfrutar de ese privilegio, del que disponen aparentemente por costumbre o permiso verbal desde hace lustros.

Así figura en un informe del director general de Patrimonio del Estado, Juan Tejedor Carnero, al que ha accedido este periódico, en el que reconoce tan sorprendente realidad de manera elocuente: «No se han emitido informes ni autorizaciones por la Dirección General del Patrimonio del Estado ni se tiene conocimiento en este Centro Directivo del eventual otorgamiento de autorizaciones de uso por parte de Departamentos ministeriales u Organismos públicos».

Es decir, la decena de ministros que, como la titular de Hacienda, María Jesús Montero, viven en un inmueble vinculado al Ministerio de Hacienda en el que se ha gastado casi 24.000 euros en remodelar la cocina al completo, no tienen ningún tipo de contrato y son, de algún modo, «okupas de alto standing».

Patrimonio del Estado, que a más inri depende de la implacable Hacienda, se escuda en un argumento sorprendente para intentar explicar a duras penas una anomalía en un Gobierno que, en lo relativo a las viviendas de los demás, se muestra exigente al máximo: la fiscalidad sobre el patrimonio es de las más altas de Europa, se fijan topes a los alquileres e incluso se ha llegado a coquetear con la expropiación a los grandes propietarios de viviendas vacías.

Pues bien, para los altos cargos la historia es bien distinta y la excusa es la siguiente: «No existe normativa específica que regule de forma estructurada la utilización de inmuebles propiedad del Estado como vivienda por los ministros y otros miembros del Gobierno y Altos Cargos».

La pretendida ausencia a la que se refiere Patrimonio del Estado en realidad no es tal, puesto que la misma está regulada en la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece el procedimiento a seguir con las viviendas asignadas a determinados ministros.

Una decena de ministros vive gratis, sin una asignación formal, gastando en reformas, vajilla o jardinería y sin dar grandes explicaciones

Patrimonio del Estado certifica que no se ha cumplido con este régimen legal, permitiendo esta especie de «ocupación» con todos los gastos pagados, de una manera caótica y casi al capricho de los ministros, como demuestra el hecho de que en circunstancias parecidas de responsabilidad y rango, unos se sirven del privilegio y otros, por el contrario, optan por vivir en sus residencias particulares y se sufragan los gastos.

Los «sin papeles»

En el primer apartado, el del «gratis total sin papeles», están Nadia Calviño, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska, Miquel Iceta, Diana Morant, Luis Planas, o Raquel Sánchez, al menos.

Todos ellos residen en distintas instalaciones públicas, sin concesión formal de Patrimonio, sin abonar factura alguna y con gastos en jardinería, menaje, limpieza o reformas, revelados por este periódico, de lo más abultados.

Diana Morant, por ejemplo, se gastó 125.000 euros en muebles, decoración y reformas en su vivienda gratis del Ministerio. La titular de Hacienda, partidaria de subir aún más la presión fiscal, dedicó 24.000 euros a ponerse una cocina nueva en su residencia oficial gratuita. Y su compañera en Transportes, Raquel García, invirtió 44.000 euros en menaje, limpieza y jardinería en otro inmueble en el que vive con todos los gastos pagados.

El caso del presidente Sánchez llama especialmente la atención, pues una vez más se ampara en su condición de jefe del Gobierno para negarse a informar sobre los gastos en los que su residencia en Moncloa incurre.

«La condición de Presidente del Gobierno se ejerce de forma continua e íntegra durante todo el lapso de tiempo que discurre entre su nombramiento y cese, sin contemplar ningún periodo determinado, o determinable, en el que el Jefe del Ejecutivo no ostente esa condición», según recoge un documento de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, del pasado 14 de marzo y que obra en poder de El Debate.

En todo caso, la Moncloa dispone de un presupuesto anual que, de media en los últimos años, ronda los 40 millones de euros, cinco veces superior al de la Zarzuela, que subirá hasta los 130 millones en este 2023 para atender, por todo lo alto, la Presidencia de turno de la Unión Europea.

No todos hacen lo mismo

Por el contrario, no incurren en esos chollos otros ministros que o bien son de Madrid o bien, perteneciendo en origen a circunscripciones ajenas a la capital, han optado por ahorrarle esa cuenta al erario y se hacen cargo de su vivienda. Son los casos, al menos, de Irene Montero, Ione Belarra, Alberto Garzón, Margarita Robles o José Luis Escrivá.

Todo ello figura en la documentación oficial acumulada por El Debate durante meses de investigación que permite alcanzar una conclusión: buena parte del Consejo de Ministros se libra de los gastos y del control que, sin embargo, imponen a la ciudadanía o a otras instituciones como la Casa Real, sometida a un control presupuestario y a un escrutinio público bien distinto al que se aplican Sánchez y sus compañeros de Gabinete.