Sánchez se niega a enseñar su nómina y no aclara si recibe dos sueldos mensuales a la vez

Pedro Sánchez, y todo su Gobierno, ha exigido públicamente transparencia al Rey y a la Casa Real en el manejo de sus fondos y cuentas, pero él no se la aplica a sí mismo en un aspecto crucial: sus propios ingresos anuales, que pueden diferir mucho de los que sí son conocidos, los 86.542 euros brutos anuales que figuran como sueldo del presidente del Gobierno.

A pesar de que esa cifra es pública, el líder socialista se niega a hacer pública su nómina, según consta en un documento oficial de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, fechado el pasado febrero, que obra en posesión de El Debate y prolonga la opacidad exhibida por Moncloa en este asunto, hasta en tres frentes distintos.

Porque Sánchez, escudado en su equipo o en Meritxell Batet, no ha aceptado ni reconocer si cobra dos retribuciones mensuales ni mostrar públicamente su nómina ni, tampoco, detallar qué gastos supone para el erario su residencia en el Palacio de la Moncloa.

Así, el mismo presidente que ha impulsado el mayor crecimiento de la presión fiscal en el mundo, junto a Corea del Sur y Eslovaquia; que acaba de aprobar una Ley de Vivienda durísima contra los propietarios o que no ha podido evitar la devaluación del 5,4 % de los salarios en España; opta por esconder del escrutinio público esos mismos tres conceptos referidos a su persona.

La difusión de su «nómina mensual» permitiría saber si a su salario conocido se le añaden otros ingresos, en concepto de «indemnización», como diputado por Madrid, que elevarían su salario real a cerca de 100.000 euros, más todos los gastos cubiertos de alojamiento, suministros y desplazamientos, una parte de los cuales estarían además exentos de tributación fiscal.

Según consta en el citado documento, no es posible enseñar públicamente los ingresos reales del presidente porque «dar acceso a las nóminas» de una persona «puede permitir el acceso a datos de carácter personal especialmente protegidos (…), esto es, datos reveladores de la ideología, la afiliación sindical, la religión y las creencias y datos referentes al origen racial, a la salud y a la vida sexual».

Una excusa, pues la difusión de la nómina es un acto voluntario, como demuestran los ejemplos de otros políticos que las han dado a conocer e incluso las publican en las páginas webs de sus partidos, con acceso libre, como es el caso de los dirigentes de Compromís.

Las dietas, como se las conoce coloquialmente en el argot parlamentario, están dotadas con una horquilla de entre 1.959,62 euros mensuales para los electos por circunscripciones ajenas a Madrid, como es el caso de la andaluza Montero; y los 935,37 euros para los que fueron elegidos en la capital, como Sánchez. De ninguno de los dos consta la renuncia a ese sobresueldo.

Segunda negativa

Así se refleja en un documento oficial que ya publicó El Debate en el que Batet se negó a aclarar si Sánchez y Montero se sirven de su condición de parlamentarios para mejorar su sueldo real hasta bordear los 100.000 euros anuales.

«Se considera que debe prevalecer la garantía de tal intimidad sobre el interés público a la divulgación, pues conocer las cuantías abonadas a cada uno de los Diputados no es un dato necesario a efectos del control del gasto público de la Cámara en esta materia», arguyó Batet a través de la Secretaría General del Congreso.

Una afirmación desmontada por la muy reciente sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 17 de noviembre de 2022, donde manifiesta que «el interés público sobre el destino y eficiencia del gasto público sobrepasa sin género de dudas la afectación a la esfera personal» y por ello «en la ponderación que ordena el artículo 15.3 de la Ley de Transparencia prevalece el interés público sobre la afectación indirecta de la esfera de los datos personales».

Pese a ello, Batet echó balones fuera para no aclarar lo que, sin embargo, parece más que probable por lo que reconoce a la vez: «La indemnización por los gastos originados por el ejercicio de la función se abona a todos los diputados por su condición de parlamentarios», se escribe en un documento que obra en poder de El Debate, del pasado 2 de enero, firmado por la Secretaría General del Congreso, a cuyo frente se sitúa el Letrado Mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez Vicén.

Sánchez no quiere enseñar su nómina ni revelar si cobra dos «sueldos» ni tampoco cuánto se gasta en la Moncloa

La ley impide cobrar dos sueldos a cargos públicos como Sánchez o Montero, pero el truco está en lograr esos ingresos bajo un epígrafe distinto al salarial que, técnicamente, se dedica a ayudar a los diputados a mantenerse fuera de sus provincias de origen o, si son de Madrid, para cubrir gastos fruto teóricamente de sus funciones.

Algo que ya tienen cubiertos tanto Sánchez como Montero, y con generosidad, en su calidad de presidente del Gobierno y de ministra de Hacienda.

En esa misma línea de ausencia de transparencia, Sánchez y sus ministros dan ahora un paso más y rechazan dar a conocer públicamente su nómina, acogiéndose a que podrían revelar datos especialmente protegidos y remitiéndose a lo publicado por el Portal de Transparencia de la Administración.

Los pagos en especie

Pese a que las cifras de su salario son públicas y, como tal, aparecen publicadas en el Portal de Transparencia, las mismas no reflejan si el total percibido recoge esa puesta a disposición del uso de viviendas del Estado y otros beneficios como el uso de la casa o el abono de los suministros, es decir, lo que se denomina pago en especie.

El presidente Sánchez y todos sus ministros se han negado a desvelar este extremo y no han hecho pública su nómina, tal y como El Debate les solicitó, y tampoco en muchos casos los gastos cubiertos por el Estado de los que disfrutan gratuitamente.

A lo largo de la investigación llevada a cabo por este periódico, que ha logrado que ministros como Nadia Calviño, Luis Planas y Raquel Sánchez sí aporten datos específicos sobre el gasto de suministros en las viviendas que ocupan, así como aquellos otros relativos a servicios tales como el servicio de limpieza, jardinería, decoración y compra de vajilla, entre otros, han surgido dos casos especialmente significativos.

El del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aludiendo a su papel de jefe de Gobierno y en contra de lo demostrado por algunos de sus propios ministros, se ha escudado una vez más en su cargo constitucional para denegar el acceso a tales datos, que constan claramente en la contabilidad pública del Estado y que son fiscalizados anualmente, y el de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En el caso de la vicepresidenta, desde su departamento aseguran que «los gastos asociados a la vivienda oficial están incorporados a las facturas del inmueble del Ministerio y por consiguiente son indiferenciables de los del conjunto del mismo».

La transparencia del departamento dirigido por Yolanda Díaz es nula, pues no solo se niegan a facilitar este extremo, sino todo lo referente a los gastos de desplazamientos, manutención y alojamiento de los viajes de la ministra, asegurando que es una petición que no «se justifica con la finalidad» de la propia ley de Transparencia.

Todo ello, pese a que ésta deja claro ya en su preámbulo que «permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico».

Así, la ministra que justifica sus viajes por Hispanoamérica, para encontrarse con referentes de la izquierda y promocionarse, argumentando que los realiza para «ensanchar la democracia», prefiere no hacer lo mismo de puertas para adentro.

De esta forma, a lo largo de estos meses de investigación El Debate ha podido evidenciar la gran cantidad de beneficios que obtienen los miembros del Gobierno, solo por el hecho de serlo, en algo tan crucial como lo referente a la vivienda, una de las armas electorales que ha desplegado el Gobierno en los últimos días.

La promesa de vivienda barata es la gran baza con la que quiere jugar Sánchez de la mano de Yolanda Díaz, pese a que ninguno de los dos sabe lo que es lidiar con las facturas a diario.

El Código Ético

La resistencia de Sánchez a dar cuenta de sus ingresos o de sus gastos es todavía más llamativa si se tiene en cuenta que él mismo impulsó y aprobó un nuevo Código Ético en el PSOE que literalmente le obliga a ser austero y a no esconder nada.

«La austeridad implica hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos, en particular por parte de las personas con responsabilidad en la gestión económica. Se evitarán los gastos superfluos o innecesarios y se justificarán debidamente aquellos gastos de representación o de asistencia a reuniones o actos, incluyendo la manutención y el alojamiento, bajo los principios de adecuación, proporcionalidad y necesidad. Este principio deberá guiar a toda persona que la sociedad pueda identificar con nuestras siglas», reza el apartado 4.6 del citado manual.

El Código interno del PSOE es vinculante para todos sus cargos públicos, incluido el propio Sánchez, tal y como se recalca de manera textual en el mismo al señalar que afecta «a las personas que desempeñan cargos públicos electos en representación del partido en las diferentes instituciones».