Llop consigue frenar la huelga de jueces y fiscales con una oferta de 46,7 millones más en sueldos

El acuerdo está cerrado. La mayoría de jueces y fiscales –representados a través de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– han asumido la oferta de 46,7 millones de euros planteada por el Ministerio de Justicia en la Mesa de Retribuciones y, a salvo de perfilar, a lo largo de esta tarde, los detalles concretos de la negociación que se ha abordado en las últimas semanas, todo apunta a que renunciarán a la convocatoria de huelga indefinida que registraron ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el pasado mes de abril.

«En coherencia con los resultados de los mecanismos internos» para la toma de las decisiones de cada asociación, «hemos aceptado la propuesta económica presentada por los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública», reza el comunicado conjunto remitido, a última hora de este jueves. Así lo confirmaban, en primicia, a El Debate fuentes de toda solvencia que apuntaban, a primera hora de esta tarde, a una posición unánime de todos los interlocutores, a salvo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que, a esta hora, todavía no se ha pronunciado de manera definitiva.

No en vano, la entidad mayoritaria de jueces y magistrados, presidida por la decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco, reiteraba, ayer miércoles, su disconformidad con la propuesta cerrada y definitiva remitida desde Justicia unas horas antes, por ser «idéntica» a la que se había planteado el día 8 de mayo. Ya entonces, la APM calificó la misma de «insuficiente» e «inasumible» y lamentó que no hubiese «cambio alguno» en la actitud de los Ministerios responsables: Hacienda y Justicia. Si bien fue la primera en atender a la petición de prórroga, frente a la huelga, que se hizo desde el Departamento que lidera Llop.

«La oferta» sobre la mesa «es la misma que la de ayer y que la anterior», han reiterado fuentes próximas a la asociación que ya se han pronunciado al hilo de la misma. La segunda parte de la reunión que se reanudará en la madrileña sede del Ministerio, esta tarde, será definitiva para «ver qué pasa». Sin embargo, la mayoría de las fuentes informadas sobre la interlocución vigente, consultadas por El Debate, apuestan por renunciar al conflicto colectivo y «seguir trabajando» de forma periódica sobre el resto de las cuestiones que no tienen que ver con la materia económica.

Una materia en la que, pese a los intentos de todas las entidades, en unidad de acción –excepto la Unión Profesional de Fiscales (UPF) que «desde el inicio se ha conformado» con los números del Ministerio– ha sido imposible aumentar el presupuesto destinado a las mejoras salariales reclamadas por los jueces y fiscales de nuestro país. Jueces y fiscales cada vez «más sobrecargados», en sus funciones, y «peor pagados» que, a día de hoy, todavía no han recuperado el nivel adquisitivo que perdieron con los recortes sufridos durante la crisis económica de 2008.

Un «calendario» cerrado de actuaciones

A pesar de que el acuerdo «es inminente», la realidad es que más allá de la mejora retributiva «sigue habiendo muchos flecos a mejorar» en la Administración de Justicia, en relación con la actividad de las Carreras Judicial y Fiscal que tendrán que «ser incluidos» en el texto que ponga fin al conflicto. Por ello, tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como la Asociación de Fiscales (AF), como Foro Judicial Independiente (FJI) han instado la confección de un calendario de actuaciones «con fechas concretas» para «seguir avanzando» en las reformas necesarias para el día a día de su actividad profesional.

Según ha podido saber El Debate, «lo más sangrante, que son las guardias, habrá que revisarlo siempre antes del mes de junio». Dejándose para después del verano «las retribuciones variables» y, a principios de otoño, los «campos de población y trienos», apuntan fuentes próximas a la mesa de negociación. Desde la misma insisten en que la aceptación de la oferta ministerial está «directa e indisolublemente ligada» a la «continuidad» de una mesa de negociación alejada, eso sí, de las medidas de presión.

Pero, además, se ha sellado la constitución, «en un plazo máximo de 3 meses, en el seno de la Comisión, de grupos de trabajo permanentes que se reunirán, al menos, con carácter trimestral y que en el que se podrán abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo de los miembros de la carrera judicial. La convocatoria, en el mes de mayo de 2024, de una nueva mesa de retribuciones prevista en la Disposición Adicional 3ª.1 de la Ley 15/2003, y produciéndose las sucesivas convocatorias con periodicidad anual».

Y aunque los firmantes en nombre de jueces y fiscales reconocen que «la propuesta no es en absoluto satisfactoria, no colma nuestras legítimas reivindicaciones económicas y tampoco atiende a las imprescindibles necesidades de inversión en medios en Justicia que los ciudadanos demandan», no es menos cierto que,«por primera vez en veinte años, la Mesa de retribuciones va a conducir a un aumento real de nuestras percepciones, basado en un acuerdo específico con los propios jueces y fiscales».

Con todo ello se «fija un marco estable de relaciones con los Ministerios de Justicia y Hacienda para dotar de contenido a las futuras reuniones de la Mesa, que se fijan con una periodicidad más favorable que la prevista en la ley», concluyen en su nota.

Los detalles de la propuesta alcanzada

Los interlocutores presentes en los diferentes encuentros han sellado el acuerdo aceptando un «incremento de la cantidad a percibir por los miembros de la carrera judicial destinados en órganos colegiados, en concepto de complemento de destino por representación, en una cuantía mensual de 440 euros brutos calculada sobre 12 pagas y que se abonará prorrateada en 14 pagas al año». Una cuantía que asciende hasta los 450 euros brutos en el caso de los miembros de la carrera judicial destinados en órganos unipersonales.

En el mismo sentido se ha producido un acuerdo sobre la cantidad a percibir por los miembros de la Carrera Fiscal «incluidos en las categorías de teniente fiscal y fiscal del Tribunal Constitucional y Fiscalía del Tribunal Supremo; teniente fiscal y fiscales de la Audiencia Nacional; fiscales superiores y tenientes fiscales de las Comunidades Autónomas; Fiscalía del Tribunal de Cuentas; fiscalías especializadas en la Fiscalía General del Estado, Antidroga, Anticorrupción y contra la criminalidad organizada; fiscal jefe y tenientes fiscales de las Fiscalías provinciales y fiscal jefe de la Fiscalía de área que, también se beneficiarán de un incremento de 440 euros brutos mensuales calculados sobre 12 pagas y que se abonará prorrateada en 14 pagas».

Para el resto de los miembros de la Carrera Fiscal, incluidos en el resto de plazas de las categorías segunda y tercera, la mejora será de 450 euros brutos mensuales con la misma distribución.

«Las cantidades reseñadas se abonarán conforme al siguiente calendario: el 40 % del incremento tendrá efectos retroactivos a fecha 1 de enero de 2023 y se percibirá no más allá de la nómina del mes de octubre de 2023; el 40 % mejorado se devengará desde el día próximo día 1 de enero de 2024; y, el 20 % restante de la subida se aplicará el día 1 de julio del año 24», han confirmado los firmantes del pacto.

A todo ello hay que añadir un «incremento de 100 plazas en las carreras judicial y fiscal en cada uno de los ejercicios presupuestarios correspondientes a los años 2023 y 2024».