El partido que no quiere que los melillenses den el DNI para votar por correo, en la órbita de Yolanda Díaz

En mayo de 2022 cinco formaciones de izquierdas –Compromís, Más País, Chunta Aragonesista, Més por Mallorca y Verdes Equo– firmaron el conocido como Acuerdo del Turia para que «la política vuelva a ocuparse de la vida cotidiana», tal y como expresó Íñigo Errejón. 6 meses después se unieron a esta iniciativa Coalición por Melilla (CPM) el partido liderado por Mustafá Aberchán, y Movimiento Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, de Fátima Hamed Hossain.

Desde que nació el Acuerdo del Turia, los partidos que la integran dejaron claro que el pacto no era incompatible con Sumar, la plataforma política de Yolanda Díaz. De hecho, el 4 de febrero Yolanda Díaz instó a los partidos progresistas a que se «den la mano». «Si nos miramos, cuidamos y queremos, aunque pensemos diferente, lo importante es que nos demos la mano, dialoguemos», relató la vicepresidenta del Gobierno. Precisamente la semana anterior a esas declaraciones el partido canario del exdiputado Alberto Rodríguez, Proyecto Drago, se anexionó al Acuerdo del Turia.

Asimismo, el pasado 10 de marzo el líder de Más País, Íñigo Errejón, también expresó que hay cuestiones del proyecto Sumar suenan «bien», pero también incidió que el Acuerdo del Turia, piensa y mira actualmente a las «elecciones autonómicas y municipales».

CPM, en el punto de mira

En cuanto comenzaron a saberse las cifras de la exuberante cantidad de personas que habían pedido el voto por correo en Melilla –la cifra ha alcanzado los 11.000, el 20 % del censo– uno de los primeros en alzar la voz fue Mustafá Aberchán, del CPM. Después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciara que se iban a investigar los hechos, el pasado 15 de mayo el CPM convocó una rueda de prensa y solicitó suspender las elecciones por la «compra de votos».

Aberchán se encuentra inhabilitado por el 'caso de voto por correo' de 2008, y su condena concluirá al inicio del próximo verano. Desde Podemos, rival directo de los partidos que forman el Acuerdo del Turia, dictaminaron que «todo el mundo sabe que está intentando retrasar las elecciones con la única intención de hacer realidad su objetivo personal: la finalización de su condena por la compra de votos por correo en 2008 y poder presentarse a las actuales elecciones».

En este contexto, la Junta Electoral de Zona de Melilla, debido a la gravedad del caso, decidió el pasado jueves que los votantes por correo tengan que llevar personalmente el sobre con su papeleta a Correos y presentar el DNI. No obstante, la resolución salió adelante con el voto en contra del representante del CPM, porque «contraría la doctrina de la Junta Electoral Central (JEC)». A pesar de ello, la JEC ha avalado que la decisión se extendienda a toda España.

Actualmente, la investigación del caso se encuentra bajo secreto de sumario, aunque la jueza encargada del caso investiga dos tramas que presuntamente habrían pagado entre 50 y 200 euros por cada voto irregular, sin que se descarte la conexión con formaciones políticas.