23-J
Los funcionarios de Justicia siguen en huelga contra el Gobierno pese al adelanto electoral
Ni la llamada a urnas del próximo mes de julio y la posibilidad de un cambio de Gobierno han sido razón suficiente para deponer el conflicto. Los técnicos de la Administración se han manifestado, hoy, en Ferraz
«PSOE, escucha, resuelva esta lucha». Con este grito de protesta se han dado cita hoy los funcionarios de la Administración de Justicia en la madrileña calle de Ferraz, ante el cuartel general socialista, para reclamar al presidente Pedro Sánchez que de instrucciones al Ministerio de Pilar Llop para que reanude la negociación entre los sindicatos y el Gobierno, con la intención de poner fin a la huelga indefinida que empezaron el pasado 17 de abril con paros parciales y endurecieron el 22 de mayo, antes de las próximas elecciones generales del 23 de julio.
«Exigimos al presidente del Gobierno que negocie ya de una vez», ha señalado Javier Hernández, de CCOO, en declaraciones a la prensa al tiempo que ha asegurado que no entiende cómo el Ejecutivo ha podido «no negociar en este mes y medio de huelga indefinida» que mantiene el cuerpo de 45.000 funcionarios. «Nos hemos dirigido al presidente del Gobierno porque está claro que este conflicto exige una solución», ha asegurado por su parte Antonio Lozano, portavoz de UGT.
«Os vais a enterar a la hora de votar»
Así las cosas, ataviados con bocinas y pancartas y al grito de: «Os vais a enterar a la hora de votar», cerca de un centenar de funcionarios ha acudido a la convocatoria de los sindicatos para manifestarse, este mismo martes, frente a la sede de los socialistas después de que el Comité de Huelga anunciara su decisión de seguir adelante con la huelga pese al adelanto electoral. Una clara respuesta a la postura del Gobierno que decidió aplazar las conversaciones hasta después de los comicios del pasado domingo 28-M porque «la Justicia no da votos».
«La huelga indefinida se mantiene porque entendemos que el Gobierno, ahora más que nunca, tiene que negociar con los sindicatos y funcionarios de la Administración de Justicia que están peleando por un derecho fundamental, el derecho de conseguir que se le reconozcan tras más de 30 años sus funciones», ha señalado el portavoz de CCOO.
Hernández ha incidido en que «el Gobierno no está funciones». «El Gobierno es Ejecutivo, lo que está disuelto es el Parlamento», ha apuntado. Así las cosas, desde CSIF, STAJ, CCOO y UGT insisten en que «existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018», por lo que exigen al Ministerio de Justicia que «no utilice el anuncio realizado por el presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad».
Al hilo, el portavoz de CCOO ha recordado que el Ejecutivo aún tiene pendiente aprobar el real decreto por el que se acuerda la subida de hasta unos 450 euros brutos al mes para jueces y fiscales. «El Gobierno sí puede aprobar reales decretos. No puede aprobar leyes, ni puede tramitar leyes en el Parlamento, pero claro que está en condiciones de aprobar un real decreto que garantice la mejora de las condiciones de trabajo del personal de Justicia», ha añadido.
En este sentido, las mismas fuentes han recordado que desde el PSOE ya se habían pronunciado al respecto y habían explicado que si había Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa habría una subida relacionada a las nuevas cargas de trabajo. Así las cosas, han incidido en que de momento, con las Cortes disueltas, no hay ley ni subida.
Juan Carlos Ferreiro, de CSIF, ha avisado que seguirán con las movilizaciones pese al adelanto electoral para que la ministra cumpla con su palabra de «negociación y diálogo, que siempre pone de manifiesto» pero que, a su juicio, «no está llevando a cabo» con los funcionarios.
Según ha explicado en declaraciones a la prensa Francisco López, de STAJ, el comité de huelga ha recibido este martes el respaldo de las asambleas a nivel nacional para seguir adelante con la huelga indefinida. «Entendemos que no existe un Gobierno en funciones», ha insistido.
La LOEO, paralizada en las Cortes
Los 46,7 millones de euros que el Departamento de Pilar LLop ha desembolsado para los 8.000 jueces y fiscales representan casi el doble de los 22,7 millones de euros que consiguieron los 4.000 LAJ tras dos meses de huelga, pero se queda por debajo de los 200 millones de euros que exigen los casi 45.000 funcionarios.
Además, solicitaban que se paralizase la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO) que, según los convocantes, el Ministerio Justicia quiere «imponer, sin negociar», poniendo «en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas». Si bien, esta norma, queda paralizada con la disolución de las Cortes Generales anunciada por Sánchez y aprobada por el Consejo de Ministros extraordinario de la tarde.