Las 'trampas' del fiscal general García Ortiz para seguir adelante con el nombramiento de Delgado

Desde que El Debate publicase en primicia que el fiscal general del Estado (FG), Álvaro García Ortiz, había adelantado el Consejo Fiscal de junio en una semana –del 19 al 8 del mismo mes, pero «sólo en materia de nombramientos»– para asegurarse la concesión de la plaza de Memoria Democrática a su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, antes de las elecciones; y, por tanto, de un eventual cambio de Gobierno, la Carrera no ha dejado de asombrarse de la capacidad del titular de la Fiscalía para lograr su objetivo. Seguirá adelante con sus planes salvo que alguno de los tres aspirantes al puesto preasignado a Delgado presente una recusación que obligue al FG a iniciar un procedimiento previo y consultar sobre su decisión a la Junta de fiscales de Sala.

Y es que tras conocerse que las intenciones de García Ortiz, respecto de anticipar la fecha del Consejo (CF), respondían, en realidad, a «construir un revestimiento, con un único orden del día sobre nombramientos», para consumar de manera «precipitada» la designación de Dolores Delgado, los miembros del Ministerio Público advirtieron de la posibilidad de una segunda ronda de designaciones para vacantes «muy suculentas». Unas plazas que, en el caso de quedar otorgadas a sus afines, dejarían una Fiscalía «minada» ante la llegada un futuro y eventual nuevo titular de la misma, de la mano de un nuevo Gobierno elegido el 23-J.

Ni siquiera después de la comunicación remitida ayer por García Ortiz a los fiscales, para defenderse de las críticas y justificar su posición, ha conseguido aplacar el malestar en el seno de la institución. No en vano, la respuesta del fiscal general era una reacción a la carta previa y formalmente enviada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), –con un miembro democráticamente elegido por la Carrera para representarles en el CF– solicitando la suspensión de la cita de la primera semana de junio y, adicionalmente, su abstención en la polémica designación de Delgado, por existir un «conflicto de intereses» en la cuestión.

El todavía FG se sacudía las críticas en un texto en el que negaba la existencia de «razones que justifiquen la suspensión del procedimiento de provisión de destinos vacantes en la Carrera convocado por Orden JUS/491/2013, ni de un Pleno del Consejo Fiscal convocado con carácter ordinario conforme a la normativa propia de este órgano fiscal». Y recordaba a quienes le afeaban su actuación que el «procedimiento de provisión de destinos se rige por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y el Reglamento del Ministerio Fiscal (RMF) y que, en ningún caso, prevén su paralización a causa de la convocatoria de elecciones generales».

Esto es, el sucesor de Dolores Delgado remarcaba que «el cese efectivo del Fiscal General se produce una vez lo disponga el Ejecutivo entrante tras la celebración de las elecciones generales y la investidura del Presidente del Gobierno». Es decir, mientras tanto continúa en funciones plenas y está dispuesto a utilizarlas.

Es una vergüenza que el FG aproveche que la mayoría de la gente no distingue entre matices estatutarios y funcionariales de la Fiscalía, para justificar su tramposería

Y, para dar más fuerza a su argumento aseguraba que: «La celebración de un Pleno del Consejo Fiscal y la propuesta de nombramiento para cargos discrecionales en este momento no constituye una decisión novedosa, sino que mantiene el criterio histórico de nuestra institución, tal y como evidencian» otros nombramientos discrecionales. En referencia a los efectuados por algunos de sus antecesores en el cargo como Consuelo Madrigal, Julián Sánchez Melgar o María José Segarra.

Consuelo Madrigal

Sin embargo, la mención a la primera de ellos, como mínimo, ha vuelto a encender, más si cabe, los ánimos en el seno de la Fiscalía que asiste «abochornada» a las 'trampas' de García Ortiz para seguir adelante con el nombramiento de Dolores Delgado.. «La referencia a Consuelo Madrigal es completamente desacertada porque la exfiscal general renunció, con un Gobierno saliente, a seguir adelante con las designaciones discrecionales y el ejemplo al que se refiere» el FG en su nota, «no fue un nombramiento para nada», aseguran fuentes consultadas por El Debate.

«Se trataba de un fiscal de Sala que llegaba a la edad de jubilación, legalmente prevista, de 70 años y, por lo tanto, no podía seguir en su puesto. Pero solicitó una prórroga, prevista, hasta los 72, un procedimiento que se aplica de manera casi automática y que, por lo tanto, se le concedió» por parte de Madrigal. «Una vez lo anterior había que adscribirle a una unidad de la Fiscalía y eso hizo» la entonces titular del Ministerio. «De no hacerlo, se habría privado al fiscal de su derecho a prorrogar hasta los 72, algo sobre lo que no hay precedente alguno», apuntan las mismas fuentes.

Julián Sánchez Melgar

Una situación análoga a la protagonizada por otro de los aludidos, Julián Sánchez Melgar. El hoy magistrado de la Sala Penal del Supremo ejerció como fiscal general del Estado durante el período comprendido entre el 12 de diciembre de 2017 y el 1 de junio de 2018, al prosperar la moción de censura planteada contra el Gobierno de Mariano Rajoy. García Ortiz asegura en su misiva que Sánchez Melgar también continuó con la dinámica de los nombramientos con un Ejecutivo saliente pero fuentes de toda solvencia, consultadas por El Debate, lo niegan.

«Si hubo alguna designación previa a la salida» de Sánchez Melgar del cargo, «desde luego, nunca fue con las Cortes disueltas». «Y, en ningún caso, los trámites que pudo seguir realizando bajo su mandato tuvieron que ver con nombramientos y mucho menos de nombramientos de fiscales de Sala», como sí está ocurriendo en el caso de Dolores Delgado. Así las cosas, fue el propio titular del Ministerio Público quien, una vez se produjo la moción de censura, «solicitó su cese al Gobierno por escrito», recuerdan desde el entorno de la Fiscalía.

Dos mecanismos para frenar al FG

Ante el escenario que se abre, la próxima semana, con la inminente convocatoria del día 8 de junio en la agenda del Consejo Fiscal, sólo caben dos posibilidades para frenar el objetivo de García Ortiz en dicha cita. El primero, y más improbable, que los consejeros de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) e, incluso, el representante electo en el órgano de la APIF, no concurran en la primera fecha, la del orden del día extraordinario, imposibilitando con ello la conformación válida del cónclave, por falta de quorum.

La segunda, no descartable, que alguno de los fiscales candidatos al puesto de Sala de Memoria Democrática, para el cual en ciertos casos el CV de los aspirante es «inbatible» en «igualdad de oportunidades», presente un incidente de recusación al fiscal general –quien rechazó abstenerse en la designación de dicha plaza, en concreto, como le pidió la APIF en su escrito de este miércoles–.

De ser así, García Ortiz no tendría más remedio que aplazar la elección de Dolores Delgado hasta que, en un proceso paralelo, la Junta de fiscales de Sala, convocada para la ocasión, tendría que pronunciarse sobre su imparcialidad, o no, para seleccionar de manera objetiva un perfil para un puesto que, a priori, «nace ya concedido», lamentan en el seno de la Fiscalía.