Marlaska da marcha atrás y no se atreve ya a tildar de «bulos» las noticias de El Debate sobre el patrimonio de Gámez

«Opiniones y valoraciones». Así califica ahora Susana Crisóstomo Sanz, la directora de Gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las acusaciones vertidas por su jefe en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en las que calificaba de fake las noticias publicadas por El Debate acerca del abultado patrimonio inmobiliario de la ya exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez.

Gámez presentó su dimisión tras conocerse que su marido, Juan Carlos Martínez, estaba siendo investigado por un juzgado de Sevilla en una pieza separada del 'caso ERE', por los supuestos desvíos de ayudas públicas de la Junta de Andalucía a una sociedad en la que era titular entre los años 2009 y 2011.

Al mismo tiempo, El Debate sacaba a la luz la existencia de varios inmuebles propiedad de la pareja, que amasaba así un gran patrimonio, según la serie de informaciones de Alejandro Entrambasaguas.

Por ello, Marlaska sacó la cara por la que hasta entonces había sido su subordinada. «Ha dicho absolutamente falsedades, fakes. No voy a entrar porque no me corresponde a mí dar los datos de patrimonio de la señora Gámez, pero de lo que puedo saber al respecto, todo lo que usted ha dicho es absolutamente falso, es una fake news», sentenció el ministro tras el reproche de la diputada del PP, Ana Vázquez, en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

La diputada del PP se sirvió de las exclusivas publicadas por El Debate para formular sus reproches políticos a Marlaska en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, desde el Ministerio del Interior, ahora consideran que no tienen que dar mayores explicaciones acerca de este asunto, pues las declaraciones de Marlaska «forman parte del desarrollo de una comparecencia en sede parlamentaria, en la que, como puede comprobarse a través del correspondiente Diario de Sesiones, estamos ante opiniones y valoraciones vertidas en el desarrollo de dicho debate parlamentario».

Marlaska tildó de «falsedades» en público las noticias de El Debate pero ahora asegura que solo son sus meras «opiniones»

Así, la directora del Gabinete del ministro en una resolución a instancias de El Debate, sostiene que «tratándose de opiniones vertidas en un debate político (en las que, por lo demás, no existen declaraciones en contra de ningún medio de comunicación concreto), no resulta ajustado a la finalidad de la Ley 19/2013, ni al concepto de información pública en ella establecido», por lo que para el Gabinete de Marlaska no concurre la obligación de «rendir cuentas o aportar justificaciones sobre tales opiniones».

De esta manera, evita facilitar cualquier documento que acredite la falsedad de las noticias publicadas por El Debate, pese a que las declaraciones del ministro ponían en el punto de mira a un medio de comunicación, algo, que por otra parte, ya hizo el propio Pedro Sánchez y que parece se ha convertido en un recurso habitual del Gobierno.

De hecho, el ataque y control de los medios parece una prioridad para el Ejecutivo que, a raíz de la pandemia y en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional, ha ido dotando al Gobierno de leyes con el pretexto de luchar contra los bulos.

Una de ellas es la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, en la que considera que «los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales son los principales responsables de frenar la divulgación de noticias falsas», que persiguen «influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

Sin embargo, ahora, desde Interior prefieren rebajar el tono y, pese a calificar de bulos las noticias publicadas, prefieren no ir más allá, asegurando que la finalidad de este 'Ministerio de la Verdad', como fue bautizado al conocerse su polémica existencia, es «establecer, en el marco de una iniciativa de la Unión Europea, los mecanismos internos para evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación como estrategia para interferir en los sistemas democráticos (específicamente en el ámbito electoral y de determinados bienes públicos, como la salud, la seguridad o el medio ambiente)».

Además, añade la coletilla de que «en un Estado de Derecho como el español, existen todos los cauces legales necesarios para hacer valer ante los tribunales cualquier pretensión relacionada con el derecho a la información» y, recuerda que el patrimonio de Gámez «está sometido en estos momentos a la correspondiente investigación judicial».