Hasta 752 altos cargos componen el Gobierno más numeroso de nuestra historia
Todos los nombres
Nervios en el Gobierno: la lista de 752 altos cargos que dependen de que Sánchez no caiga
La desazón que existe en los partidos de la coalición la hay también en el Ejecutivo. El Debate publica el listado de los afectados por estas elecciones a vida o muerte, no solo para el presidente
Hay algo peor que ser diputado o senador del PSOE en este momento de confección de candidaturas: ser, a la vez, ministro del Gobierno. Héctor Gómez es ambas cosas: diputado y ministro de Industria, Comercio y Turismo. Y su cara el miércoles, en la reunión que mantuvo Pedro Sánchez con sus diputados y senadores, era la viva imagen del sentir general en el socialismo.
Él y el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, ha sido de los últimos en llegar al Ejecutivo: hace solo dos meses, como consecuencia de la remodelación quirúrgica que acometió el presidente para cubrir las vacantes de Reyes Maroto y Carolina Darias, candidatas a los ayuntamientos de Madrid y Las Palmas. Pero saldrán a la vez que el resto si Sánchez no consigue ganar a la ruleta rusa electoral.
El mismo nerviosismo, la misma desazón que se vive en los partidos que integran la coalición la tienen los miembros del Ejecutivo. También para ellos es el todo o nada. Las elecciones del 23 de julio amenazan los puestos y nóminas públicas de 752 de los 762 altos cargos: son todos los que componen el Gobierno más mastodóntico de la democracia desde la legislatura constituyente menos los 10 altos cargos de la Casa del Rey, porque Felipe VI tiene manos libres para hacer los nombramientos y ceses que considere. Así que estos últimos no estarán pendientes de las elecciones.
Es la cifra que el Ministerio de Hacienda envió al Congreso en cumplimiento de la Ley de Transparencia, correspondiente al cierre del ejercicio de 2022. Y éste es el desglose:
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En el listado están Sánchez, sus tres vicepresidentas, los 15 ministros del PSOE y los cuatro de Unidas Podemos, pero también cientos de secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, secretarios generales técnicos, presidentes de empresas, agencias e instituciones públicas, embajadores de España en otros países, delegados del Gobierno en las comunidades, directores de Gabinete de los ministros.
También mandos del Ejército, presidentes de autoridades portuarias, el presidente y los vocales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, jefes de misión diplomática permanente…
En esa relación están, por ejemplo, la secretaria de Estado de Igualdad, la controvertida Ángela Rodríguez, y la jefa de Gabinete de Irene Montero, Lidia Rubio. También la anterior jefa de prensa del PSOE y ahora presidenta del Hipódromo de la Zarzuela, Maricha Ruiz; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; la abogada general del Estado, Consuelo Castro; el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano; y el del CIS, José Féliz Tezanos.
El presidente del centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos
Y otros cargos más exóticos: el presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama (del grupo SEPI); el director de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Adrián Fernández Carrasco; el director de la Fundación ICO, Lucinio Muñoz Muñoz; la directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos; Elsa García-Maltras; el secretario general técnico-director del Secretariado del Gobierno, Alberto García González; y también el delegado especial del Estado en el consorcio público de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro.
Además, el director general del consorcio público del Centro Sefarad-Israel, Jaime Alejandro Moreno; el director del departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno, Jorge Mijangos; la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Inés Mazarrasa; el comisionado especial para la reconstrucción de La Palma, Héctor Fernando Izquierdo; el presidente de la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, José Luis Goberna; y el director del comisionado especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, Manuel González Bedia, entre otros cientos.
A lo largo de esta legislatura, a menudo la oposición ha recriminado a Sánchez la enorme estructura que ha creado en la Administración General del Estado. Cuando Mariano Rajoy fue desalojado de la Moncloa en junio de 2018, tenía una vicepresidenta –Soraya Sáenz de Santamaría– y 13 ministros. En su día, los populares calcularon que reduciendo el Consejo de Ministros a esa misma dimensión podría ahorrar a las arcar públicas 71 millones de euros al año.
La indemnización por cese
Ninguno de los 752 altos cargos saldrá de dudas hasta el 23 de julio sobre futuro. Sin embargo, en su caso tienen una ventaja: la llamada indemnización por cese. Cuando un alto cargo abandona el Ejecutivo, ya sea voluntariamente o forzado (como sería este caso), tiene derecho a una indemnización del 80 % de su salario por el mismo tiempo que haya ocupado el cargo, hasta un máximo de dos años.
Se trata de una compensación que el interesado tiene que solicitar al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Y es, asimismo, incompatible con cualquier otra remuneración, ya sea pública o privada. Si hay cambio de Gobierno, las arcas públicas tendrán que sufragar un reguero de indemnizaciones de quienes la soliciten.
