La tierra quemada de Pedro Sánchez: las leyes que no han sido aprobadas y las huelgas de la Justicia

A Pedro Sánchez no se le ha dado del todo bien la legislatura en términos de producción legislativa. Su récord, ser el presidente que menos leyes ha aprobado desde la caída de la dictadura. Salvo los decretos a los que ha recurrido, en número muy superior y en espacio más breve de tiempo que la mayoría de presidentes españoles de la democracia, no ha sido la suya una legislatura brillante en cuanto a calidad de las normas aprobadas.

El Gobierno de Sánchez se ha ahorrado buena parte de los trámites parlamentarios, que exigen de negociación y cesiones políticas, vinculados a la tramitación legislativa ordinaria en el Congreso, consciente de que por su posición, la continuidad como Ejecutivo pasaba por recibir los apoyos de formaciones minoritarias que, en general, ponen condiciones a cambio. De las sesenta leyes que Moncloa ha dejado sin aprobar –entre ellas una especialmente sangrante, la de los enfermos de ELA, que fue avalada por unanimidad en la Cámara Baja– más de la mitad proceden de decretos, según datos oficiales.

Y es que, con su llegada a la Moncloa, en junio de 2018, Sánchez instauró un récord personal de aprobación de dos nuevos textos legales al mes. Esto es, una ley cada dos semanas, 14 días, que se alejan de las cifras de sus predecesores en el cargo. Una situación que ha puesto de evidencia sus dificultades para salir airoso de la tarea legislativa más allá de ciertos pactos dudosos como el de Esquerra (ERC) para la malversación y la sedición; y, el de EH Bildu para la Memoria Democrática

El destrozo de la ley del 'sólo sí es sí' que amparó al frente del Consejo de Ministros, tras dar luz verde al anteproyecto presentado por la titular de Igualdad y miembro de Podemos, no de su partido, Irene Montero, quedará grabada en la retina de los españoles como uno de los mayores escándalos jurídicos de nuestro país, tras favorecer a más de mil delincuentes sexuales condenados.

No en vano, hubo que esperar más de seis meses, tras la entrada en vigor del texto y superado el millar de agresores y pederastas beneficiados para escuchar a Sánchez pedir disculpas por las consecuencias de la ley: «Pido perdón a las víctimas y vamos a poner una solución a estos efectos indeseados porque es la mejor manera de defender la propia ley».

El mismo Sánchez que cinco meses antes hacía una defensa cerrada de la polémica norma. y es que, el 16 de noviembre de 2022, en la cumbre del G-20, en Bali, se refería a la ley estrella del Ministerio de Igualdad, liderado por Montero, como «una gran conquista del movimiento feminista». «Es una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido», aseguraba.

Y, pese a ello, insistía en la misma fórmula de consentir a Montero el lanzamiento de otra de sus polémicas normas 'estrella': la Ley Trans, que permite a los menores de 16 y 17 años cambiarse de género sin necesidad de contar con el permiso de sus padres. Otra ley que, además de los informes institucionales en contra –como el del CGPJ–ha supuesto el rechazo de algunas de las organizaciones feministas más influyentes e, incluso, de miembros del PSOE que advirtieron de las consecuencias nocivas que implica el texto vigente y que, como en el caso de la libertad sexual, deja desamparadas a las verdaderas víctimas, por ideología.

No han salido mejor paradas, en este sentido, otras normas como la denominada «Ley Rhodes» en la que el plazo de prescripción de los delitos «contra la libertad» de los menores ofrecía dos fechas distintas para la misma conducta, indicaba que el plazo del ilícito empezaba a contar a partir de los 18 y de los 35, en un mismo texto legislativo. Otra chapuza jurídica.

Reforma del Código Penal a la carta

No era, sin embargo, la primera y única vez que Sánchez erraba en la modificación del Código Penal durante su mandato. Las presiones de sus socios de legislatura de Esquerra (ERC) para prestar su apoyo parlamentario a los últimos Presupuestos Generales (PGE) aprobados, suponía un nuevo episodio de entreguismo que también forma parte, ya, de la hemeroteca de los españoles. Una reforma del catálogo de delitos, a la carta, que eliminó la sedición y rebajó la malversación necesaria para cometerla.

Y, con ello, dejó desarmado al Estado ante un futuro y eventual intento del separatismo de volver a insistir en la vía unilateral de la declaración de independencia. Lo volveremos a hacer, aseguran desde la Generalitat de Pere Aragonés. Desaparecidos los mecanismos de protección, no sólo se han revisado las condenas impuestas a los ya sentenciados, en firme, por el Tribunal Supremo, sino que se crea una situación de desprotección para futuras y eventuales reincidencias, se suavizan las consecuencias para los prófugos que ha de regresar a España para ser juzgados y se complican las cosas para los jueces y tribunales que, una vez con la nueva ley en la mano, tienen un encaje complicado de ciertos hechos.

La acusación de los miembros de Tsunami Democratic, que la Audiencia Nacional impulsará en los próximos días, o una declaración de anexión a Marruecos de una ciudad autónoma como Melilla, precisamente, al paso de lo ocurrido con la trama de compra de votos por correo en la localidad, en los últimos comicios del 28-M, dificulta la labor de jueces y tribunales para impedirlo, más allá, de los desórdenes públicos agravados.

Tres huelgas de Justicia en un año

Precisamente esos mismo jueces, magistrados y fiscales han sido uno de los frentes con los que ha tenido que negociar el Gobierno para impedir una huelga indefinida en la ya de por sí maltrecha Justicia. La negativa del Ejecutio de concovar a las asociaciones profesionales a una Mesa de Retribuciones que, por ley, está prevista cada año, llevó a todas las entidades, en enero de 2023, a interponer «una demanda judicial para reanudar las negociaciones». Mientras tanto, y a la espera del veredicto, los Letrados (LAJ) empezaban con su conflicto colectivo y paros indefinidos.

Si algo se ha constantado en este cierre de mandato de Pedro Sánchez, en términos de Justicia, es que «lo importante no es pedir las cosas con trabajos bien hechos, sino hacer huelga». Con ella, los LAJ lograron sentarse con Hacienda y obtener una subida salarial que, posteriormente, ha sido replicada por jueces, magistrados y fiscales y que está pendiente para los funcionarios de la Administración.

Los pasillos, las salas de vistas y despachos de los tribunales de toda España se han quedado desiertos en las últimas semanas, de la mano de los técnicos de los cuerpos generales y especiales de Justicia y los denominados «auxilios» judiciales que han puesto en jaque al Gobierno por los problemas estructurales de un sector que se han agravado en los dos últimos años, tras la pandemia, y pese a las promesas iniciales, incumplidas. Y los ciudadanos con juicios, vistas y trámites procesales pendientes son ya, sin duda, los grandes damnificados de una Justicia debilitada y maltrecha hasta las últimas circunstancias.

La nueva Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), otra norma pactada sin el consenso de sus destinatarios, que cuenta con el rechazo cercano al 90% de la plantilla de los técnicos de la Administración está causando estragos en el marco de la misma. El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, ha preferido aplazar la negociación y el diálogo hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M movido, quizás, por la idea ya superada de que la Justicia no da votos. Habrá que ver si los cálculos se cumplen, el próximo 23 de julio.