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Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo)

El TEDH listo para resolver las denuncias de seis magistrados contra Congreso y Senado por no renovar el CGPJ

El próximo 22 de junio notificará, por escrito, a las 10.00 horas su decisión sobre la parálisis del Consejo General del Poder Judicial alertada por la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria

Desde que, en 2018, venciese el mandato legal de cinco años del Consejo General Poder Judicial (CGPJ), han sido numerosos los intentos fallidos de llegar a un acuerdo político para renovar el máximo órgano de los jueces. Tal es así que el PSOE y el PP de Pablo Casado llegaron a pactar una lista de nombres, en 2020, para llevarlo a cabo, sin que finalmente llegase a materializarse. Hasta hoy, el Consejo sigue en funciones prorrogadas y limitadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de nombramientos discrecionales. Así las cosas, hace algo más de un año, como avanzó El Debate en exclusiva, seis de los candidatos incluidos en aquella ocasión se dirigieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para denunciar la inacción de Congreso y Senado en la cuestión, pese al mandato constitucional que les obliga a impulsarlo.

Hoy, la Corte europea de Estrasburgo ha comunicado, de manera oficial que el próximo día 22 de junio notificará por escrito su decisión respecto a las denuncias presentadas por los seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) por la parálisis institucional que ha impedido conformar un nuevo CGPJ.

Según ha podido saber El Debate, la notificación se realizará a las 10.00 horas de la mañana (local), a través de la web del tribunal de Estrasburgo para los casos: Lorenzo Bragado and Others v. Spain (Application Number 53193/21), García de Yzaguirre v. Spain (AP Number 53848/21), Estévez Benito v. Spain (AP Number 54582/21), Tardón Olmos v. Spain (AP Number 54703/21), Baena Sierra v. Spain (AP Number 54731/21) y Jaen Vallejo v. Spain (AP Number 53707/21).

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que apoyó a estos seis jueces asociados que se postularon para los cargos de vocal del Consejo, ha venido reclamando, de manera continuada, la necesidad de modificar el actual sistema de elección de los miembros del Pleno del CGPJ de procedencia judicial, conforme a los estándares europeos. Una reforma que entienden imprescindible para salvaguardar la independencia judicial y evitar las injerencias políticas, tal y como ha venido exigiendo la Comisión Europea de Justicia y su comisario, Didier Reynders, a partir de los datos arrojados por los informes anuales de calidad democrática del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

El CGPJ es un órgano constitucional que debe velar por la separación de Poderes y que está integrado por un total de ceinte miemros de los cuales, 12 deben ser jueces y magistrados en activo. De ahí que en su impugnación, los magistrados esgrimen ante el TEDH que en septiembre de 2018 se remitió al Parlamento el listado de los 50 jueces en activo que se presentaban candidatos para renovar el CGPJ, entre los que se encontraban los seis asociados de AJFV.

Desde entonces, estas listas no han sido votadas por las Cortes Generales y «frente a la pasividad de las instituciones», el 14 de octubre de 2020 dichos magistrados recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración del derecho de acceso a cargo público, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española. Sin embargo, la Corte española de Garantías no admitió a trámite ninguno de los recursos de amparo planteados al entender que habían sido presentados fuera de plazo.

El hecho de que el máximo Tribunal intérprete de la Constitución no entrase, siquiera, a examinar el asunto por una razón de forma, obligó a los magistrados a acudir ante el TEDH, que resolverá tamibén en unos días, tal y como ha avanzado, la actuación del Constitucional en este caso. Y si con la situación generada se ha producido una vulneración de los derechos de estos seis magistrados españoles, de acuerdo a lo previsto en los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El Congreso de los Diputados y el Senado son las Cámaras responsables de renovar el CGPJ, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. Pero, desde entonces, «no se ha convocado ninguna sesión parlamentaria para cumplir con esta obligación constitucional», lamentaban en declaraciones a El Debate fuentes próximas a la causa europea.