Delgado intentó recusar a uno de los vocales del Consejo críticos con su nombramiento a dedo

Que el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, democráticamente elegido por los miembros de la Carrera, en las últimas elecciones al Consejo Fiscal (CF) no participase en el Pleno extraordinario de este jueves. La candidata ya designada como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado, se dirigó por carta, unas horas antes de la convocatoria, a su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz para recusar al consejero por su «enemistad manifiesta» hacia ella y a lo largo de la cual se ha hecho, incluso, referencia a su mujer, también fiscal en activo, incurriendo en una «serie de valoraciones personales» que «poco o nada tienen que ver con las causas tasadas» para apartar a uno de los miembros del CF, según ha podido saber el Debate.

Un escrito que, si bien se ha leído en el transcurso del cónclave, no ha sido admitido por García Ortiz, como tampoco lo fueron las peticiones de suspensión de la cita anticipada y las de su propia abstención en la votación de una polémica plaza «a la medida» de Delgado que ha sido otorgada «a dedo» pese a la oposición mayoritaria de los miembros del Consejo.

Tras varios días de fuego cruzado entre las principales asociaciones profesionales de la Carrera fiscal contra la maniobra «inédita» del titular del Ministerio Público para dejar asignada la nueva vacante de Memoria Democrática a su mentora y predecesora en el cargo, Dolores Delgado, el Pleno de este jueves ha alcanzado cotas de máxima tensión una vez ha llegado el turno de deliberar sobre la idoneidad de los aspirantes para esta plaza.

Un Gacía Ortiz, visiblemente molesto, se atrincheraba ante cualquier posibilidad de suspender, provisionalmente, o aplazar el nombramiento discrecional, deliberadamente anticipado, pese a las dudas que planean sobre el perfil de Delgado para un puesto cuyas competencias, en su caso, podrían entrar en «conflicto de intereses» con la actividad profesional de su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón, como abogado especialista en Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.

El Consejo arrancaba, pues, a las 09.40 horas de esta mañana, con el malestar manifiesto de la mayoría de sus integrantes por la negativa de García Ortiz de suspender, unos días –hasta el próximo 19 de este mismo mes, cuando está fijado un segundo Pleno ordinario– en lo relativo al estudio de la candidatura de Dolores Delgado a una plaza de nueva creación, prevista en la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática pactada entre el PSOE y Bildu, a la que la exfiscal general lleva aspirando desde que dimitiese de su cargo, tal y como anticipó El Debate en julio de 2022.

Pero las cosas se complicaron cuando, en el turno de deliberación de los vocales, García Ortiz rechazó hasta tres posibles escenarios que, en el caso de ser atendidos, supondrían un retraso en el objetivo único de un Pleno que se «ha intentado envolver con otras designaciones para que no resultase todavía más obseceno», denuncian fuentes próximas a la institución. El primero de ellos, la suspensión automática de la convocatoria en su totalidad; el segundo, el aplazamiento de la misma en cuanto a la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática; y, por último, y «subsidiariamente, la abstención del propio fiscal general» en la votación de la misma por su proximidad y afinidad con una de las candidatas.

De todas ellas, la segunda, era la más «delicada», precisamente, porque fueron un total de siete, de los nueve vocales electos, los que formalizaron como «cuestión previa» la petición de retrasar la decisión, como mínimo, hasta que la Inspección Fiscal se pronunciase sobre el «riguroso y detallado informe» con el que los seis consejeros de la AF rebatieron la «incompatibilidad» personal de Delgado para hacerse cargo del puesto vacante.

Voto en contra de un vocal de la UPF

Así las cosas, llegado el turno de Delgado, los Fiscales de la AF pedían «la exclusión del orden del día de la plaza de Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática al considerar que Dolores Delgado pudiera estar incursa en causa de incompatibilidad del artículo 58.1 EOMF, solicitando que la Inspección Fiscal incoase expediente gubernativo para estudiar su concurrencia». Una posición a la que se ha sumado, como ya había instado previamente, el vocal recusado y que ha respaldado, de manera indirecta, uno de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) afín tanto a Delgado como García Ortiz.

Una petición apoyada en «la íntima relación de pareja que mantiene la Sra. Delgado con don Baltasar Garzón Real, dada la condición del mismo de presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)». Y es que, dicha entidad, desde su nacimiento en 2011, «ha venido participando activamente en la elaboración de informes ante instituciones nacionales e internacionales sobre materias tales como las supuestas infracciones del Estado Español de lo dispuesto en la Convención contra las Desapariciones Forzadas o, ante la ONU, proponiendo investigar y juzgar las desapariciones del Franquismo y la no aplicación de la Ley de Amnistía; informes cuyos postulados han sido fundamento de la Ley de Memoria Democrática hasta el punto de que la creación de la Fiscalía de Sala derive de sus recomendaciones».

«Y ello sin perjuicio de que, además, Dolores Delgado haya colaborado en actividades de la propia Fundación, tanto en su época como Ministra de Justicia como con posterioridad». Un escenario en el que se revela con meridiana claridad «la coincidencia entre el ámbito de competencia de la nueva Fiscalía de Sala y el de actuación de la Fundación que preside la pareja sentimental» de la exfiscal general del Estado.

Una petición de exclusión de los Vocales de la Asociación de Fiscales que, al igual que la recusación del vocal Salvador Viada, fue desestimada por el Fiscal General del Estado, motivo por el cual, tras hacer constar todas las partes su «expresa protesta», no intervinieron en el debate e informe de la plaza. «No hubo abstención como tal, ni votación en contra», apostillan varias fuentes consultadas por El Debate, «se trató de que los vocales se negaron a participar en una designación» que es «susceptible de ser, judicialmente, impugnada» por varias causas.

Pese a todo lo ocurrido, el fiscal general del Estado acordó proponer el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática con el informe favorable de tan sólo uno de los dos vocales de la UPF y las vocales natas del Consejo –la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde y la inspectora jefe María Antonia Sanz, ambas designadas bajo el mandato de Delgado para sus cargos– habiendo recibido Juan Calparsoro Damián el apoyo del otro vocal de la UPF, y sin intervención, ni emisión de voto, por los vocales de la AF y de APIF.