La mayoría del Consejo Fiscal en contra del nombramiento a dedo hoy de Dolores Delgado

Dolores Delgado ha vuelto a convertirse en polémica protagonista de la actualidad desde que, hace unos días, se conociese la intención de su sucesor en el cargo de fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de nombrarla a dedo para la plaza a la que la socialista ha venido aspirando desde su dimisión al frente de la Carrera. El Pleno del Consejo Fiscal que, como avanzó El Debate, se adelantaba en convocatoria extraordinaria a este jueves para garantizar la designación de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, antes de las elecciones del 23-J, será el epicentro de la tensión y el malestar del Ministerio Público. La mayoría del Consejo (CF) se opone a esta maniobra y así lo harán constar en el transcurso del debate que hoy tendrá lugar en la sede de la Fiscalía, en la madrileña calle de Fortuny.

No en vano, del total de los nueve puestos de consejero que conforman el máximo órgano consultivo del fiscal general, siete corresponden a miembros electos de dos de las entidades más críticas con los desmanes de García Ortiz al frente del Ministerio Público: la Asociación de Fiscales (AF), con seis consejeros y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), con uno.

Un total de siete voces discrepantes tanto con la cita de esta jornada como con el hecho de que Delgado sea la elegida para ocuparse de una plaza que, puede incurrir en «incompatibilidades» por su relación sentimental con el exjuez Baltasar Garzón, abogado especialista en derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, pase lo que pase en el transcurso de una deliberación, y posterior votación, de este jueves, García Ortiz sabe que tendrá la última palabra. Su elección, convenientemente motivada, será firme y, a la vista está que ni las solicitudes de aplazamiento o suspensión del Pleno, ni las exigencias de dimisión formalmente instadas desde la AF tras los ataques personales del fiscal general a la también extitular del cargo Consuelo Madrigal para justificar una designación «impúdica» han surtido ningún efecto.

No en vano, según lo previsto en el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), «es competencia decisoria del Consejo Fiscal el dictaminar acerca de la concurrencia de causas» que comprometan la compatibilidad de los candidatos a las vacantes de la Carrera.

Esto es, corresponde al Pleno en su conjunto, y no únicamente a García Ortiz, la misión de dictaminar la «existencia de posibles conflictos de interés entre una de las candidatas a cubrir la plaza de Fiscal de Sala de Memoria Democrática, la Excma. Sra. Da. Dolores Delgado García, por razón de su relación sentimental con el titular de un conocido despacho de abogados, ILOCAD Baltasar Garzón y la Fundación FIBGAR, cuyo objeto y actividad podrían» discrepar de las funciones que la ley atribuye al futuro y eventual titular del cargo.

Una política de nombramientos sin consenso

Desde que la Fiscalía General del Estado recayese en manos de Álvaro García Ortiz, la dinámica de los nombramientos ha venido pivotando entre los perfiles de los candidatos más afines a la izquierda política y contra el habitual criterio de la antigüedad que se observaba, tradicionalmente, como prioritario en el seno de la institución hasta la llegada de su predecesora al cargo, Dolores Delgado, que inauguró una era de «dudosa discrecionalidad».

Así las cosas, por ejemplo, en el Consejo Fiscal celebrado el pasado 23 de febrero, la plaza de la Jefatura de Siniestralidad Laboral se dio «al séptimo candidato más antiguo del escalafón», Ángel Javier Muñoz Marín, adjunto del anterior titular de la misma, pese a que la plaza la solicitaban, también, cinco fiscales del Tribunal Supremo, los tres primeros, «al menos, con un CV mucho mejor», apuntaron entonces a El Debate fuentes próximas al caso.

La plaza fue, finalmente, para Muñoz Marín un aspirante únicamente «respaldado por criterios de especialización». Aunque «éste no ha sido un nombramiento político, no ha habido consenso ni unanimidad en la elección», apuntaban desde el seno del Consejo Fiscal tras la preceptiva, aunque no vinculante, audiencia de García Ortiz a su órgano consultivo.

Una decisión con la que culminaba un total de ocho propuestas de nombramiento para cargos discrecionales en el seno del Ministerio Fiscal. La Fiscalía de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo, vacante tras la jubilación de Félix Pantoja, el pasado diciembre; las jefaturas de las Fiscalías provinciales de Badajoz, Jaén, Las Palmas y León; la Tenencia Fiscal de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, y las Fiscalías de Área de Ibiza, Getafe y Leganés. Además, de la del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo que tampoco obtuvo, ni de lejos, el apoyo total de los consejeros.

Tanto la AF como la APIF han criticado públicamente la «querencia» de Dolores Delgado y de Álvaro García Ortiz por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que ambos pertenecieron antes de adquirir dimensión política en sus mandatos como fiscales generales– a la hora de acordar nombramientos discrecionales. No en vano, de todas las vacantes cubiertas en los últimos meses, muy pocos candidatos han sido seleccionados de entre las demás entidades profesionales o de fuera del entorno asociativo.