Feijóo quiere rearmar al Estado en sus primeros 100 días para desactivar otro 'procés'

Los separatistas catalanes se preparan para abrir un nuevo tiempo de confrontación con el Gobierno de España si Pedro Sánchez es desalojado del poder. Pero no van a pillar desprevenido a Alberto Núñez Feijóo, puesto que una de las primeras cosas que hará si pone un pie en la Moncloa es rearmar al Estado frente a una nueva ofensiva independentista.

El PP ya tiene redactada la reforma del Código Penal que llevará al Congreso para recuperar el delito de sedición, el de convocatoria de referéndum ilegal y agravar las penas por malversación que el PSOE rebajó para contentar a Esquerra. Los populares no se conformarán con derogar la reforma que aprobó la mayoría Frankenstein en Navidad y volver al Código Penal de 2015. Además, recuperarán un delito que desapareció del Código Penal hace 18 años: el de referéndum ilegal.

El líder de los populares es consciente de que tiene actuar rápido, en los primeros 100 días, porque la derogación del delito de sedición –en diciembre– ha dejado al Estado desprotegido ante una declaración unilateral de independencia como la que Carles Puigdemont oficializó el 10 de octubre de 2017.

Ya lo advirtió en febrero el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, cuando la sala revisó la sentencia del procés: «A raíz de la reforma, entre el delito de rebelión regulado en el art. 472 del CP y el delito de desórdenes públicos previsto en el art. 557 existe un espacio intermedio que puede alojar en el futuro conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional, en el que la observancia de las leyes y el incumplimiento de las resoluciones judiciales, si no fueran acompañados de una violencia preordenada a esos fines o no implicaran actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas quedarían impunes».

La convocatoria de referéndum ilegal

El delito de convocatoria de referéndum ilegal fue uno que el Gobierno de José María Aznar introdujo en 2003, para frenar el llamado Plan Ibarretxe. Y su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, lo eliminó apenas dos años después, como peaje al PNV: por aquel entonces estaba negociando con los nacionalistas vascos los Presupuestos Generales de 2006.

Así pues, Feijóo plantea recuperar los artículos 506 bis y 521 bis en idénticos términos a como fueron aprobados en 2003. Estos establecen penas de prisión de entre tres y cinco años para la autoridad o funcionario público que convoque un referéndum ilegal. Y de entre uno y tres años para quienes, no siendo responsables de su convocatoria, lo faciliten, promuevan o aseguren.

La reforma del Código Penal prometida por el candidato del PP está redactada porque, apenas tres semanas antes del adelanto electoral, el grupo parlamentario popular la registró en el Congreso en forma de proposición de ley orgánica, sin saber que Sánchez dinamitaría la legislatura poco después. En su exposición de motivos, los populares recordaban que el delito de sedición no fue un invento español, sino que también está legislado en Alemania, Francia, Italia, Portugal y Bélgica, así como en otros países de dentro y fuera de la UE.

La sedición

En lo que se refiere a la sedición, volverán al Código Penal los artículos comprendidos entre el 544 y el 549, suprimidos hace medio año mediante una proposición de ley orgánica cuya tramitación duró, exactamente, 42 días. Según Sánchez, para equiparar el ordenamiento jurídico español a los del resto de países europeos.

«Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales», establecía el artículo 544 del Código Penal antes de que el Gobierno y sus socios parlamentarios le pasaran el rodillo, y así volverá a figurar si Feijóo gobierna, según su compromiso.

La malversación

En lo que respecta a la malversación, la intención de los populares es volver al concepto que aprobaron las Cortes en 2015, a iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, la opinión pública estaba muy preocupada por los casos de corrupción Ello supone dar marcha atrás en la reforma de los artículos 432 y 433, que básicamente lo que hizo fue reducir el tipo básico de la malversación a una apropiación indebida: es decir, pensada para la autoridad o funcionario público que mete la mano en la caja, y no para los cargos de un gobierno autonómico -como fue el caso de la Generalitat- que desfalcaron millones de euros de las arcas catalanas para financiar el procés.

Por último, la propuesta de Feijóo pasa por suprimir el artículo que se sacó de la chistera el PSOE para que pareciera que su reforma del Código Penal endurecía la lucha contra la malversación en lugar de lo contrario, al crear un tipo de enriquecimiento ilícito. Es el 432 bis, castigado con penas de cárcel de entre seis meses a tres años.

El 3 de mayo de 2023, la Comisión Europea aprobó una propuesta de directiva para actualizar la legislación de la UE en materia de lucha contra la corrupción. En el caso de la malversación, la intención de Bruselas es aumentar las penas y no rebajarlas, como hizo Sánchez. A pesar de la desautorización, el presidente del Gobierno se permitió decir: «Es una buena noticia que se armonicen los delitos y a España le coge con los deberes hechos».

En ERC siguen preguntándose qué ha fallado después de que, en las urnas del 28 de mayo, los republicanos perdieran 300.000 votos y quedaran como tercera fuerza política. Por detrás del PSC y de Junts, el partido de Puigdemont. La militancia presiona a Oriol Junqueras para que abandone la vía del diálogo con el Gobierno de España y vuelva a la vía unilateral. Un camino de confrontación del que Junts y la CUP nunca han salido, y el electorado independentista se lo ha premiado.

Es tiempo de repliegue para el secesionismo, que da por descontada la llegada de Feijóo a la Moncloa. De ahí el llamamiento del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, a Junts y la CUP para organizar un «frente democrático» desde el que afrontar las elecciones generales y lo que venga después. Y de ahí que, para Feijóo, este rearme sea prioritario.