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Vista aérea del complejo urbanístico de la Isla de Valdecañas (Cáceres)

Tribunales

Los dos alcaldes que defienden Valdecañas: «Se pueden valorar otras muchas medidas antes de llegar al derribo»

Silvia Sarro, regidora del Partido Popular en El Gordo y el socialista Ángel Pedro Martínez, titular del Ayuntamiento de Berrocalejo defienden el complejo frente a quienes piden demolerlo

Esto no va «ni de ricos ni de protección de aves. Va de Estado de Derecho y de los derechos». El caso Valdecañas, es decir, la urbanización de unos terrenos en la Extremadura vaciada, «se ha querido presentar como cosas de ricos, llegando a calificarla como la Marbella extremeña, residencias de lujo para famosos y políticos, y barbaridades semejantes,...», aseguran en una carta conjunta los dos alcaldes afectados por las decisiones judiciales que se han ido tomando sobre el complejo. Silvia Sarro, regidora popular en El Gordo y Ángel Pedro Martínez, al frente del Ayuntamiento de Berrocalejo, defienden el proyecto urbanístico, la riqueza que éste proporciona a la comarca, que se traduce también en creación de empleo, y piden «sentido común» en una cuestión litigiosa que se encuentra en el último peldaño de su periplo judicial.

Y es que si bien, en 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó una resolución ordenando, no la demolición total, decidida en 2011 por un juzgado de primera instancia, sino la ejecución parcial de la misma, es decir, conservar lo construido y en funcionamiento, y demoler sólo lo que aún no estuviese operativo. Posteriormente, el Tribunal Supremo (TS) admitió un recurso de una asociación ecologista con sede en Madrid, y el año pasado dictó, una nueva sentencia, acordando demoler todo sin excepción.

En la actualidad, los recursos de amparo esperan al dictamen final del Constitucional que decidió admitirlos y está pendiente de decidir sobre la suspensión de los efectos de la sentencia del TS mientras se tramita el fondo de los mismos.

Es una barbaridad para el Estado de Derecho y para los derechos de los extremeños, negarles su derecho a vivir donde quieren vivirSilvia Sarro y Pedro Ángel MartínezAlcaldes de El Gordo y Berrocalejo

Así las cosas, los alcaldes de El Gordo y Berrocalejo han dado un paso al frente para defender su entorno: «Quien califique a la Isla de Valdecañas, que por cierto no es ninguna isla, como complejo residencial de lujo, etcétera, es que, o no conoce el complejo o no conoce Marbella. ¿Dónde está el lujo de ciertas urbanizaciones de Marbella en Valdecañas? En ninguna parte. Se trata, y con una breve visita se comprueba, de una urbanización de clase media, con viviendas normales, y por cierto, muy integradas en el paisaje. Pero hay un campo de golf. ¡Ah! El golf es elitista entonces. ¿Seguro? El deporte del golf es practicado por muchos españoles y extranjeros, de todas las clases sociales, y es fuente de movimiento económico y de puestos de trabajo, en suma, de bienestar social y económico».

«Extremadura es una región en gran parte vaciada, con un índice de despoblación importante. Pero eso sí, con grandes latifundios, que disponen así de mano de obra barata», han recordado ambos regidores en una nota conjunta a la que ha tenido acceso El Debate.

«Recordemos los Santos Inocentes, una novela maestra de Delibes llevada al cine». «No va de ricos, va de vida, de trabajo para los habitantes, de mejora de los servicios, etcétera, para esa zona», insisten.

Zona de especial protección de aves

«Se dice que la urbanización, hoy a medio construir, está en una Zona de Especial Protección de Aves, una ZEPA que impide urbanizar. «No es cierto», aseguran Sarro y Martínez. Y es que, no en vano, «las aves tan invocadas como de necesaria protección, son aves acuáticas, consecuencia del pantano de Valdecañas, construido en la España de Franco. Por tanto, se podría decir que son, en línea con algunas ocurrencias últimas, aves franquistas», ironizan.

Así las cosas, «en el propio Decreto de 2007 que autorizaba el Complejo Valdecañas, hay un artículo que clarísimamente dice que allí no hay declarada ninguna ZEPA. Precepto que, al parecer, los tribunales no observaron su existencia, y tampoco se les puso en evidencia, motivo por el que la Asamblea de Extremadura ha promulgado una ley declarando que allí nunca hubo una ZEPA», remarcan en su comunicado.

«La protección del medio ambiente, y esto es algo fuera de toda duda, está perfectamente acreditada en Valdecañas. ¿Es que la vuelta del terreno a su situación de estercolero y basurero, que algunos pretenden, es la protección del medio ambiente?», se preguntan.

Y se dirigen, directamente, a quienes «no dejan de invocar a Europa»: «Que no olviden que en la protección del hábitat, las Directivas europeas colocan como el primer objetivo a proteger, la población. Y desde luego, no se protege a unos pueblos condenando a sus habitantes a la emigración. Recordar que estos pueblos fueron ya perjudicados con la construcción del embalse, tanto en el tema de economía, puesto que perdieron gran parte de sus recursos agrícolas, y en población, pues mucha gente tuvo que emigrar a otros territorios en busca de trabajo».

«Vivir de nuevo esta situación sería totalmente injusto, se pueden valorar otras muchas medidas antes de llegar al derribo. Debemos atender al sentido común», instan la alcaldesa de El Gordo y su homólogo en el Berrocalejo.

«A cualquier persona que se interese por Valdecañas, por favor, que la visite. Que la conozca. Y que hable con la gente que trabaja allí, tanto directa como indirectamente, con los vecinos de los pueblos. Y concluirá en la barbaridad que supone para el Estado de Derecho y para los derechos de los extremeños, negarles su derecho a vivir donde quieren vivir», concluye el texto.