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El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y su predecesora en el cargo, Dolores DelgadoEFE

Tribunales

El TS ve razones fundadas para anular el ascenso de Delgado a fiscal de Sala que García Ortiz blindó con Memoria Democrática

El reciente y polémico nombramiento de la exfiscal general como titular de la nueva plaza respondía, en realidad, a la necesidad de preservar su categoría en el escalafón de la Carrera

Que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «no da puntada sin hilo» es vox populi en los mentideros del Poder Judicial. De ahí que acelerase la designación de su predecesora en el cargo y amiga personal, Dolores Delgado, como nueva titular de la plaza de Memoria Democrática, pese a que sobre ella planean dudas de «idoneidad» por el posible «conflicto de competencias» en el que incurrirá, en el ejercicio de sus funciones, atendiendo a la profesión de su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón, abogado especialista en derechos humanos y crímenes políticos y de lesa humanidad.

Con el nombramiento de Delgado –en el Pleno extraordinario celebrado la semana pasada, en el que un total de siete vocales del Consejo Fiscal se negaron a informar sobre el perfil de la exministra de Justicia–, García Ortiz buscó blindarla en la máxima categoría del escalafón de la Carrera, como fiscal de Sala, a la que accedió tras ser promocionada, por él mismo, a la vacante de lo Militar del Supremo. Y es que, según ha podido saber El Debate, el Alto Tribunal vería «razones fundadas» en el recurso con el que Luis Rueda, teniente fiscal del Tribunal de Cuentas y aspirante al puesto, impugna el Real Decreto que promocionó a la ex ministra a lo más alto de la profesión.

Pero, «incluso aunque la Sala Tercera del Supremo anule la asignación de la plaza de fiscal de Sala de lo Militar a Delgado», el hecho de que haya sido recientemente elegida para hacerse cargo de «una nueva plaza ubicada en el mismo rango» abre, «como mínimo» un «debate jurídico inédito y muy complejo» sobre la «confirmación de su condición de fiscal de Sala, con independencia de su destino profesional concreto», apuntan a El Debate fuentes próximas a la cuestión.

Es decir, «en el acto de designación de Delgado como titular de la jurisdicción Militar del Supremo se produjo un doble efecto: por una parte su adscripción a un puesto determinado; y, por otra, la promoción a un escalón superior, hacia la máxima posición posible dentro el Ministerio Público». Y es en este último aspecto, con el que le premió García Ortiz, donde ha quedado «ratificada» por el hecho de «haber sido nombrada, por segunda vez», por éste, «para una vacante que exhibe la condición de fiscal de Sala». «En cierto modo dicha decisión confirma su estatus» más allá de «las funciones concretas que pueda venir desempeñando» en cada caso.

O lo que es lo mismo, si el Supremo da la razón al fiscal Rueda, lo que cada vez toma más visos de realidad, e incluso aunque el Partido Popular –como se ha comprometido Alberto Núñez Feijóo si llega a la Moncloa tras el 23-J– derogue la Ley de Memoria Democrática que habilitó la nueva plaza «a la medida» de Dolores Delgado, la exministra de Justicia «seguiría disfrutando» de su ascenso.

Eso sí, adscrita de manera genérica como fiscal del Supremo al haber perdido su puesto en lo Militar, por decisión judicial y con efecto inmediato tras el segundo y reciente nombramiento, y en materia de Memoria, por la desaparición de la vacante creada por una norma eliminada del ordenamiento.