Feijóo limitará el poder de Conde-Pumpido para contrarrestar la mayoría de izquierdas en el TC

Alberto Núñez Feijóo se ha fijado entre sus prioridades reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para estrechar el margen de maniobra a su polémico presidente, Cándido Conde-Pumpido, en abierta sintonía con el PSOE. Y, de paso, para evitar en el futuro casos de puertas giratorias tan escandalosos como el del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, hoy magistrado del TC.

El líder del PP es consciente de que, si gobierna a partir de julio, lo hará con un Constitucional de amplia mayoría de izquierdas, en el que el ala conservadora está en evidente desventaja y lo estará al menos hasta 2031. En concreto, la proporción es de 7 a 4 desde principios de año, cuando fueron renovados cuatro de sus 12 miembros para un mandato de nueve años. Y, por primera vez, el presidente y la vicepresidenta, Inmaculada Moltalbán, son de la misma cuerda ideológica.

Conde-Pumpido y su «plan de choque»

Desde enero, los populares han podido comprobar cómo el máximo intérprete de la Carta Magna ha validado algunas de las leyes ideológicas de Pedro Sánchez, metiéndolas a machamartillo en el orden del día. Conde-Pumpido lo ha bautizado como «plan de choque» para agilizar los recursos de amparo. Es el caso de la ley Celáa, que el Congreso aprobó en pleno estado de alarma, y la ley de eutanasia.

En la reforma que quiere acometer Feijóo, en el caso de que Conde-Pumpido altere el turno de distribución de asuntos tendrá que motivarlo. El PP también tiene previsto reforzar los plazos para resolver los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. No es que en la actual ley no los haya, sino que son muy reducidos y no se respetan, sin que pase nada por ello.

Los populares proponen que, en caso de incumplimiento de los plazos, el TC dicte una providencia explicando la dilación. Si persiste el retraso, el asunto pasará a tener una prioridad absoluta. Que es lo que durante años no pasó con la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya constitucionalidad avaló el TC el pasado 9 de mayo.

En las últimas semanas, el Constitucional ha dado la razón a Sánchez en otro recurso: el que presentó el Gobierno en plena precampaña contra Isabel Díaz Ayuso por una ley madrileña que limitaba la aplicación de la ley de eutanasia. En concreto, en caso de discapacidad del solicitante obligaba a que fuese autorizada por un juez. Además, ha avalado las fórmulas imaginativas que utilizaron los independentistas para acatar la Constitución al tomar posesión de su escaño.

La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional está incluida en el Plan de Calidad Institucional que el PP presentó en enero, y que pretende ser la hoja de ruta del refuerzo de las instituciones y de su independencia. En ella está contemplada también la ampliación de supuestos en los que los partidos podrán interponer un recurso previo de inconstitucionalidad frente a leyes orgánicas poderes del Estado u órganos constitucionales. Esto tiene mucho que ver con lo ocurrido en diciembre en el Senado, cuando el TC –aún de mayoría conservadora– ordenó suspender la tramitación parlamentaria de una reforma impulsada por Pedro Sánchez para imponer cuanto antes una mayoría de izquierdas en el Constitucional.

La reforma del TC que quiere impulsar Feijóo incluye la aprobación de un Código Ético para sus magistrados

Además, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la reforma, el órgano que preside Conde-Pumpido deberá aprobar un Código Ético que castigará especialmente las filtraciones y protegerá el secreto de las deliberaciones. También se publicarán no solo los votos particulares, sino el sentido del voto de cada magistrado.

La reforma se completa con un endurecimiento de las condiciones para ser elegido magistrado del TC. No podrán serlo quienes, en los cinco años anteriores, hayan estado en política. De haber estado en vigor esta prohibición cuando el Gobierno eligió a sus dos candidatos (a finales de noviembre), ninguno de ellos podría haberlo sido. Ni el exministro Campo, brazo ejecutor de los indultos a nueve condenados del procés, ni tampoco la catedrática Laura Díaz, ex directora general de Presidencia en el Ministerio de Félix Bolaños.

Con ellos, especialmente con Campo, está sucediendo lo que ya advirtió la oposición: su participación en el Consejo de Ministros le obliga a inhibirse en no pocas deliberaciones para las que está contaminado.

Sánchez eligió a Conde-Pumpido no solo para que validara el armazón ideológico del sanchismo y neutralizara los recursos de inconstitucionalidad del PP y Vox. También, para que el Constitucional no entorpeciera, sino facilitara, una consulta pactada con ERC, en el caso de seguir una legislatura más en la Moncloa. Ello a través de un nuevo Estatut validado por el máximo intérprete de la ley de leyes.

De hecho, Conde-Pumpido ya maniobró en favor del anterior Estatut cuando era fiscal general del Estado, con José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces consiguió frenar un recurso de amparo que el PP presentó ante el TC contra la decisión de la Mesa del Congreso de tramitarlo como reforma estatutaria y no como una reforma encubierta de la Constitución (una triquiñuela de Zapatero para rebajar la mayoría necesaria para su aprobación en la Cámara Baja).

De ahí que los populares no se fíen de él. Aunque si Sánchez abandona la Moncloa no habrá consulta futura que posibilitar por parte de Conde-Pumpido. Porque los secesionistas saben que, si el próximo presidente el Feijóo, ésa será una línea roja infranqueable. ERC se está planteando volver a la senda de la confrontación con el Estado, en vista de su mal resultado en las elecciones del 28 de mayo y de las malas expectativas electorales de Sánchez.

Es por eso por lo que, como contó El Debate, otra de las prioridades de Feijóo pasa por reformar el Código Penal para recuperar el delito de sedición, el de convocatoria de referéndum ilegal y para volver a poner las penas por malversación como estaban antes de que el presidente del Gobierno las rebajara la pasada Navidad.