El Gobierno hurtó a Europa datos clave para el informe anual sobre la separación de poderes en España

en la última ocasión en la que el Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, visitó nuestro país, pidió ante el Rey Felipe VI, que se renovase el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cambiando «antes» el sistema de elección de los vocales. Pocas horas después, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, aseguraba que, a los fallos estructurales históricamente conocidos, seguían muy «de cerca», también, la actual situación de nuestro Tribunal Constitucional y su composición de cara al informe 2023 sobre el Estado de Derecho en España que verá la luz en las próximas semanas.

Así las cosas, sin embargo, hay varios polémicos hitos que han tenido lugar desde entonces y de los que no ha tenido conocimiento el Ejecutivo comunitario porque el Gobierno español no se los ha comunicado. De cómo el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, negó a la magistrada Concepción Espejel, la posibilidad de abstenerse en la sentencia del aborto, pese a que ella misma declaró no ser imparcial en el asunto; el hecho de que la convocatoria electoral del 23-J volverá a dilatar la ya de por sí enquistada renovación del CGPJ; o el escándalo del reciente nombramiento de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática, son algunos de ellos.

Una colección de situaciones que, sin duda, deberían ser tenidas en cuenta en el informe anual que el Ejecutivo comunitario publicará en las próximas semanas sobre España, después de varios años de advertencias en materia de Estado de Derecho, en tanto en cuanto afectan a la confianza de la sociedad en el Poder Ejecutivo.

Tal es así que, este miércoles, la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, subrayaba en una nueva carta remitida al comisario Reynders, las maniobras que atañen a un Gobierno que designaba a Delgado para su nuevo puesto, «con maneras que ponen en entredicho la política de nombramientos de Pedro Sánchez».

Este Ejecutivo ha sido incapaz de «garantizar la separación de poderes y la no politización de los órganos, proteger los derechos fundamentales, prevenir la corrupción y las tramas corruptas, generar la confianza en el sistema judicial y controlar el ejercicio del poder» político.

La Fiscalía, en entredicho

Maite Pagaza ha mantenido informado a Reynders durante toda la legislatura de la situación del CGPJ, cuyo bloqueo se prolongará varios meses más por la convocatoria de elecciones en julio y, posiblemente, algún tiempo más hasta que los nuevos responsables electos de los dos principales partidos –PSOE y PP– vuelvan a la mesa de negociación para llegar a un acuerdo. Los miembros del Consejo cumplirán, en diciembre, cinco años en funciones, una situación denunciada en numerosas ocasiones por la propia Comisión Europea pero que sus ninguno de ambos parece estar dispuesto a remediar.

Y «no es porque el actual Gobierno no sepa aprobar leyes con rapidez», explica Pagaza en su carta –en clara referencia al abuso del uso del decreto ley por el Ejecutivo de Sánchez , 135 entre 2018 y marzo de 2023– «que no requieren de análisis y estudio por parte del CGPJ, ni del Consejo de Estado, ni del Consejo económico Social, ni tampoco permite la presentación de enmiendas por parte de los Grupos de la oposición». «Los proyectos de ley han tardado unos cinco meses de tramitación en el procedimiento ordinario. Queda acreditada la falta de voluntad de cambiar la ley para mejorar la independencia del CGPJ y sortear el bloqueo político del que los dos grandes partidos se acusan mutuamente», asegura.

También apunta la diputada que el próximo 22 de junio se conocerá el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre las denuncias presentadas por seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) por no renovar el CGPJ desde diciembre de 2018. Los juristas acudieron a Europa tras el portazo del TC a admitir a trámite el recurso de amparo alegando que se presentó «fuera de plazo».

En paralelo a todo ello, Maite Pagaza añade otro motivo de preocupación: el nombramiento de Dolores Delgado «al frente de la Sala más reciente y políticamente más sensible, la de Memoria Democrática y Derechos Humanos» bajo sospecha de «conflicto de intereses» con la profesión de su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón. «De hecho, tanto la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) como la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales (APIF) se han dirigido en las últimas horas al Ejecutivo por cuestiones de muy posible incompatibilidad y nulidad», expone en la carta a Reynders.

Le ruego, comisario, que tenga en cuenta todos estos elementos de cara al informe anual sobre España respecto al Estado de derechoMaite PagazaEurodiputada Ciudadanos

La eurodiputada incluye en su escrito los argumentos de estas organizaciones fiscales para oponerse a un nuevo y polémico nombramiento de la ex fiscal general del Estado. Entre otros, su relación sentimental con un exmagistrado que dirige una fundación, FIGBAR, que «además de realizar actividades de intermediación y mantener un despacho de abogados con cifras millonarias anualmente, incluye actividad lucrativa en torno a la temática» que gestionará Delgado.

No en vano, fuentes próximas a la Fiscalía han remarcado que el propio Garzón fue uno de los ideólogos de dicha vacante creada «a la medida» de Delgado y en la que ella misma participó en varias ocasiones durante el proceso: como ministra de Justicia, durante el Anteproyecto de ley, y al frente del Consejo Fiscal en el trámite informativo del órgano sobre la misma.

A todo lo anterior, Pagaza suma las maniobras desde la Fiscalía General para dilatar la investigación contra el fiscal Ignacio Stampa y apartarle así de su petición de plaza en Anticorrupción. «Stampa era el teniente fiscal que investigó la actuación del fiscal del denominado caso Villarejo, uno de los más oscuros episodios de la democracia española que implica a comisarios, jueces y fiscales en una trama criminal, cohecho y blanqueo de capitales, con ramificaciones hasta el poder político y relaciones de amistad precisamente con la ex Fiscal General del Estado y su entorno personal».