Sánchez reconoce no haber hecho nada para conseguir que siete asesinos de ETA renuncien a ser cargos públicos

El Gobierno no hizo nada para evitar que 44 terroristas formaran parte de las listas de Bildu en las Elecciones Autonómicas y Municipales del pasado 28 de mayo, aunque la Ley de Partidos le permitía intentarlo. Y tampoco se movió para que los que podían lograr acta de concejal incluso acumulando delitos de sangre renunciaran a tomar posesión, algo todavía pendiente de confirmación pese al anuncio de que lo harían.

Así consta, por escrito, en un documento fechado a 2 de junio, en propiedad de El Debate y firmado por la directora de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, Beatriz Rodríguez Pérez, en el que deja claro que «no existe documento o contenido en poder de este órgano», en el que quede constancia de la mediación de Sánchez para que los siete etarras condenados anunciasen su supuesta renuncia a asumir sus cargos en las instituciones tras las recientes elecciones.

Es más, ni siquiera consta que se haya dirigido a la formación abertzale, más allá de las apariciones públicas de miembros del Gobierno repudiando ese movimiento de los abertzales, para mediar y obligar a Arnaldo Otegi a eliminar de sus listas a los siete etarras condenados por delitos de sangre, que posteriormente anunciaron que no tomarían posesión de sus actas.

A preguntas de El Debate, el Gobierno se ve forzado a reconocer que no hizo ninguna gestión oficial, por los canales reglamentarios que le dan las instituciones y las leyes, para evitar «la presencia de antiguos criminales condenados por delitos de sangre» en las listas de Bildu, ni tampoco para lograr su renuncia a las actas que pudieran lograr.

Desde que se conoció el movimiento de Bildu para incluir a ETA en sus candidaturas, denunciado por Covite y detonante de una gran polémica, el Gobierno intentó distanciarse de esa decisión achacándosela a la sucesora de Batasuna, prescindió de pelear contra ella y, al final, sugirió que las supuestas renuncias a recoger el acta el próximo 17 de junio eran achacables a sus presiones y a las de las víctimas.

«El Gobierno no es ajeno a este dolor», llegó a decir la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, al conocerse el supuesto paso atrás de los etarras con delitos de sangre, sugiriendo la mediación ante Otegi para rebajar la ola de indignación que recorrió España aquellos días, si bien se negó a aclarar si esas gestiones existieron o no.

Hoy puede decirse que no existieron, lo que explicaría que el propio Pedro Sánchez, en una comparecencia desde la Casa Blanca el pasado 12 de mayo, se negara a responder la pregunta de si iba a poner en marcha los mecanismos del Estado para zanjar la intentona de Otegi de colar en las instituciones a 44 etarras, entre ellos siete condenados por asesinatos: José Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez y Agustín Muiños Díaz.

Ahora, al fin, desde Presidencia se da respuesta a una de las incógnitas que rodeaban la supuesta renuncia, pues desde Moncloa no se quiso contestar a esta cuestión en el momento en que se anunció a través de Naiz, el periódico de referencia del universo abertzale heredero de Gara.

Es más, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 16 de mayo, esquivó la pregunta, asegurando que «la posición de este Gobierno es conocida», añadiendo que «esto no debería haber ocurrido nunca».

La ilegalización de Bildu

Del mismo modo, y tal y como ya desveló El Debate, ni siquiera se planteó la posibilidad de una ilegalización del partido «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 c) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, por incluir en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no han rechazado públicamente los fines y medios de la organización terrorista ETA».

Las listas de Bildu incluyen condenados por terrorismo, las supuestas renuncias aún no son reales y el Gobierno se aferró a una frase del propio Sánchez –«una cosa que puede ser legal, pero no decente»– para renunciar a poner en marcha la Ley de Partidos, que considera causa de ilegalización incluir a condenados por terrorismo en listas electorales u órganos de dirección de formaciones.

A ese respecto, que más allá de su eficacia reflejaría la firme decisión de Sánchez de no ponerse de perfil ante Otegi, las pruebas documentales revelan que el Gobierno no hizo nada al reconocer que no instó «al Ministerio de Justicia, Abogacía del Estado o Fiscalía a solicitar la ilegalización de Bildu por infracción flagrante de la ley de partidos políticos al presentar a terroristas en las listas electorales, condenados por delitos de terrorismo y que no han rechazado públicamente los fines y medios de la banda terrorista ETA».

Y ello a pesar de que, en aquellos días, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió la actuación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para determinar si Bildu incumplía un texto que señala que es motivo de ilegalización incluir «regularmente» en las listas electorales a condenados por delitos de terrorismo que no hayan rechazado «públicamente» los «fines y medios terroristas».

Y como resultado, una vez celebradas las elecciones, ahora existen candidatos abertzales que pueden llegar a ser alcaldes de sus respectivas ciudades, pues la inacción de Sánchez ha permitido que trece condenados por pertenencia a organización terrorista hayan resultado elegidos tras los comicios del pasado 28 de mayo.

Condenados por terrorismo que pueden ser alcaldes

De ellos, además, cuatro pueden ser alcaldes, pues ninguno de ellos tiene delitos de sangre ya que fueron condenados por pertenencia a banda armada y no van a renunciar a sus actas. Es el caso de Andoni Laritz Bustundi, que lidera la lista a la alcaldía por Ciorza-Bolívar y que fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión en 2015 por ser miembro del «aparato logístico» de la banda etarra.

En la misma situación están Egoitz Garmendia Vera, candidato a alcalde de Ochandiano, condenado en 2016 a 2 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista; Asier Altuna Epelde, cabeza de lista a la alcaldía por Azpeitia y condenado en 2005 a 5 años por colaboración con banda armada; y Urtza Alkorta Arrizabalaga líder de la lista de Ondárroa, condenada en 2013 a 5 años de prisión por un delito de colaboración con ETA a través de actividades de correo, información y acompañamiento.

Por su parte, otros dos concejales electos tendrán que decidir esta semana si renuncian a su acta, tal y como prometieron, pues sobre sus espaldas recaen delitos de sangre. Son Juan Carlos Arriaga, condenado en 1989 a 29 años de prisión por el asesinato en 1984 de Jesús Alcocer Jiménez, y Begoña Uzkudun, condenada en 1989 a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas en 1984, que han sido elegidos como concejales de Berrioplano y Errezil, respectivamente.

Futuros acuerdos con Bildu

Mientras tanto, Sánchez intenta poner tierra de por medio, pese a que los acuerdos con Bildu han sido la tónica habitual durante la legislatura. La formación fue socio prioritario de Sánchez, allanando el camino del Gobierno en el Congreso de los Diputados, pero eso sí, jamás fue gratis pues aun resuena aquella frase de Otegi en la que aseguró que «tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos».

Sin embargo, ahora el escenario es distinto, pues las elecciones del próximo 23 de julio hacen que el PSOE marque distancias con Bildu. Ha vetado acuerdos con la formación en el Ayuntamiento de Pamplona y en la Comunidad Foral de Navarra, pero la abstención de los de Otegi planea como opción viable para que la socialista María Chivite vuelva a ser presidenta.

Aun así, esta postura no es más que una estrategia de Ferraz de cara a los comicios porque, en el hipotético caso de que Sánchez consiguiera una mayoría para poder formar gobierno, solo podría lograrlo si repite las alianzas de esta legislatura a punto de terminar, incluyendo en los pactos a Bildu y a ERC.