Los ecologistas critican a Conde-Pumpido por Valdecañas: «Sabíamos que iba a votar en contra del derribo»

«Aunque no me gusta hablar de resoluciones que no he podido leer, ya que no nos han remitido el auto, recibimos esta resolución muy negativamente. Sabíamos que el presidente Conde-Pumpido iba a votar en contra del derribo. Es muy triste que un magistrado sea predecible según su procedencia ideológica». Así de contundente se ha manifestado para El Debate Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción-CODA en el procedimiento judicial de la Isla de Valdecañas.

Tal y como avanzó El Debate en primicia, el Tribunal Constitucional (TC) decidió en su pleno del pasado martes suspender, de manera cautelar, la demolición del complejo extremeño de la Isla de Valdecañas con seis votos a favor –el de los cuatro magistrados conservadores más el de los polémicos progresistas Cándido Conde-Pumpido y Juan Carlos Campo– y cinco en contra, el resto de los vocales progresistas.

Por el contrario, la Junta de Extremadura –que presentó el recurso en el órgano de garantías junto a los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo– ha comunicado a este periódico, de manera lacónica, que «acepta y acata las decisiones de la Justicia, en este caso favorable a los intereses de Extremadura».

El fondo del asunto

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia en febrero del año pasado que decretaba la total demolición de la urbanización de lujo. La isla cuenta con un hotel de cuatro estrellas, una playa artificial, 185 viviendas –que alcanzan los 550.000 euros– e instalaciones deportivas. Entre los propietarios de las casas se encuentran personalidades como el hijo mayor de José María Aznar, el cantante Carlos Baute, o el primo del Rey Felipe VI, Beltrán Gómez-Acebo.

El caso llegó al Alto Tribunal después de que Ecologistas en Acción-CODA interpusiera un recurso, que se estimó íntegramente, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) que dictaminaba que solo había que derribar las fincas que se encontraban a medio construir, permitiendo que permanecieran las ya terminadas.

En este contexto, la Junta, los propietarios y los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo apelaron en amparo al TC por «violación de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) desde una doble perspectiva: por infracción del derecho a un juez predeterminado e imparcial y por exceso de jurisdicción e incongruencia en la admisión y resolución del recurso de casación», y por «la especial trascendencia constitucional de su recurso en la necesidad de que este tribunal fije doctrina sobre ciertos problemas o facetas de algunos derechos fundamentales». Los recursos fueron admitidos a trámite por el órgano de garantías a finales de diciembre de 2022, y ahora se ha decretado la paralización parcial del derribo.

Desde Ecologistas en Acción sostienen que los argumentos que los recurrentes han presentado en el órgano de garantías son «inconsistentes». «Al ser un recurso de amparo han de alegar una lesión de un derecho fundamental, en este caso el de tutela judicial efectiva porque un magistrado –Wenceslao Olea Godoy– participó en parte de la causa del TSJE y luego promocionó a la Sala Tercera del Supremo, donde fue magistrado y no se abstuvo, aunque en ese momento nadie recurrió», ha asegurado Doreste.

La Comisión de derribo

El pasado 6 de junio el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó una resolución en la que se designaba una Comisión Interdepartamental de la Junta encargada de ejecutar las sentencias judiciales que establecían que las «instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento deberán ser demolidas, como el resto de las obras». Este órgano es el «encargado de hacer seguimiento permanente e impulsar todas las actuaciones administrativas tendentes a la ejecución en sus justos términos».

Así pues, desde la Junta de Extremadura ha comentado a El Debate que «la ejecución de la sentencia queda suspendida cautelarmente hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, y la creación de esta comisión era parte de la ejecución de la misma». Sin embargo, Ecologistas En-Acción sostiene que «la medida cautelar paraliza la demolición de aquellas partes finalizadas y en servicio, y no las que están a medio construir, ya que esta parte no se recurrió en el Supremo».

Por su parte, el pasado mes de marzo el PSOE extremeño aprobó en solitario en el Parlamento autonómico una ley que califica a 55 espacios de la región como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Esta norma incluye en su disposición adicional segunda que las construcciones de la Isla de Valdecañas «no causan perjuicio a la integridad ambiental del lugar», y que «quedan legalizadas, sin perjuicio de la ejecución de las medidas ambientales que sean procedentes». Después de todo ello, y teniendo en cuenta la inestabilidad política en Extremadura, habrá que esperar para ver cómo finaliza el asunto.