La hipoteca de Sánchez en Justicia: una huelga viva, dos años de retraso en los juzgados y un CGPJ sin renovar

Una enorme roca en la campaña electoral de Pedro Sánchez. Los funcionarios de Justicia se han convertido, a las puertas de las elecciones, en uno de los mayores inconvenientes para el líder de los socialistas que lejos de calmar los ánimos les insultaba, públicamente, llamándoles «intolerantes». «Dejemos a los intolerantes retratarse como son, como intolerantes. Nosotros a trabajar y a convencer a la gente», afirmaba Sánchez ante los asistentes a su mitin de Dos Hermanas (en Sevilla) mientras observaba cómo un grupo de manifestantes eran expulsados del recinto. Lo cierto es que, tras varios meses de huelga, técnicos y auxilios judiciales han llegado al límite de su paciencia ante un Gobierno que ha sido incapaz de negociar con ellos y una ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha descartado sentarse con ellos.

Así las cosas, ya son más de dos años los que, como media, tardarán los juzgados de nuestro país en ponerse al día tras los paros generales convocados por el Comité de Huelga de los funcionarios de la Administración Judicial. A la ya de por sí maltrecha Justicia española –mermada por los efectos de la pandemia, ahogada por la acumulación de vacantes sin cubrir y permanentemente criticada por su injusta lentitud– el conflicto colectivo de los funcionarios la ha llevado al borde del colapso.

Una hipoteca que Sánchez deja tras una legislatura al frente del Ejecutivo: miles de juicios y vistas suspendidos y la actividad cotidiana de juzgados como los de familia o los mercantiles prácticamente paralizados. Y las consecuencias, irreparables, que tienen estos retrasos para quienes pleitean: sus hijos y sus empresas.

Es el resultado indeseado de «tantos años tratando aguantar, ante el complejo día a día», escondiendo los problemas «debajo del felpudo» y negando la realidad de una Administración «olvidada y ninguneada» se lamentaban los operadores jurídicos. Detrás de la huelga indefinida de los Letrados (LAJ) y las medidas de presión de los jueces y magistrados, los paros declarados por más de 45.000 funcionarios, han llevado la pésima gestión del Gobierno ante un escenario difícil de ocultar a la mayoría de los ciudadanos.

El CGPJ prorrogado durante cinco años

Y, todo ello, bajo la atenta mirada de Europa que, en los próximos días, publicará el informe anual sobre el Estado de Derecho en España. Un dictamen que, como ha venido ocurriendo en ediciones pasadas, supondrá un tirón de orejas a nuestro país por la falta de independencia del Poder Judicial y las constantes injerencias políticas en las instituciones jurídicas más relevantes: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía General del Estado y Tribunal Constitucional.

Bruselas recomienda que, como mínimo la mitad de los miembros del máximo órgano de gobierno de los jueces los designen sus propios pares. Y, con algunas discrepancias técnicas, los jueces y magistrados de nuestro país avalan la necesidad de abordar un proyecto legal para lograrlo. En este escenario a Pedro Sánchez se le agotaban, antes de disolver las Cortes, los argumentos para no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, con ello, aliviar las más de 70 vacantes en órganos judiciales de nuestro país que han llevado, a alguno de los más altos como el Supremo a lanzar varios SOS desesperados.

Pese a ello, y en lugar de poner remedio al asunto, el Ejecutivo socialista ha preferido hurtar a la UE –que ha desautorizado, entre otras cuestiones, la rebaja de la malversación, orquestada «a la carta» para contentar a los socios separatistas de Sánchez– algunos de los datos más relevantes para la confección de un dictamen en el que, con frecuencia, no hemos salido bien parados.

En la última ocasión en la que el Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, visitó nuestro país, pidió ante el Rey Felipe VI, que se renovase el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cambiando «antes» el sistema de elección de los vocales. Pocas horas después, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, aseguraba que, a los fallos estructurales históricamente conocidos, seguían muy «de cerca», también, la actual situación de nuestro Tribunal Constitucional y su composición de cara al informe 2023 sobre el Estado de Derecho en España que verá la luz en las próximas semanas.

Ni palabra de cómo el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, negó a la magistrada Concepción Espejel, la posibilidad de abstenerse en la sentencia del aborto, pese a que ella misma declaró no ser imparcial en el asunto; el hecho de que la convocatoria electoral del 23-J volverá a dilatar la ya de por sí enquistada renovación del CGPJ; o el escándalo del reciente nombramiento de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática, mientras todavía sigue en vilo su anterior ascenso en la jurisdicción militar, son algunos de ellos.