Sánchez confiesa al fin que no sabe cuándo, cómo y quién envió la carta de cesión del Sáhara a Marruecos

Pedro Sánchez no envió ninguna carta al Rey de Marruecos para cambiar medio siglo de supervisión de España sobre el Sáhara y cederle a Rabat el control de la antigua colonia española a Mohamed VI. Y si lo hizo, no puede enseñar el original ni es capaz de explicar cómo se gestionó.

La que se conoció, difundida extrañamente primero en desde el país vecino y luego en una versión mal traducida al español en el diario El País, pudo elaborarse incluso en Rabat, según apunta la nueva documentación oficial que hoy revela El Debate.

Así se deduce al menos de la incapacidad del Gobierno para hacer pública la supuesta carta original que Pedro Sánchez dijo haber remitido a Marruecos para, sin el respaldo del Congreso ni la tutela formal del Rey Felipe VI, renunciar a la cosoberanía del Sáhara y darle barra libre a Mohamed VI para cumplir su sueño de adueñarse, de facto, de una región que nunca fue marroquí y lleva 50 años intentando poder decidir sobre su futuro, con el respaldo de la ONU.

La escandalosa posibilidad de que Sánchez actuara al dictado del Rey de Marruecos, solo unos meses después de haber sufrido un episodio de espionaje en su móvil personal que la Unión Europea achaca a la Inteligencia alauí, cobró fuerza desde el primer momento por la secuencia de los hechos, insólita en las relaciones diplomáticas: no fue España quien dio a conocer su volantazo internacional, sino Rabat en una nota de su Casa Real fechada el 18 de marzo que Sánchez, cuatro días después, hizo suya y presentó como propia con fecha de 14 de marzo.

Pero esa supuesta carta de origen español, en su versión original, nunca se supo. Quizá porque en realidad no existe y Sánchez se limitó a presentar como propio un acuerdo que habría redactado y dio a conocer Marruecos antes que España.

Eso sugiere la imposibilidad del Gobierno de entregar a este periódico la misiva en cuestión, así como el procedimiento seguido para su remisión a Rabat, en cumplimiento de las obligaciones impuestas en varias resoluciones del Consejo de Transparencia a favor de este periódico.

En un documento con número de serie 00001-00079114, firmado el 16 de junio pasado por la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, Beatriz Pérez Rodríguez, se confiesa que Moncloa no sabe ni quién, ni cómo, ni siquiera cuándo, fue remitida la famosa carta, algo sin precedentes en un mundo, el diplomático, que deja huella oficial de todo por razones obvias de Estado.

«En el ámbito de Presidencia no existe documento o contenido» alguno que acredite «el medio y fecha de remisión» de la carta «al Rey de Marruecos», como tampoco de la «autoridad o funcionario que ordenó y realizó tal remisión», confiesa el equipo de Sánchez, presionado por la legislación a la que durante un año se opuso a atender antes de doblar el brazo a instancias de este periódico.

La confesión no queda ahí, pues en relación con «los informes remitidos al presidente del Gobierno que justifican la necesidad de remitir la carta al Rey de Marruecos como forma de manifestar la posición de España en el conflicto del Sáhara», la respuesta forzada de la Moncloa es igual de explícita: «No existe documento».

Según la defensa jurídica de El Debate en este procedimiento, «esta nueva resolución demuestra que el presidente del Gobierno tomó una decisión personalista en el cambio de posición española acerca del Sáhara, algo que demostró El Debate; pero lo que ahora además reconoce Moncloa es que no dispuso de informes previos a tal efecto elaborados por el director de Gabinete, que es además secretario del Consejo de Seguridad Nacional, de Albares como ministro de Exteriores, ni del propio CNI».

El CNI es un organismo que según la Ley 11/2002 de 6 de mayo, tiene entre otras funciones la de difundir la inteligencia necesaria para proteger y promover los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España, pudiendo actuar dentro o fuera del territorio nacional.

El propio Aznar ha denunciado la gestión de una carta cuyas concesiones, asegura, no vinculan más que a Pedro Sánchez

Tras la crisis desatada por las decisiones de Sánchez, que no informó al Rey ni al Parlamento, estos hechos revisten, a juicio de la defensa jurídica, una especial relevancia, «porque en otras ocasiones, como en la relativa al espionaje del móvil del presidente, Sánchez ha apelado al carácter secreto y confidencial de tal información para no rendir cuentas públicas. Aquí no han apelado a tal carácter. Simplemente no existe informe alguno, lo que ratifica un proceder anómalo en asuntos de tanto calado».

Hace solo una semana, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, elevó el tono contra Sánchez por este asunto, en el transcurso de un foro moderado por el periodista Vicente Vallés: «Lo que no puede ser es que el presidente del Gobierno envíe una carta en francés mal traducido, una carta personal, al Rey de Marruecos, la cual no ha sido discutida en el Consejo de ministros, no ha sido discutida en el Congreso de los Diputados, cambia la política y las responsabilidades de España por 40 años y los españoles se enteran de eso gracias a la generosidad que tiene con nosotros el Rey de Marruecos de leernos la carta que (Sánchez) le ha mandado. Esa carta obliga al actual presidente, pero no al que venga».

El origen del conflicto

Aquella fue una de las decisiones más controvertidas de Pedro Sánchez, su extraño giro respecto al Sáhara. Fue Mohamed VI quien anunció que Marruecos lograba un objetivo histórico, tener un mayor control sobre la antigua colonia española, filtrando una presunta carta rubricada por Sánchez de cuyo original no existe constancia en la que España consideraba la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007 para el Sahara Occidental como «la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa».

La supuesta carta remitida desde la Moncloa a Mohamed VI, publicada primero en Marruecos, y que posteriormente se dio a conocer en España a través de una filtración a El País, sufre una nueva vuelta de tuerca tras la investigación llevada a cabo por El Debate.

Además de no cumplir con las obligaciones legales de facilitarla de forma inmediata, tal como desveló El Debate, Moncloa se ve forzada ahora a admitir una realidad que permite poner en duda la existencia misma de la carta.

Moncloa, que en un primer momento se negó a hacer entrega de la misma argumentando el peligro que ello podría suponer para las relaciones exteriores y «poner en riesgo la relación bilateral» entre los dos gobiernos, pasó a señalar que la carta «que el presidente del Gobierno envió al Rey de Marruecos es de público conocimiento», según consta en un documento de Exteriores fechado en el mes de agosto pasado, desestimado por la Resolución del Consejo de Transparencia nº216/2023 de 30 de marzo.

Esa orden obligaba a Albares, en nombre del Gobierno, a hacer entrega de la citada carta, algo que a pesar de haber sido requerido por el Consejo de Transparencia, el Gobierno ha desobedecido hasta llegar a algo parecido a una confesión final, informa Alicia Martín Villamuelas.

Esto no hace más que alimentar las sospechas que rodean a un asunto que parece ser tremendamente secreto en Moncloa y que, pese a su trascendencia geopolítica, ni siquiera se despachó formalmente con el Rey ni se llevó a debate en el Congreso, entre protestas de los propios socios de Sánchez, opuestos a los favores a Mohamed VI.

Todo ello alimenta la doble duda de si fue el propio Sánchez quien redactó la carta de forma unilateral sin el conocimiento de nadie más o de si, incluso, la misma partió desde Marruecos y posteriormente el Gobierno la hizo suya, un rumor nunca confirmado pero cada vez más probable por la incapacidad de Sánchez para mostrar el original y la confesión de su equipo sobre la inexistencia de toda prueba documental sobre la autoría, el origen y el procedimiento seguidos.

El CTBG abroncó al Gobierno por negarse a facilitar la carta filtrada a El País alegando al supuesto carácter reservado del documento

De acoger a Ghali a la crisis abierta con Argelia

En medio de este asunto extraño, cabe recordar que casi un año antes, el presidente desairó a Marruecos al permitir la entrada en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, considerado en Rabat un simple terrorista, lo que desembocó la retirada de su embajadora en Madrid y en un salto masivo a la valla de Ceuta que fue un aviso a navegantes para el Gobierno.

A partir de ahí las relaciones entre Rabat y España se tensaron, tanto que, el teléfono personal de Sánchez fue supuestamente espiado por los servicios de Inteligencia de Marruecos, según la tesis de la propia Unión Europea, nunca confirmada oficialmente pero tampoco desmentida, pero que en todo caso fue la antesala del volantazo con el Sáhara.

Así, en este juego, que incluyó un presunto espionaje, presiones migratorias y relaciones bilaterales cada vez más tensas, con el último plantón de Mohamed VI a Sánchez como traca final; la rendición y entrega del Sáhara tuvo una consecuencia más, una crisis con Argelia que pasó de ser un socio primordial de nuestro país a romper acuerdos comerciales.

Y es que nadie entiende qué pasó y porqué Sánchez acabó con una postura internacional consolidada durante varias décadas y en la que España había un consenso claro roto por Sánchez tras una vertiginosa carrera personal con tres hitos: primero acogió clandestinamente en España al enemigo público número de Marruecos; después sufrió una operación de espionaje no aclarada en su móvil personal y más tarde, sin encomendarse a nadie, renunció al Sáhara entre parabienes de Mohamed VI.

A cambio de nada, en apariencia al menos. Porque ni siquiera ha logrado el respeto de Rabat a la soberanía española en Ceuta y Melilla: hace menos de un mes, el Reino alauí tildó a ambas de «ciudades marroquíes» en una carta oficial remitida a la Unión Europea.