El Gobierno ha inyectado 14,1 millones de euros a una ONG de inmigrantes que preside la mujer del ministro Planas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado en contratos 14,1 millones de euros a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España, una ONG que se dedica a reinsertar en la sociedad a inmigrantes ilegales. Esta entidad está presidida por la mujer de Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las inyecciones de dinero público se han llevado a cabo desde cuatro ministerios sin la realización de concursos públicos. OIM, que ya recibía subvenciones con Mariano Rajoy, duplicó las ayudas estatales tras la llegada de Sánchez a la Moncloa.

El Debate desvela hoy en exclusiva los pagos a la entidad que preside María Jesús Herrera Ceballos. Los ministerios que han contratado sus servicios han sido Seguridad Social, Trabajo, Interior y Derechos Sociales. De todos ellos, el que más presupuesto ha destinado a OIM ha sido la cartera de José Luis Escrivá que, a pesar de haber firmado tan sólo dos acuerdos, ha sido la que más presupuesto le ha concedido. En total 8,5 millones de euros.

El último pago fue de 4,5 millones de euros y se formalizó el 22 de diciembre de 2022, aunque no se hizo efectivo hasta el 10 de febrero de este año. El objeto del acuerdo fue «la realización de proyectos en las áreas temáticas de reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, movilidad laboral e inclusión social». El contrato fue firmado personalmente por la mujer del ministro Planas y por Escrivá. Entre los acuerdos a los que llegaron se encuentran la promoción de la «contratación ética y la evaluación de viviendas destinadas a trabajadores migrantes» o la «potenciación del valor de las asociaciones de migrantes».

El 16 de diciembre de 2021 el Ministerio de Seguridad Social ya recurrió a OIM. En esa ocasión el pago fue de 4 millones de euros. El concepto por el que contaron a la ONG de Herrera Ceballos fue el mismo que la última vez. El tercer pago más cuantioso se llevó a cabo desde el Ministerio de Trabajo el 20 de agosto de 2019 por 3.959.623 euros. En el momento de la adjudicación la ministra que dirigía la cartera era la socialista Magdalena Valerio, hoy presidenta del Consejo de Estado.

La OIM es una organización intergubernamental fundada en 1951 y que, según sus estatutos, se ocupa de la problemática de las migraciones. La sede de la entidad está radicada en Ginebra y cuenta con oficinas repartidas por todo el mundo. Cada una de ellas tiene total autonomía de financiación. En cambio, en España no publican sus cuentas anuales, por lo que no es posible contabilizar sus ingresos y gastos.

Otro de los ministerios que también han apoyado económicamente a la ONG de la mujer del ministro Planas ha sido Interior. La suma de los tres pagos, que fueron adjudicados entre 2020 y 2022, asciende a 1,5 millones de euros. Por último, el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, de Podemos, inyectó 150.000 euros en OIM el 7 de julio de 2022 para «la realización de proyectos en las áreas temáticas de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 y migraciones».

La entidad que preside Herrera Ceballos también recibió fondos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Concretamente 6,8 millones de euros adjudicados a lo largo de siete años, cifra notablemente inferior de lo que ha recibido con Sánchez como presidente, 14,1 millones en cuatro años. El Debate se ha puesto en contacto con los cuatro ministerios que han duplicado los pagos a OIM para preguntar el motivo de este aumento. La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska remite a este periódico al Boletín Oficial del Estado (BOE) para «consultar toda la información sobre los acuerdos firmados entre el Ministerio del Interior y la OIM».

Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que «no se ha realizado ninguna aportación económica a la OIM» a pesar del contrato de 2019 que hoy revela este periódico. La cartera de Seguridad Social se mantiene en silencio y Derechos Sociales pide preguntar sobre el asunto al Portal de Transparencia. Por su parte, la ONG de la mujer del ministro Planas, tras ser preguntada por sus ingresos y gastos, ha remitido a este periódico un archivo con cuentas anuales genéricas con sede en Ginebra (Suiza).

Polémico nombramiento

La mujer del ministro Planas fue nombrada presidenta de OIM España en 2011. Su designación causó un gran malestar entre los diplomáticos españoles al ser un puesto que tradicionalmente estaba destinado para ellos. Herrera Ceballos se hizo con el puesto cuando José Luis Rodríguez Zapatero aún era presidente del Gobierno, extremo que fue señalado con enfado en una misiva que los diplomáticos remitieron al Ministerio de Exteriores.

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) envió una carta en junio de 2011 a Antonio López, en aquel momento subsecretario de Asuntos Exteriores, donde expresaban su desagrado por no haber podido concurrir a la plaza. Los diplomáticos argumentaron su descontento alegando ausencia de transparencia en el procedimiento que se llevó a cabo para el fichaje de la mujer del ministro Planas. En aquella época Planas ostentaba el puesto de Embajador Representante Permanente del Reino de España ante la Unión Europea y pesaba la sospecha de que influyó para colocar a su mujer.

Los diplomáticos denunciaron que Herrera Ceballos fue escogida a propuesta de Exteriores. También denunciaron que en ningún momento se dio publicidad a la vacante que existía para dirigir la OIM ya que, de haber sido así, los diplomáticos podían haber optado al puesto, especialmente los que cuentan con una experiencia laboral en materia de migraciones.

No es la primera vez que trasciende la intromisión de un familiar del ministro Planas en derivadas políticas. El pasado mes de abril salió a la luz que el hijo del matrimonio, Luis Planas Herrera, es desde 2017 secretario de Florika Fink-Hooijer, directora general de Medioambiente de la Comisión Europea. Esta dirigente envió un escrito a España en el que presionaba para aplicar la nueva ordenación de regadíos al Parque Nacional de Doñana, maniobra que causó enfrentamientos políticos entre el Gobierno y el presidente andaluz popular Juanma Moreno.